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Presentan 'clones' de la ley de Arizona en otros estados de EE. UU.

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Crece el número de estados que aplican duras medidas contra los indocumentados en Estados Unidos. Los gobiernos de varios estados del oeste de Estados Unidos han presentado proyectos similares a la controvertida ley SB1070 de Arizona, que autoriza a los funcionarios de policía a pedir la document

Crece el número de estados que aplican duras medidas contra los indocumentados en Estados Unidos. Los gobiernos de varios estados del oeste de Estados Unidos han presentado proyectos similares a la controvertida ley SB1070 de Arizona, que autoriza a los funcionarios de policía a pedir la documentación a cualquier persona que les parezca sospechosa, entre otras normas.

El representante estatal de Wyoming, Peter Illoway, ha dado a conocer un proyecto calificado por él mismo como "el clon" de la SB1070. Entre otras disposiciones, Illoway propone que los empleados públicos verifiquen la situación migratoria de cada persona que solicite servicios o beneficios. Además, obliga a los inmigrantes a llevar consigo los documentos correspondientes en todo momento y convierte en crimen estatal contratar o transportar a los indocumentados.

En el Estado de Colorado se ha presentado un proyecto igual al de Arizona. El senador estatal Kent Lambert ha señalado que si se aprueba dicha ley, su implementación será aplazada hasta que se resuelva el caso de la ley de Arizona, que está siendo indagado por la justicia federal. Para evitar que se postergue demasiado, los republicanos del Estado han ofrecido otras leyes que contienen elementos de la inicial SB1070, como la obligación de mostrar una identidad válida para acceder a diferentes servicios públicos.

El Estado de Nebraska, a su vez, está considerando la norma LB48, que autoriza a la policía local a cuestionar a cualquier interrogado sobre su estatus si hay sospechas de que se trata de un indocumentado. Asimismo, la ley obliga a todos los inmigrantes a llevar sus documentos de identidad para mostrar que se encuentran legalmente en EE. UU. Uno de los puntos más polémicos de la norma presentada es que el hecho de ayudar o invitar a inmigrantes ilegales, aunque que se haga sin saber, se convierte en un delito. Para evitar que la ley tenga los mismos problemas legales que la normativa de Arizona, el senador estatal Charlie Janssen está realizando consultas con el fiscal general de Nebraska.

En Utah también se están discutiendo las propuestas migratorias. Una de ellas fue elaborada por el senador Stephen Sandstrom y se basa en la ley de Arizona. Según explicó su impulsor, intenta reducir los robos de identidad por parte de los indocumentados. Otra proyecto es el de la senadora Luz Robles, que ofrece que los inmigrantes ilegales que ya residen en el Estado puedan acceder a ciertos trabajos si no tienen antecedentes criminales, hablan inglés y pagan impuestos.

La comunidad hispana en Estados Unidos ya ha comenzado a sentir los efectos de una nueva medición de fuerzas entre los demócratas y los republicanos en el país. A pesar de que un tribunal federal de EE. UU. suspendió los puntos clave de la ley de Arizona, cada vez más estados norteamericanos intentan proponer proyectos de ley similares para hacer frente a la inmigración de indocumentados. En el año 2011 se prevén debates sobre la aplicación de leyes que endurezcan significativamente la posición de los inmigrantes ilegales en el territorio estadounidense en más de 20 estados. Y, con la mayoría republicana en las cámaras legislativas, esos nuevos reglamentos tienen toda la posibilidad de entrar en el poder. La posición de los indocumentados pronto puede verse gravemente empeorada en Georgia, Mississippi, Texas, Nebraska, Oklahoma, Pensilvania, Carolina del Sur, Florida y Virginia, entre otros estados, donde se están preparando o ya están preparados los documentos que potencialmente llevarán a múltiples deportaciones de inmigrantes ilegales que ahora viven en la nación. Los impulsores de estas normativas apuntan que con la elaboración de estos proyectos tratan de llamar la atención del Gobierno federal hacia la necesidad de reforzar las leyes migratorias.

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