Durante los últimos días de mayo, una joven de 19 años que soñaba con una vida mejor recibió un disparo en la cabeza y murió. Se llamaba Claudia Gómez González y era de Guatemala. Había realizado un largo y peligroso camino desde su pueblo para cruzar la frontera estadounidense, acceder a 'la tierra de las oportunidades' y juntarse con su novio en el estado de Virginia. Sin embargo, las patrullas fronterizas le quitaron su esperanza, su amor y su vida. Ella no había hecho nada más que caminar la tierra desde México a Texas. No agredió a nadie, no fue agresiva: solo estaba allí en un momento equivocado. Los oficiales migratorios abrieron fuego a un grupo de migrantes que cruzaba la frontera sin armas ni agresividad y cayó muerta en el suelo.
A Claudia, una mujer indígena, quienes le arrebataron su futuro en un instante la trataron como un "animal", tal como ha calificado el presidente Donald Trump a un sector de inmigrantes latinos que entran a Estados Unidos sin documentación legal. "No son personas, son animales", declaró Trump en una reciente reunión sobre las llamadas ciudades santuario que dan refugio a los inmigrantes sin estatus legal. El mandatario aseguró que se refería a los miembros de la pandilla 'salvadoreña' Mara Salvatrucha pero, en realidad, sus declaraciones fueron en un contexto mayor sobre los migrantes pobres que vienen a Estados Unidos con la esperanza de mejorar sus vidas. Es una estrategia típica de Trump intentar vincular a los criminales con los migrantes.
Irónicamente, la Mara Salvatrucha o MS-13 tiene sus orígenes en Los Angeles, no en El Salvador, de donde hoy son muchos de sus miembros. Esa violenta pandilla nació en los barrios californianos producto de la pobreza, la falta de oportunidades y la cultura violenta de EE.UU. y afectó a miles de inmigrantes centroamericanos que huyeron de las guerras promovidas, financiadas y fomentadas por Washington que se libraron en sus países en los años 80. Cuando sus jóvenes fueron reclutados o forzados, los que cometieron crímenes y fueron arrestados luego fueron deportados a sus países de origen. Así se exportó la pandilla de Los Angeles a El Salvador. No fue al revés, como le gusta decir a Trump.
Justamente, el falso vínculo entre la criminalidad y la inmigración ha servido como fundamento para justificar la cruel política de 'tolerancia cero' del Gobierno de Trump hacia los migrantes. Esa iniciativa pretende convertir a los migrantes en criminales y penalizar con prisión su llegada a EE.UU. aunque no posean antecedentes criminales y, en muchos casos, vengan pidiendo asilo político o refugio ante situaciones de abuso o violencia en sus países.
El aspecto más inhumano de esta política ha sido la dispersión familiar forzada. El Gobierno de Trump ha anunciado formalmente que la separación de niños de sus padres o adultos acompañantes es una política de Estado. "Si no quieren perder a sus hijos", ha declarado el fiscal general de EE.UU., Jeff Sessions, "no los traigan aquí de manera ilegal". Así de simple... pero no es tan sencillo.
Muchas veces, los inmigrantes adultos llegan por adelantado a EE.UU. para buscar casa y trabajo y conseguir un lugar seguro para sus parientes antes de mandar traer a sus hijos con otros familiares o amigos. En otros casos, los padres y las madres viajan con sus hijos y los oficiales migratorios les separan en la frontera. Los últimos datos disponibles indican que más de 700 niños han sido separadosde sus familiasen la frontera con México y no hay ningún plan o información sobre la reunificación familiar. Hay casos de madres a las que les han arrancado los bebes de sus brazos sin darles información sobre su destino y han pasado meses sin verlos ni saber de ellos.
No hay ninguna justificación para una política tan cruel. Trump y Sessions dicen que es una manera de disuadir a los migrantes de intentar cruzar la frontera de manera ilegal con sus niños, pero más bien parece una forma de torturay un crimen de lesa humanidad. En algunos casos documentados por el mismo Senado de EE.UU., los menores migrantes separados de sus familias fueron entregados a redes de tráfico de personas. Otros fueron sometidos a trabajos forzados y casi 1.500 niños, simplemente, desaparecieron y no hay manera de ubicarlos.
Jeff Sessions declaró a principios de mayo que el Gobierno estadounidense enjuiciará al 100 % de las personas que intenten cruzar la frontera sureña. Los que vengan con menores de edad serán "penalizados" como "contrabandistas" o "traficantes de personas" y los niños "separados" de ellos "por ley". No hay excepción, ni siquiera para padres huyendo de la violencia o buscando asilo junto a sus hijos. Eso significa que serán criminalizados por buscar una vida mejor o intentar proteger a sus pequeños de la violencia y las guerras en sus países de origen.
El racista Trump, un hijo de migrantes y casado con una inmigrante, ha dejado claro que no quiere más inmigrantes latinos en el país: ha criminalizado su presencia y ha penalizado sus sueños. Al imponer su política de 'tolerancia cero' o 'intolerancia máxima', está oficializando una política de terror contra quienes han construido EE.UU. y mantenido ese país con su sangre, sus almas y su mano de obra.
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