La agencia Fitch rebajó a finales de marzo la calificación crediticia de Puerto Rico hasta la nota 'B', un nivel basura cinco puntos por debajo del umbral recomendable de inversión. En un informe de febrero, otra agencia clave de calificación crediticia, Moody's, advertía de que hay una alta probabilidad de que dentro de dos años la isla llegue a la situación de impago sobre valores.
"Va a ser el impago más grave que hayamos visto jamás", dijo Marilyn Cohen, consejera delegada de Envision Capital, a la agencia Bloomberg. Las arcas de Puerto Rico están prácticamente vacías: su deuda supera los 70.000 millones de dólares, calcula 'The Wall Street Journal'.
Pero eso no es todo. La creciente deuda de la mancomunidad "puede requerir una reestructuración más afín a Grecia que a una ciudad con problemas como Detroit", denuncia el rotativo. Pero el problema clave es el estatus legal del territorio.
Puerto Rico, que lucha contra el descenso demográfico y un alto índice de desempleo, no es formalmente ni un estado de EE.UU. ni una nación soberana. Su particular estatus no le permite optar a los fondos de rescate del Fondo Monetario Internacional (FMI), y además lo excluye del 'Capítulo 9', parte del Código de Bancarrota de EE.UU., que asiste a los municipios del país en la reestructuración de sus deudas, explica 'The Wall Street Journal'.
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