Un Ecuador desafiante busca soluciones en el caso de Assange

Hace dos años, una de las figuras más polémicas de la era del ciberespacio llegó a la puerta de la Embajada del Ecuador en Londres. A punto de perder una apelación en los tribunales británicos que podría abrir la posibilidad real de su extradición a Suecia y, después, a los Estados Unidos, donde un gran jurado secreto se había reunido para imputarlo, Julian Assange se refugió en el modesto espacio de la Embajada de Ecuador. Durante los dos meses siguientes, el Gobierno ecuatoriano estudiosamente revisó su caso, llamando a expertos para discutir y debatir los deberes y riesgos que Ecuador enfrentaría con la concesión de asilo a Assange.

El 16 de agosto de 2012, el ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Ricardo Patiño, anunció que su país otorgaría a Assange asilo diplomático, un concepto consagrado en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, también conocida como la Convención de Caracas. El Gobierno británico se negó a reconocer este estatus y en un principio amenazó con violar la soberanía de Ecuador, casi entrando en la Embajada para arrestar a Assange. Después de fuertes protestas por parte del Gobierno ecuatoriano y desde América Latina, Inglaterra se abstuvo de provocar un escándalo internacional al forzar la entrada en la Embajada, y en su lugar optó por mantener una presencia policial prominente que rodeaba el edificio, impidiendo la salida de Assange.

Dos años más tarde, el caso Assange se encuentra en un punto estancado. A pesar de los esfuerzos de su equipo legal para poner fin a la persecución sin fundamento contra él desde Suecia, donde no hay cargos formales materializados, una solicitud de extradición sigue vigente para llevarlo a Estocolmo e "interrogarlo". El Gobierno británico ha dejado claro que extraditaría a Assange a Suecia si lo pueden detener. Aunque ninguna solicitud de extradición pública se ha emitido desde los Estados Unidos a Suecia para Assange, existen pruebas suficientes para demostrar que un gran jurado ya pudo haber imputado a Assange en un tribunal de Estados Unidos por cargos, incluyendo espionaje y ayuda al enemigo, que podrían resultar en su encarcelamiento a largo plazo. Este temor bien fundado de persecución política ha reforzado la decisión de Ecuador de mantener su asilo político.

En 2013, cuando el canciller Patiño visitó a Assange en la Embajada en el primer aniversario de su llegada, Ecuador inició un esfuerzo para crear un grupo de trabajo bilateral con el Gobierno británico para encontrar una solución a la situación. Hasta la fecha, el grupo no ha tenido ningún avance concreto e Inglaterra se ha negado a discutir el asunto. Recientemente, durante la segunda visita del canciller Patiño para ver a Assange el 16 de agosto de 2014, la Oficina Británica de Relaciones Exteriores emitió un comunicado diciendo que estaban "comprometidos a encontrar una solución", sin embargo, solo de acuerdo a su visión de los resultados: "Seguimos tan comprometidos como nunca para llegar a una solución diplomática a esta situación. Tenemos claro que nuestras leyes deben respetarse y el señor Assange debería ser extraditado a Suecia. Como siempre, pedimos a Ecuador que ayude a poner fin a esta difícil y costosa situación". Entre otras palabras, el Gobierno británico no ve otra solución aparte de la extradición de Assange. Su posición firme y rígida no deja ninguna oportunidad para la diplomacia o una resolución creativa, que es lo que se necesita en este caso.

El Gobierno ecuatoriano ha reiterado su apoyo a Assange y ha dejado claro que su país está obligado bajo el derecho internacional a mantener su asilo. Como el canciller Patiño ha afirmado, no existe una política de devolución para los asilados que todavía están sometidos a las mismas condiciones que cuando se concedió el asilo. La persecución se mantiene, y aún no hay cargos contra Assange. Ecuador, un pequeño país de 15 millones de habitantes con el banano y hermosas rosas como sus principales productos de exportación, se ha mantenido desafiante frente a la presión de Inglaterra, Suecia y su mayor aliado, Estados Unidos.

Dos años encerrados en la Embajada de Ecuador, un piso estrecho con pocas habitaciones, han pasado factura a Julian Assange. Mientras él continúa trabajando desde su pequeño espacio dentro de la Embajada, y su organización WikiLeaks no ha cesado de publicar documentos importantes que exponen los abusos y actos ilegales de intereses poderosos, la falta de luz solar, aire fresco y ejercicio regular han disminuido de forma evidente su calidad de vida y han afectado su salud. A pesar de su encierro y la separación de los amigos cercanos y la familia, su espíritu sigue en alto, como fue evidente durante la visita con el ministro Patiño, y él es optimista sobre los cambios de una ley en el Reino Unido que podrían conducir a su libertad.

Conocido dentro de los círculos políticos como 'Ley Assange', la enmienda se hizo a principios de 2014 a la Ley de Extradición de 2003 en el Parlamento británico. Como resultado del descontento y malestar por el limbo legal en el cual ha estado Julian en los últimos cuatro años -incluso dos años antes de recibir asilo diplomático en la Embajada de Ecuador, Assange había estado en arresto domiciliario en Inglaterra, pendiente de una posible extradición a Suecia-, varios parlamentarios británicos comenzaron a debatir un cambio sustantivo en la ley que impediría que una futura situación así le ocurriera a alguien más.

La modificación se incluye en la Ley de Comportamiento Antisocial, Crimen y Vigilancia de 2014 (no es el nombre más amistoso), en el Capítulo 12, Parte 12. Se establece específicamente que "la extradición está prohibida si una decisión para acusar o imputar no se ha hecho desde el territorio solicitante", como en el caso de Assange. Si el país que solicita la extradición aún no ha acusado o decidido enjuiciar formalmente al individuo solicitado, entonces el Reino Unido no lo podría extraditar. Así es exactamente el caso de Julian Assange. La Fiscalía sueca no ha decidido juzgarlo todavía ni siquiera lo ha imputado ni hay cargos en su contra. La solicitud de extradición actual está solamente basada en el deseo de "preguntar" a Assange sobre ciertas alegaciones del las cuales puede o no puede estar involucrado.

En los debates parlamentarios en la Cámara de los Comunes que condujeron a la aprobación de la enmienda sobre extradición, se hicieron referencias específicas al caso de Assange. Según los parlamentarios, con la nueva cláusula, que modifica la Ley de Extradición de 2003, "se busca garantizar que las personas no sean extraditadas, cuando no es cierto que serán imputadas, de manera que no se queden en una prisión durante meses". También se hizo referencia al caso de un ciudadano británico, Andrew Symeou, quien fue extraditado a Grecia para ser interrogado y permaneció en condiciones inhumanas de reclusión por más de 10 meses sin cargos en su contra. En el caso de Julian Assange, el debate llegó a la conclusión: "Donde no se toma una decisión de imputar y enjuiciar, la extradición no puede tener lugar. La gente no se quedará en el limbo... ".

El equipo legal de Julian tendrá que formular un argumento ante la corte británica para que se aplique esta ley en su caso, ya que en la actualidad no parece ser retroactiva. Pero no se puede negar que este cambio en la ley hubiese impedido la extradición de Assange a Suecia si hubiera existido previamente. El ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador hizo referencia a la ley modificada como una posible apertura al diálogo con el Gobierno del Reino Unido. Ecuador también ha ofrecido a las autoridades suecas sus instalaciones diplomáticas para que realicen las investigaciones relevantes con Assange dentro de la Embajada, o por videoconferencia. Hasta la fecha, no han tenido respuesta. Parece que los únicos interesados en buscar una solución a esta situación son el Gobierno de Ecuador y Julian Assange. Los británicos y los suecos han hecho todo lo posible para obstaculizar el caso.

El canciller Patiño ha declarado anteriormente que Ecuador podría llevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya o las Naciones Unidas. Los atentados contra la soberanía de Ecuador, el hecho de no reconocer el asilo concedido a Julian Assange y la negativa a proporcionar el salvoconducto hacia territorio ecuatoriano son violaciones del derecho internacional. También han sido afectados los derechos humanos de Julian. La incapacidad para disfrutar plenamente de su derecho al asilo y las condiciones de confinamiento a las cuales ha sido sometido durante dos años, bajo amenaza de arresto por las autoridades británicas justo afuera de las puertas y ventanas de la Embajada, ha sido un castigo cruel e inhumano. Si él experimenta una emergencia médica y necesita atención hospitalaria, el Gobierno británico ya ha dejado claro que sería arrestado.

Julian Assange y Ecuador han desafiado a los intereses más poderosos del mundo, a pesar de los peligros, amenazas y consecuencias de sus acciones. El canciller Ricardo Patiño y el presidente Rafael Correa han dejado claro que Ecuador se mantendrá firme en su decisión de conceder asilo a Assange en virtud del derecho internacional, y no van a ceder a la presión y la intimidación de nadie. El caso Assange va más allá del simple asilo político. Es un asunto de principios en un momento en que la información y el secretismo se han vuelto cada vez más las herramientas de los más poderosos. Se debe hacer justicia para aquellos que han sacrificado sus libertades para alertarnos sobre estos peligros.