De cara a la profundización de la recesión mundial, es urgente que los mandatarios de América del Sur pongan todas sus energías en la construcción de instituciones de crédito propias y el uso de instrumentos de cooperación financiera orientados a debilitar la influencia del dólar en la región. Toda vez que el Gobierno de Estados Unidos busca imponer por todos los medios posibles su dominación económica en la región, para los países sudamericanos se ha vuelto indispensable conquistar autonomía política frente a las instituciones tradicionales de crédito.
El modus operandi del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es ya bastante conocido: la utilización de la deuda como un mecanismo de presión contra los pueblos hundidos en la insolvencia; la imposición de medidas económicas draconianas (disminución de los gastos sociales, recortes de los salarios, privatización de las empresas estatales de carácter estratégico, etc.); la asistencia financiera sin límites a Gobiernos surgidos de un golpe de Estado pero avalados por la Casa Blanca (como ocurrió en Chile a mediados de la década de 1970); etc. Por esas y muchas otras razones es necesario fortalecer los cimientos de la arquitectura financiera sudamericana.
En primer lugar, se requiere de una Unidad Monetaria Sudamericana (UMS). La UMS no es una “moneda común” como el euro, sino una canasta de referencia conformada por un conjunto de monedas (como los Derechos Especiales de Giro del FMI). En definitiva, la UMS es una referencia que goza de mayor estabilidad que el dólar, tanto para la emisión de bonos como para la comparación de precios dentro de la región. En paralelo, se debe promover que los intercambios comerciales se facturen en monedas nacionales.
Desde 2008 Argentina y Brasil pusieron en marcha el Sistema de Pagos en Monedas Locales (SML). Y en octubre de 2015, Paraguay y Uruguay implementaron un mecanismo de pagos análogo. Gracias a ello se ha evitado pasar por el dólar y los costos de transacción se han visto reducidos considerablemente entre las empresas de ambas partes. Ahora solamente falta involucrar a Bolivia y Venezuela para, de esta manera, incentivar la “desdolarización” entre todos los países que integran el Mercado Común del Sur (MERCOSUR).
En segundo lugar, los países de América del Sur están necesitados de un poderoso fondo de estabilización monetario capaz de proteger sus balanzas de pagos de las violentas fluctuaciones del dólar, más todavía luego de que el Sistema de la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos elevó la tasa de interés de los fondos federales (‘federal funds rate’) en diciembre del año pasado. A lo largo de 2002 y 2009 el auge de los precios de las materias primas (‘commodities’) favoreció la acumulación masiva de reservas internacionales, y sin embargo, América del Sur siguió financiando a los países industrializados.
Una buena parte de los miles de millones de dólares que la región sudamericana ahorró durante los últimos años se fue a invertir en bonos del Tesoro de Estados Unidos, en lugar de canalizarse a actividades productivas mediante un Fondo del Sur de gran potencia. En estos momentos el único fondo de estabilización que existe en la región es el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR), lanzado originalmente por la Comunidad Andina en 1978 bajo el nombre de Fondo Andino de Reservas, y actualmente conformado por Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
Sin embargo, los recursos a disposición del FLAR son insuficientes para contener estampidas de capitales en coyunturas críticas: su capital suscrito es de apenas 3.609 millones de dólares, un monto que representa menos de un 15% de las reservas almacenadas por el Banco Central de Bolivia. El mercado mundial de crédito se ha vuelto demasiado volátil. Tan sólo en 2015 se fugaron más de 98.000 millones de dólares de inversiones financieras de los países emergentes, según las estimaciones del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés).
Por lo tanto, es urgente poner manos a la obra ante esta peligrosa vulnerabilidad. Los países del MERCOSUR necesitan un fondo de estabilización propio que, dado el alto grado de integración financiera de Brasil con el resto del mundo, cuente con por lo menos 100.000 millones de dólares de capital suscrito, que es el volumen de recursos con el que comenzará a funcionar el Acuerdo de Reservas de Contingencia del BRICS (acrónimo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).
Y en tercer lugar, los países sudamericanos deben sacar el Banco del Sur del atasco burocrático en que se encuentra para que emita por fin sus primeros préstamos. Los detalles técnicos están prácticamente listos: el capital inicial será de 7.000 millones de dólares y el capital autorizado de 20.000 millones de dólares; la sede principal estará en Venezuela; Argentina y Bolivia acogerán otras dos sucursales. Con todo, su puesta en funcionamiento se ha postergado una y otra vez, tanto así que después de más de ocho años de haberse firmado su acta fundacional en la ciudad de Buenos Aires, el Banco del Sur aún no consigue abrir sus puertas.
Es que existen poderosos intereses económicos que obstaculizan quebrar con el statu quo, tanto dentro como fuera de la región. Aunque en un primer momento se contempló que el Banco del Sur iba a aglutinar a todos los países de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), esto parece imposible; Surinam y Guyana no tienen interés, mientras que Chile, Colombia y Perú están obcecados en respaldar los proyectos de integración impulsados por Washington, tanto la Alianza del Pacífico como el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés).
En consecuencia, los miembros del Banco del Sur han quedado reducidos a los países del MERCOSUR más Ecuador. Por otra parte, las resistencias dentro del bloque vienen sobre todo de Itamaraty, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. En América del Sur la influencia del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES, por sus siglas en portugués) de Brasil es aplastante, a tal grado que en varios años ha conseguido superar los montos de crédito provistos por el FMI, el Banco Mundial y el BID.
El BNDES no tiene interés en hacer avanzar la integración latinoamericana, en realidad su misión es garantizar el suministro de materias primas (‘commodities’) a las empresas brasileñas. Los recursos del BNDES están orientados a megaproyectos que reproducen la dependencia primario-exportadora de los países sudamericanos, como la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional (IIRSA), una red de carreteras de dimensiones continentales que únicamente beneficiará a un puñado de corporaciones.
En contraste, el dinero del Banco del Sur no se dirigirá únicamente a obras de infraestructura, sino que también estará orientado a un amplio abanico de programas de inversión vinculados con la educación, la salud, la vivienda, etc. El Banco del Sur desechará por completo los criterios del “Consenso de Washington” que tanta miseria trajeron a Nuestra América; otorgará préstamos a tasas de interés muy bajas, pues su objetivo es impulsar el desarrollo económico integral de los pueblos.
Es indudable, el Banco del Sur constituye una gran esperanza en tiempos de crisis. Por un lado, servirá como un poderoso mecanismo de alivio económico para los países de América del Sur que son víctimas de severas contracciones. Por otro lado, será un soporte decisivo para financiar las metas más ambiciosas de la integración sudamericana: proyectos científicos y tecnológicos conjuntos, una red de ferrocarriles, y otra energética, etc.
En conclusión, los Gobiernos sudamericanos necesitan tomar medidas concretas que pongan un alto a la restauración conservadora que está en curso, de lo contrario precipitarán su debacle. Es evidente que el Gobierno de Brasil tiene la mayor responsabilidad de salvaguardar la soberanía continental. De los altos funcionarios de Itamaraty dependerá en última instancia romper la parálisis del Banco del Sur...