La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, enfrenta su primera crisis en materia de seguridad, militarización y derechos humanos luego de que un grupo de soldados asesinara a seis migrantes en Chiapas, un estado ubicado en el sur del país.
El crimen ocurrió el martes por la noche, apenas horas después de que Sheinbaum asumiera la presidencia. La versión oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es que el vehículo en el que se trasladaban 33 migrantes evadió un control militar y los efectivos creyeron escuchar disparos, por lo que respondieron activando sus armas. El saldo fue de seis personas muertas, 12 heridas y otras 17 sobrevivientes.
Pero las versiones oficiales del Ejército siempre son puestas en duda en este país, ya que en las últimas dos décadas se ha demostrado que, en las múltiples masacres que han cometido, los militares manipulan la información para hacer creer que hubo enfrentamientos, que las víctimas tenían armas, que estaban coludidas con el crimen organizado o que fue una simple confusión.
Además, la primera masacre del sexenio de Sheinbaum se concretó en medio del debate sobre la reforma de la Guardia Nacional, un cuerpo que en los últimos días del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador pasó a depender por completo del Ejército.
Una de las principales críticas a esos cambios constitucionales advirtió que la militarización solo ponía en riesgo a los ciudadanos, ya que las Fuerzas Armadas están entrenadas para matar y arrastran un largo historial de violaciones a los derechos humanos.
Por ello, en cuanto la Sedena confirmó que los militares habían matado a seis migrantes, se multiplicaron las condenas de activistas y colectivos de derechos humanos que exigieron prontas respuestas a la mandataria, quien el miércoles por la mañana no mencionó el crimen durante su primera conferencia de prensa, a pesar de que había ocurrido la noche anterior.
Reacciones
Sheinbaum calificó lo sucedido como un "hecho lamentable" que debía investigarse y sancionarse. "Los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que dispararon ya están puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, y es la Fiscalía quien tiene que hacer la investigación", detalló en su conferencia de prensa matutina
Por su parte, las oficinas de los altos comisionados de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y para los Derechos Humanos, junto con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), manifestaron su preocupación y recordaron la vulnerabilidad que padecen los migrantes.
"Las personas en movilidad están expuestas a grandes riesgos durante su trayecto, por eso es indispensable contar con vías legales de acceso, tránsito e integración para evitar tragedias como ésta", señalaron.
"¿No que ya no había ejecuciones extrajudiciales? Los militares están entrenados para matar, no para tareas de seguridad pública ni ninguna actividad civil", advirtió la escritora Ytzel Maya, quien recordó que el largo proceso de militarización en México ha demostrado que las Fuerzas Armadas no reducen la violencia.
En el mismo sentido se pronunció el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, al explicar que las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional actúan con "inercias abusivas" aunque sus mandos les ordenen respetar los derechos humanos.
"Como este triste caso muestra, en México se siguen violando (derechos humanos). Debe asegurarse investigación y sanción desde instancias civiles. Se requieren más controles externos frente a la militarización", señaló.
"Mal inicio en materia de seguridad", lamentó el periodista Enrique Hernández, en tanto que el sociólogo Alejandro Cifuentes explicó que "las desviaciones en la conducta militar siempre se vinculan con contextos de permisividad institucional. El adoctrinamiento y el adiestramiento que reciben los soldados es para matar, no para salvaguardar DD.HH".