La región latinoamericana está acostumbrada a los revuelos sociales. Mientras los golpes de Estado de estilos variados han instalado regímenes derechistas y excluyentes con tendencias autoritarias, las revoluciones han derrotado dictaduras e implementado modelos más progresistas. Sin embargo, ninguno ha durado más de una generación sin experimentar erosiones internas, oposiciones agresivas y, en muchos casos, el fracaso.
El año 2019 fue particularmente brutal en América Latina, sin importar ideologías o espectros políticos. Enero comenzó con un intento de golpe en Venezuela contra el gobierno de Nicolás Maduro. La oposición, liderada por un desconocido joven diputado de un partido ultraderechista —Juan Guaidó—, se declaró en rebelión contra el presidente Maduro, desconociendo su nuevo mandato presidencial. Guaidó se autoproclamó 'presidente interino', basado en su condición de presidente de la Asamblea Nacional, y usando una lógica extra-constitucional. Si no fuera por el inmediato apoyo de Donald Trump y el gobierno estadounidense, las maniobras de Guaidó se hubiesen frustrado rápidamente.
Las constantes declaraciones agresivas de Trump y sus halcones John Bolton, Elliott Abrams y Mike Pompeo, reconociendo a Guaidó como el 'presidente encargado' de Venezuela y demandando la salida de Maduro, alimentaron la desestabilización en Venezuela durante meses. La Casa Blanca hasta logró presionar a más de cincuenta países para reconocer a Guaidó como el legítimo líder de Venezuela. Sin embargo, un gran problema para ellos persistió durante todo el año: Maduro se mantuvo en el poder y en control de todas las instituciones, las industrias y los componentes del Estado, incluso con la lealtad de las Fuerzas Armadas. Por más que los golpistas y sus patrocinantes en la Casa Blanca insistieron en remover a Maduro —casi invadiendo el país en varias ocasiones, y manteniendo la ilusión de quererlo hacer—, no lo lograron. Ni las brutales sanciones económicas que hundieron el país en una profunda crisis económica lograron debilitar a Maduro. A finales del año, Guaidó quedó casi en el olvido, y Maduro sigue al mando en el Palacio de Miraflores.
Se podría especular que la desestabilización en Venezuela incendió la chispa de protestas en la región. Y si es así, ha sido sin tomar lados. Manifestaciones antigubernamentales plagaron a Haití desde febrero, clamando por la renuncia del presidente Jovenel Moise, bajo acusaciones de corrupción. De hecho, por toda Centroamérica hubo protestas anticorrupción contra los gobiernos de Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador, que son derechistas, izquierdistas y centristas. Y no estuvieron sin razón. Hasta el hermano del presidente Juan Hernández, en Honduras, fue convicto de narcotráfico en Estados Unidos. La crisis migratoria, convertida en una pelea con Trump, dejó un mal sabor en la región, cuando los países del llamado 'Triángulo del Norte' (Guatemala, Honduras y El Salvador) se doblaron ante las amenazas de Trump y firmaron acuerdos como 'terceros países seguros' para recibir a los migrantes que Trump no quiere en Estados Unidos. Lo hicieron a cambio de dinero, lo cual Trump usa como táctica de chantaje. Lo irónico de esto —y lo triste— es que la mayoría de esos migrantes han huido de la violencia, persecución y miseria de sus comunidades centroamericanas para buscar refugio en el norte. Volverlos al sur es para muchos una sentencia de muerte.
La turbulencia latinoamericana se escaló en el continente sur en otoño, aunque ha sido llamada la "Primavera Latinoamericana" por sus parecidos con los levantamientos sociales en Medio Oriente en el 2010-11. En Ecuador, la traición de un gobierno electo como izquierda y convertido en derecha, provocó protestas masivas contra las medidas de austeridad implementadas por Lenín Moreno. Desde su llegado al poder en el 2018, Moreno ha erosionado poco a poco los avances progresistas de su predecesor, Rafael Correa, y ha usado el poder del Estado para perseguir a Correa y sus aliados. El movimiento correísta, que llevó a Moreno a la presidencia, ha sido brutalmente aplastado, como un cruel gesto de agradecimiento. Moreno ha encarcelado a su vicepresidente Jorge Glas —quien también fue vicepresidente de Correa— y a varios exfuncionarios del anterior gobierno. Ha solicitado el arresto del mismo Correa, aunque ninguna de las acusaciones presentadas en su contra han sido fundamentadas en evidencias viables. Hasta Interpol rechazó la solicitud de Lenin Moreno de emitir un alerta roja para el arresto de Correa. Sin embargo, la amenaza del 'lawfare' en Ecuador es real, y si Correa volviera a su patria en estos tiempos, sin duda sería detenido, con o sin fundamento legal. Moreno ha convertido a la justicia ecuatoriana en un brazo dictatorial, usado para perseguir a sus 'enemigos' y proteger la corrupción suya y de sus seguidores.
Y al sur de Ecuador, otro gobierno derechista ha estado usando la fuerza del Estado para reprimir y brutalizar a quienes se levantan en su contra. El Chile de Sebastian Piñera se parece cada día más al Chile de Augusto Pinochet. Miles de chilenos han sido heridos, detenidos y perseguidos por las fuerzas del Estado durante manifestaciones antigubernamentales que han durado meses sin cesar. Comenzaron en reacción a las medidas de austeridad implementadas por Piñera, y han evolucionado para demandar cambios constitucionales y reformas sociales, económicas y políticas. Las fuerzas gubernamentales —los carabineros— han usado armas letales y no letales (pero igual de brutales) para reprimir las manifestaciones callejeras, causando heridas oculares en cientos de chilenos, muertes y desfiguraciones. Por su parte, Piñera ha acusado a 'fuerzas externas' de promover a la desestabilización en su país, en lugar de aceptar la realidad de su fracaso político. Si algún país sabe algo de derrocar a las dictaduras, es Chile.
La ola de protestas también sacudió a Colombia y su gobierno derechista de Iván Duque, que tampoco ha podido neutralizar el levantamiento social con sus tácticas represoras. Los temas centrales en la mayoría de estas manifestaciones antigubernamentales han sido las denuncias de corrupción estatal, y las malas gestiones económicas, de la derecha a la izquierda. Brasil, México y Argentina también experimentaron descontento social y protestas durante el año, tanto por razones ambientales —como en Brasil, por los incendios en la Amazonía— como por las crisis económicas y la violencia contra las mujeres. En México y Argentina, la izquierda volvió al poder bajo demanda popular, y las protestas disminuyeron.
El año 2019 concluyó con un golpe de Estado clásico en Bolivia, que forzó al exilio al presidente Evo Morales e instaló una brutal dictadura de la extrema derecha. La situación en Bolivia sigue delicada y sumamente peligrosa. La persecución política está en alza. La represión a manos del regimen de facto es salvaje. El cerco mediático está censurando y silenciando la cruda realidad en Bolivia. Los pueblos indígenas están siendo atacados, perseguidos, sometidos y reprimidos. El regimen de facto está abiertamente persiguiendo a Evo Morales y todos sus seguidores y compañeros. Tienen asediada la embajada y la residencia diplomática de México, donde un grupo de exfuncionarios de Evo se encuentran refugiados y en condición de asilo diplomático. No han dado ninguna indicación real de querer dejar el poder en un proceso electoral, como dicta la Constitución boliviana. El golpe fue apoyado por los comandantes militares y policiales, —que usaron y siguen usando— las armas para reprimir. La comunidad internacional ha reaccionado poco en comparación con Venezuela. Claro, Trump ha apoyado la dictadura boliviana, sin fingimientos. Aunque usaron el pretexto de la democracia, en el caso de Venezuela, acusando a Maduro de ser 'un dictador', en el caso de Bolivia el lenguaje de la democracia ha desaparecido.
Bolivia será la prueba en el 2020. ¿La región dejará un regimen dictatorial en el poder, sin hacer nada, o habrá un esfuerzo regional para restablecer el orden constitucional en Bolivia? ¿Y qué dirá la comunidad internacional? ¿Las Naciones Unidas? ¿La OEA? Todos levantan la bandera de la democracia a su conveniencia, pero cuando existe una amenaza real, lo que se escucha es silencio.
La primera década de los 2000 fue de progreso y unión latinoamericana. La segunda década ha estado llena de divisiones, crisis y golpes. Está en manos de los y las latinoamericanos/as determinar si la próxima será de levantamiento social, conciencia ambiental y justicia social, o decadencia, destrucción y exclusión.
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