Todavía acosado por el escándalo de las vacunas VIP, el presidente argentino Alberto Fernández aprovechó su discurso anual en la apertura de la Asamblea Legislativa para marcar una agenda propia cuando faltan sólo ocho meses para los comicios legislativos que redefinirán el Congreso que lo acompañará hasta el fin de su mandato en 2023.
Es un año estratégico, sobre todo si se toma en cuenta que el peronismo intentará frenar la sucesión de fracasos que acumula en las elecciones intermedias. La última vez que ganó en las últimas dos décadas fue en 2005, de la mano del Frente para la Victoria, el partido creado entonces por Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
En los comicios legislativos de 2009 y 2013, el kirchnerismo sufrió duras derrotas que se consolidaron en 2015, con el triunfo del conservador Mauricio Macri en las presidenciales. En 2017, su nueva alianza Unidad Ciudadana no le alcanzó a Fernández de Kirchner para vencer al macrismo. Se postuló al Senado en representación de la provincia de Buenos Aires, pero quedó en un inesperado segundo lugar.
Cada uno de estos resultados alimentó el exitismo de la oposición política, empresarial y mediática que vaticinó una y otra vez el fin del kirchnerismo, del peronismo, de Fernández de Kirchner.
Siempre se equivocaron. Tanto que, a fuerza de los votos obtenidos en 2019, la expresidenta es hoy vicepresidenta y por eso el lunes estuvo sentada al lado de Fernández, a ratos seria, o sonriente, o incluso tranquilizándolo ante las agresivas interrupciones opositoras.
Por eso hoy es imposible vaticinar qué pasará el 24 de octubre, cuando se renueven 127 de las 257 bancas en Diputados y 24 de las 72 en el Senado. Argentina, lo sabemos bien quienes vivimos aquí, es impredecible, y la mayoría de los escenarios que se anticipan, en realidad, suelen ser meras expresiones de deseo de quienes los describen.
La deuda maldita
Lo que sí queda claro después del mensaje presidencial es que Fernández tomó el timón para confrontar de manera directa con su antecesor.
Ni Macri ni casi nadie sabía que el presidente anunciaría el inicio de una causa penal para investigar qué pasó con los 44.000 millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le prestó a Argentina en 2018 y que, así como llegaron, se fueron del país. Más bien, se los llevaron.
La justificación del macrismo, y que repitieron estos días exfuncionarios del gabinete económico, es que dos de cada tres dólares de ese monto se usaron para pagar intereses de la deuda que había dejado el kirchnerismo, aunque los datos oficiales indican que cuando Macri comenzó a gobernar, la deuda representaba el 53 % del PIB. Al irse, ya había escalado hasta el 89 %.
Desde el oficialismo, en cambio, acusan que la plata del Fondo en realidad sirvió para beneficiar a "amigos de Macri" que la fugaron. Un informe del Banco Central ya reveló que desde que llegó el préstamo y hasta que terminó el gobierno macrista, salieron del país divisas por 45.000 millones de dólares, es decir, casi el mismo monto de lo que, en ese lapso, había enviado el organismo internacional.
Quiénes y cómo usaron esos recursos lo tendrán que develar los jueces que queden a cargo de una investigación que ya tiene antecedentes, porque el préstamo del FMI, que ha sido el mayor que ha otorgado en toda su historia, generó dudas desde el principio y ya hay una causa iniciada en tribunales. El monto global ascendía a la cifra récord de 57.000 millones de dólares, pero el incumplimiento de los compromisos contraídos por el macrismo (que, para no reconocer que estaba en cesación de pagos, lo bautizó con el eufemismo de 'reperfilamiento') interrumpió los desembolsos.
Lo que sigue siendo una incógnita es cómo, con tantos recursos financieros, y con el respaldo de la mayoría de los medios de comunicación tradicionales, del sector agropecuario y empresarial, Macri no logró diseñar y aplicar políticas para recuperar la economía. Todo lo contrario. Dejó al país peor de lo que encontró en materia de deuda, inflación (acumuló un 300 %) y pobreza (pasó del 32,2 % al 35,5 %). Y la recesión se impuso en tres de sus cuatro años de gestión.
El propio FMI ya ha hecho autocríticas. Diferentes grupos de expertos del organismo reconocieron en documentos revelados el año pasado que el préstamo a Macri fue un error que desembocó en una "crisis seria", producto de "un optimismo indebido" en el prometedor futuro de Argentina que jamás se cumplió. En medio de la renegociación que lleva a cabo con el gobierno de Fernández, el organismo ya anunció que está en plena elaboración de un informe más preciso para evaluar el fracaso del acuerdo con el macrismo.
Sin metáforas
"Para que pongamos fin a las aventuras de hipotecar al país, es necesario que endeudarse no sea gratis y que los responsables rindan cuentas de sus actos y dejen de circular impunes dando clases de economía en el país y en el mundo. Por eso, he instruido a las autoridades pertinentes para que formalmente inicien querella criminal tendiente a determinar quienes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra", advirtió el presidente.
No mencionó el nombre de Macri. Ni falta hizo. A través de voceros informales, el expresidente que les pidió a los argentinos que se enamoraran de la exdirectora del FMI, Christine Lagarde, ya desestimó cualquier acusación. En todo caso, los señalamientos le servirán para victimizarse, para denunciar una "persecución" en su contra.
El tema de la deuda se encadena con el otro gran frente que abrió Fernández durante su discurso: la reforma judicial.
Desde que era candidato, el presidente promovió cambios en un Poder Judicial que arrastra prácticas que lesionan la democracia y que están más que alejadas del principio de justicia e imparcialidad que debería regir, porque en Argentina las causas judiciales avanzan o se estancan de acuerdo con los vaivenes políticos, con los intereses, pactos o peleas que jueces y fiscales tienen con los gobernantes de turno.
Es esa misma estructura judicial viciada la que tendrá que resolver la investigación sobre la deuda. Y lo hará en medio de los cuestionamientos presidenciales, de su intento por terminar con un sistema tributario que privilegia a la mayoría de los jueces que, si así lo desean, se pueden eternizar en sus cargos.
Cualquier cambio suena más que complicado, porque el Poder Judicial en Argentina tiene un aura de intocabilidad. La defensa corporativa es sólida, con sus sentencias como principal arma. Cualquier balance en su contra será una "embestida", "presión indebida", "ataque a la división de poderes", "control de jueces", "golpe a la República".
La rebelión (y la sobreactuación) ya empezó. En ese afán, al igual que ocurre con las patronales agropecuarias, mal llamadas "el campo", el Poder Judicial cuenta con la protección de la prensa opositora que tiñe de adjetivos negativos o distorsiona cualquier crítica del gobierno. Y adjudican la propuesta de reforma a un intento para dotar de impunidad a la vicepresidenta que arrastra varios procesamientos.
En un país polarizado y marcado por un doble estándar, la polémica parece no tener solución, así que por ahora lo único que podemos esperar es que las sentencias judiciales sigan siendo aplaudidas solo si afectan al bando contrario. Las acusaciones, procesamientos y condenas a los propios siempre serán injustas. Producto de una persecución.
Mientras tanto, las encuestas siguen reflejando la caída de popularidad del presidente. Según Trespuntozero, la consultora que más acertó en los resultados de las presidenciales de 2019, la evaluación negativa del gobierno supera el 60 %, al igual que la imagen mala o muy mala de Fernández. El impacto de las vacunas VIP ya se resiente y el oficialismo tendrá que hacerle frente en medio de la campaña electoral.
Por eso no debe celebrar ni confiar en la escasa masividad que tuvieron las marchas del sábado ni el 'cacerolazo' del lunes post discurso presidencial. A pesar de que, como siempre, las protestas estuvieron azuzadas y magnificadas por los medios tradicionales y de mayor repercusión, no lograron la adhesión que podría haberse esperado justo en la peor semana que ha tenido el gobierno peronista. Pero cada tanto volverán a salir a las calles para denunciar una y otra vez, como lo hicieron desde que asumió Fernández, que su gestión es un fracaso. Eso sí es, por ahora, lo único seguro.