Altos funcionarios de una docena de países han firmado este jueves el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, en inglés) en la ciudad neozelandesa de Auckland, informan medios.
Este acuerdo, que pretende establecer la mayor zona mundial de libre comercio y representa alrededor del 40% del PIB del mundo, fue rubricado por ministros y representantes de Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Perú, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam.
El convenio entrará en vigor en cuanto sea ratificado por los Parlamentos de todos los Estados que conforman el bloque. Se prevé que este proceso durará aproximadamente dos años.
La firma del controvertido acuerdo estuvo marcada por protestas que reflejaron la indignación popular. Centenares de personas mostraron su descontento concentrándose en las calles aledañas al hotel Auckland City, lugar donde se firmó el documento.
Officer hauling protestor by her hair off motorway at cook street pic.twitter.com/Zp1758RFa2— Lisa Owen (@lisaowennz) 3 февраля 2016
Huge turnout for TPP signing protest pic.twitter.com/9je5ics7UN— Janika ter Ellen (@janikaterellen) 3 февраля 2016
¿Qué amenazas supone este acuerdo?
Numerosos expertos no dejan de advertir de las graves consecuencias económicas, políticas y sociales que podría acarrear la aprobación de este acuerdo al afectar a la libertad de expresión de los ciudadanos y al derecho de naciones soberanas a desarrollar políticas y leyes que respondan a sus prioridades nacionales.
Un documento descubierto a finales de Julio pasado por WikiLeaks reveló que el acuerdo no parece entrañar nada bueno. De forma concreta, esta señala que el TPP fue diseñado para favorecer a las grandes corporaciones transnacionales y además permitiría a las mismas demandar a los gobiernos y solicitar millonarias indemnizaciones a cuenta de los contribuyentes.
Además, a diferencia de lo prometido por la Administración Obama, el acuerdo refuerza y amplía el sistema legal de solución de controversias inversor–Estado (ISDS, por sus siglas en inglés) y eleva a las empresas de capital extranjero a la misma categoría que los gobiernos soberanos. A tenor de esto, la senadora estadounidense Elizabeth Warren sostiene que "si la versión final del acuerdo sobre el TPP incluye al ISDS, los únicos ganadores serán las corporaciones multinacionales".
Según Lori Wallach, una de los líderes del grupo estadounidense Public Citizen para la defensa del derecho del consumidor, otro punto preocupante del tratado es la creación de un tribunal secreto en el que las empresas podrán demandar a los gobiernos ante paneles de arbitraje secretos integrados por abogados corporativos que evitan los tribunales nacionales y anulan la voluntad de los parlamentos en caso de no conseguir lo que quieren. Según la activista, esta medida destruirá por completo la legislación y pondrá en peligro los derechos fundamentales que habitualmente proporcionan los Estados democráticos.