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El Gobierno islandés condena la solicitud de EE. UU. a Twitter

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El Gobierno de Islandia ha condenado la polémica solicitud que había presentado el Departamento de Justicia de EE. UU. a la red social Twitter. En su reclamo el Departamento exigía al portal que le entregara toda la información confidencial sobre Brigitta Jonsdottir, diputada del Parlamento islan

El Gobierno de Islandia ha condenado la polémica solicitud que había presentado el Departamento de Justicia de EE. UU. a la red social Twitter. En su reclamo el Departamento exigía al portal que le entregara toda la información confidencial sobre Brigitta Jonsdottir, diputada del Parlamento islandés y miembro del partido El Movimiento Islandés, que hasta hace un año era voluntaria del portal WikiLeaks.

El ministro de Relaciones Exteriores de Islandia, Ossur Skarphedinsson, manifestó que en las próximas horas llamará a consultas al embajador de Estados Unidos en Reikiavik, Luis Arreaga, a quien comunicará que "reclamos similares son inaceptables".

Previamente Brigitta Jonsdottir, que ayudó a la página WikiLeaks en la producción del controvertido vídeo que mostraba a soldados estadounidenses disparando a civiles iraquíes desde un helicóptero Apache, comunicó en su cuenta de Twitter que el "Gobierno estadounidense le está dando señales" y que quiere algo más que unos simples 'tweets'. Advirtió que iba a iniciar un proceso legal para impedir que el servicio de 'microblogging' le entregue los datos al Departamento de Justicia.

Las redes sociales como Twitter o Facebook se comprometen a proteger los datos personales de sus usuarios. Supuestamente, ninguno de los números telefónicos o de tarjetas bancarias, direcciones ni mensajes privados puede ser difundido o entregado a terceros. Sin embargo, el Gobierno estadounidense parece no tener intenciones de ceder: exige todos los detalles sobre cualquier persona ligada con la página WikiLeaks y con su fundador, Julian Assange.

Según datos de la cadena británica BBC, en la comparecencia presentada a Twitter se señala que la información solicitada es necesaria para llevar a cabo una investigación judicial. Es decir, la situación actual en torno a Twitter muestra la disposición de la Administración estadounidense a abrir un proceso penal contra Julian Assange y otros voluntarios de la organización.

Por su parte, los representantes de WikiLeaks exigen a otras redes sociales y a la compañía Google que les informen si han recibido solicitudes similares de la Justicia estadounidense. Por el momento, no ha habido respuesta alguna de estas empresas.

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