Empeñado en impulsar el crecimiento de la economía mexicana a través del mismo plan aplicado desde hace más de 3 décadas, el Gobierno de Enrique Peña Nieto decidió apostar por la privatización del petróleo.
En diciembre de 2013, con el apoyo mayoritario de los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el partido en el Gobierno, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), sacó adelante los cambios a la Constitución (artículos 25, 27 y 28) para de esta manera, permitir la participación de empresas privadas en la industria petrolera.
De acuerdo con el diagnóstico de los economistas de la ortodoxia, para incrementar la productividad laboral, generar empleos de calidad, impulsar la modernización tecnológica e incrementar la competitividad del sector, únicamente bastaba con llevar a Petróleos Mexicanos (Pemex) y sus actividades a un punto de venta, es decir, eliminar las barreras legales que mantuvieron el monopolio del Estado sobre los hidrocarburos desde 1938.
Según las estimaciones del Gobierno mexicano, el proceso de apertura detonaría un enorme cúmulo de inversiones venidas desde el exterior que apuntalarían, finalmente, el desarrollo económico gracias a la solidez institucional y la estabilidad macroeconómica del país.
Sin embargo, el último año puso de manifiesto que México no tiene instituciones sólidas ni estabilidad macroeconómica. Por un lado, es evidente que el narcotráfico se salió de control, más todavía después de que Joaquín Guzmán Loera (conocido como “El Chapo Guzmán”, el líder del Cártel de Sinaloa) logró escapar del penal del Altiplano. La inseguridad aumenta y el crimen organizado no encuentra obstáculos a su paso, consecuencia tanto de la corrupción como de los pactos de impunidad que se han extendido en todos los niveles del Gobierno.
Por otro lado, la economía se encuentra en el borde del abismo. Según la actualización más reciente del Fondo Monetario Internacional (FMI), en 2015 la economía mexicana registrará un débil crecimiento de 2.4%. Aunque el Banco de México tiene por objetivo proteger la estabilidad del tipo de cambio, el peso mexicano se ha depreciado severamente ante la divisa estadounidense. El tipo de cambio se encuentra en la actualidad en 16.40 pesos por dólar, mientras que a principios de año se mantuvo entre 14 y 15. Las reservas internacionales del Banco de México se desvanecen a medida que el Sistema de la Reserva Federal (Fed) parece dispuesto a incrementar la tasa de interés de referencia (‘federal funds rate’) el próximo mes de septiembre.
En ese sentido, no existía ninguna señal que revelara fortaleza en el aparato del Estado y la economía como para prever que la primera etapa de licitaciones de la Ronda Uno sería exitosa. Las inversiones masivas en el sector petrolero brillaron por su ausencia.
Aunque a principios de año la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) tenía puestas sus esperanzas en que gigantes de la energía como ExxonMobil, Chevron, British Petroleum y Shell acudirían a presentar numerosas propuestas de inversión, ninguna de ellas hizo valer su poder económico el miércoles 15 de julio.
De un total de 14 bloques petroleros subastados (localizados en las provincias de Cuenca Salinas y Macuspana, en el sureste de México), sólo 2 se lograron asignar. El titular de la Secretaría de Energía (Sener), Pedro Joaquín Coldwell, contempló que la subasta obtendría un porcentaje de éxito de entre 30 y 50%, sin embargo apenas registró un débil 14%.
La empresa Sierra Oil & Gas se hizo de los bloques 2 y 7 de aguas someras, mismos que tienen un potencial de 605 millones de barriles. Las inversiones requeridas para los próximos 5 años se calculan en torno a los 2,500 millones de dólares.
Contrariamente a lo que se divulga en la prensa de circulación nacional, la empresa Sierra Oil & Gas no es de propiedad mexicana. A cargo del venezolano Iván Sandrea (exejecutivo de British Petroleum y exasesor de Citigroup y Merrill Lynch), Sierra Oil & Gas no tiene experiencia en la actividad petrolera, por eso no participó en solitario en la Ronda Uno, sino en consorcio con la estadounidense Talos Energy y la británica Premier Oil (las 3 empresas cuentan con 1,000 millones de dólares para desarrollar proyectos de exploración y producción petrolera).
Los fondos de inversión de Nueva York son los principales proveedores de financiamiento de Sierra Oil & Gas. El año pasado, 3 fondos de inversión de capital estadounidense y uno mexicano invirtieron alrededor de 530 millones de dólares en la compañía.
Se trata de EnCap Investments, Riverstone Holdings, Riverstone Energy e Infraestructura Institucional, esta última era la única empresa mexicana involucrada hasta que el fondo de inversión más grande del mundo, BlackRock (gestiona una cartera de activos que supera los 4.5 billones de dólares), se animó a comprarla. Riverstone por su parte, está asociada con el Grupo Carlyle, presuntamente propiedad de la familia del expresidente George W. Bush.
Las operaciones de Riverstone y el Grupo Carlyle distan mucho de ser limpias y transparentes. En Estados Unidos ambas empresas han sido objeto de numerosas acusaciones en los últimos años por realizar sobornos y pagos fraudulentos utilizando el dinero de los pensionados de Nueva York.
Si bien en la primera etapa de licitaciones las empresas globales de la energía no concesionaron ninguno de los bloques petroleros, eso no implica que el petróleo del Golfo de México carezca de importancia. Los meses que vienen los bloques de aguas profundas se van a añadir a las subastas, aquéllos que presumiblemente poseen una de las mayores reservas petroleras del mundo.
Toda vez que el precio de la mezcla mexicana de petróleo se mantiene en niveles mínimos, aproximadamente en 50 dólares por barril, las empresas estadounidenses esperan el momento indicado para que el Gobierno mexicano se vea obligado a disminuir sus exigencias en las subastas. Salieron de los rascacielos de Nueva York, ahora sobrevuelan ya el Golfo de México, los zopilotes de Wall Street están listos para capturar a su presa, el petróleo…