España: la Corte Suprema no cesa el proceso por prevaricación contra el juez Garzón
El Tribunal Supremo de España ha desestimado este martes la petición de cerrar el caso del juez Baltasar Garzón por prevaricación por haberse declarado competente para investigar los crímenes del franquismo.
"La acción popular no está legitimada"
El abogado del magistrado y el fiscal pidieron el sobreseimiento de la causa al considerar que todas las actuaciones que han llevado al juez al banquillo han vulnerado la legalidad, además de sostener que la acusación popular carece de legitimidad.
Por su parte, el juez Garzón se negó a contestar a las preguntas de la acusación, que presentó una querella en su contra al reanudarse ante el Tribunal Supremo en Madrid el juicio. "No voy a contestar a las preguntas de la acción popular al considerar que no está legitimada para estar en esta sala ejerciendo la acusación", dijo. Garzón solo se declaró dispuesto a contestar a las preguntas de la defensa y de la Fiscalía.
El célebre magistrado español, que se hizo famoso internacionalmente tras ordenar en 1998 la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet, está acusado de prevaricación que le imputan dos organizaciones ultraderechistas, Manos Limpias y Libertad e Identidad, cometida presuntamente al investigar los delitos que se perpetraron durante la dictadura del 'caudillo' y al abrir una investigación pese a la Ley de Amnistía aprobada en España en 1977 durante la transición a la democracia, por lo que se enfrenta a una petición de 20 años de inhabilitación.
"En Argentina hay un respaldo a Garzón"
Mientras tanto, las muestras de apoyo al magistrado que han seguido este martes -así como el lunes pasado- en España, también se han sucedido en Argentina. En Buenos Aires, frente a la sede de los tribunales, organismos humanitarios de Argentina y familiares de víctimas del franquismo expresaron públicamente su rechazo al proceso judicial abierto en Madrid y su apoyo al magistrado español que ha investigado delitos de represión cometidos por la dictadura argentina (1976-1983).
Representantes de varias organizaciones de defensa de los derechos humanos, muchos actores y políticos han leído una proclama de respaldo a Garzón y han asegurado que ningún responsable de los 40 años de dictadura en España pagó jamás precio alguno por sus actos.
Según el texto, escrito por el abogado argentino Carlos Slepoy, "los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo pueden y deben ser juzgados". "Con este manifiesto queremos que se sepa en España que en Argentina hay un respaldo a Garzón y a que se sigan investigando estos crímenes, que los consideramos de lesa humanidad".