Quiso imponer a jueces por decreto. Acosó a una procuradora hasta obligarla a renunciar. Mantuvo sospechosas reuniones con magistrados a cargo de causas contra opositores. Armó una mesa judicial que negociaba con jueces y fiscales. O los presionaba. Su principal operador judicial está prófugo.
Y, a pesar de todo, el expresidente argentino Mauricio Macri sigue presumiendo que él, a diferencia de su antecesora y hoy vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, sí enaltece a la Justicia. Que no se enoja. Que es republicano y respeta la división de poderes. Que no cuestiona a los jueces que lo investigan y que está a disposición de la Justicia siempre que se lo requiera.
Pero nada de eso es cierto.
Acosado por múltiples causas judiciales, Macri apela a una estrategia ya conocida en la clase política y sus militantes: aplaude los fallos que lo favorecen y desacredita los que lo afectan bajo el argumento de que forman parte de una "persecución ", lo que contradice por completo la superioridad moral de la que suelen alardear los macristas, entre otros motivos, por sus supuestos "buenos modales" con el Poder Judicial, opuestos a la "barbarie" peronista.
El último caso de las falacias discursivas del expresidente ocurrió esta semana cuando faltó a una indagatoria que ya se había postergado debido a que estaba de viaje, y que forma parte de la causa en la que se le investiga por presunto espionaje ilegal contra los familiares del submarino ARA San Juan que desapareció en noviembre de 2017 con 44 tripulantes a bordo.
"Siempre estuve y estaré a disposición de la Justicia", escribió en sus redes sociales. Pero tan a disposición no está porque en el mismo mensaje advirtió que no se presentaría al citatorio del juez Mario Bava, a quien calificó como "incompetente".
La paradoja es que Fernández de Kirchner, su enemiga favorita y a la que tanto denuesta por sus "malos modales", jamás faltó a las múltiples indagatorias a las que, durante el Gobierno de Macri, fue convocada por jueces que tenían una evidente animadversión en contra de la expresidenta y que armaron causas que generaron grandes escándalos mediáticos pero que, de a poco, se han ido diluyendo por falta de pruebas.
Ni antes ni ahora Fernández de Kirchner ha escatimado duras críticas a jueces y fiscales y al sistema judicial en general. Por eso, en un afán de diferenciarse, uno de los ejes de la campaña de Macri en 2015 se enfocó en sus promesas de respetar al Poder Judicial, tanto en las palabras como en los hechos.
El compromiso duró nada. Sólo cinco días después de haber asumido como presidente, pretendió imponer a dos jueces de la Corte Suprema por decreto. El escándalo fue tan grande que Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz sólo pudieron asumir después de cumplir con el proceso parlamentario correspondiente.
Hoy, ambos están envueltos en otra controversia que ensombrece al máximo órgano judicial del país, ya que el mes pasado, en una votación por completo irregular, en la que aprovecharon la ausencia de otro juez y se votaron a sí mismos, Rosatti sustituyó a Rosenkratz como presidente de la Corte.
El responsable del fallido intento de designar a jueces por decreto fue Fabián Rodríguez Simón, mejor conocido como 'Pepín', el principal operador de Macri en los tribunales y que formaba parte de la llamada "mesa judicial" del Gobierno, en la que participaban otros funcionarios acusados de intervenir en los juzgados para que se emitieran fallos en contra de exfuncionarios kirchneristas y favorables al macrismo.
Por eso los empresarios de medios Cristóbal López y Fabián de Sousa denunciaron que el macrismo los persiguió para que se alinearan al Gobierno. Como no quisieron, aseguran que les inventaron cargos que los llevaron a la cárcel y que tenían como meta despojarlos de sus empresas.
A raíz de esta investigación, la jueza María Servini de Cubría citó a indagatoria a 'Pepín', quien huyó a Uruguay y pidió un asilo que le fue rechazado, por lo que ya tiene orden de captura internacional y está declarado "en rebeldía" en Argentina, con cargos por extorsión y asociación ilícita.
Otra muestra más de que es mentira que los macristas se ponen a disposición de la Justicia.
En las investigaciones por la "mesa judicial", una testigo protagonista es Alejandra Gils Carbó, la exprocuradora General de la Nación que enfrentó una intensa campaña del macrismo para obligarla a renunciar. Macri aseguraba públicamente que la funcionaria carecía de "autoridad moral" porque obedecía a los intereses del kirchnerismo.
La persecución contó con el apoyo de la prensa macrista, formada por los principales conglomerados de medios que, con el fin de estigmatizarlos y desacreditarlos de antemano, suelen identificar a "jueces y fiscales K" en sus titulares. Por supuesto, jamás hablan de "los jueces M".
Uno de los casos más extremos fue el del diario Clarín, que llegó al extremo de publicar el teléfono de la hija de Gils Carbó, quien recibió amenazas de muerte.
A fines de 2017, después de casi dos años de acoso y amenazas de destitución, la procuradora renunció al cargo. Ya la habían denunciado por supuestas administraciones fraudulentas de inmuebles. Cuatro años después, una de esas causas ya fue enviada a un juicio oral que todavía no tiene fecha de inicio. Otra fue archivada porque no se encontraron pruebas de ningún delito.
Las presiones también las sufrió Gabriela Boquin, la fiscal que en 2016 descubrió que el Gobierno macrista le había condonado a la familia presidencial una deuda multimillonaria que mantenía con el Estado por la concesión del Correo Argentino. La revelación frenó la maniobra y provocó otro de los grandes escándalos del pasado Gobierno.
Desde entonces, los abogados de la familia Macri impulsaron todo tipo de artilugios para separar a Boquin de un caso que sigue sin resolverse. Su acusación principal es que la fiscal tiene intereses particulares y quiere afectar a la empresa, pero el juez Sebastián Casanello ya sentenció en dos ocasiones que la funcionaria ha actuado correctamente y que los Macri solo se quejan de resoluciones judiciales que los afectan.
Lo más importante es que siguen sin pagar su deuda.
Una y otra vez, Macri ha reiterado que respeta a los jueces, que no se mete con ellos. Pero basta que alguno dicte un fallo que lo incomode o no responda a sus intereses, para que estalle en críticas y descalificaciones.
Le pasó incluso a Rosatti, uno de los jueces que intentó poner en la Corte por decreto, y a quien, años más tarde, acusó de tener "un sesgo anticapitalista". En 'Primer tiempo', su libro de memorias, incluso reconoce que se arrepiente de haberlo designado.
Le pasó a Alejo Ramos Padilla, a quien calificó como "un juez militante" del kirchnerismo. O a los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballesteros, a quienes acusó de mandar un "mensaje de impunidad" al dictar un fallo que permitió la liberación del empresario de medios Cristóbal López, vinculado también al kirchnerismo.
En cambio, a los jueces cercanos al macrismo les abrió las puertas de la residencia oficial de Olivos para sostener amigables reuniones.
Así ocurrió con Mariano Borinsky, el juez de múltiples causas de alto voltaje político en las que estaban imputados dirigentes kirchneristas, principalmente la expresidenta, y que visitó en 15 ocasiones a Macri. Un récord, sobre todo tomando en cuenta que varios de los encuentros se llevaron a cabo justo cuando debía dictar algún fallo sensible.
Las citas fueron secretas. Recién salieron a la luz este año gracias a una investigación del portal El Destape que comprobó que, además de Borinski, el presidente de la Cámara Federal de Casación, Gustavo Hornos, y el fiscal Raúl Pleé también había visitado asiduamente a Macri en Olivos y en la Casa Rosada.
Durante y después de su Gobierno, Macri insistió en que nunca había hablado directamente con ningún juez, que no tenía trato. Mentía.
Luego de que se comprobaran estas visitas, tuvo que reconocer que sí se había reunidos con jueces y fiscales. En un intento de minimizar esos encuentros, afirmó que con Borinsky "sólo" se reunía para jugar tenis.
Se olvidaron entonces de la republicana división de poderes y de la evidente parcialidad y el conflicto de intereses que implican que un juez a cargo de causas contra opositores departa tan amistosamente con el presidente que quiere que esos opositores estén en la cárcel.
Eso sí, siempre con buenos modales.
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