En esta columna hemos dicho varias veces que el sistema de justicia mexicano en su conjunto era uno de los bastiones y refugios con los que contaba el viejo régimen, a pesar de haber sido borrado electoralmente por López Obrador. Una corrupción histórica, años de nepotismo, salarios de miles de dólares mensuales y ascensos que no se debían a la democracia electoral sino a las jerarquías de poder dentro y fuera de los organismos justicia, hicieron que estos funcionarios sirvieran al poder y a sus propios intereses antes que a la ciudadanía.
Pero eso ha empezado a cambiar, afortunadamente. Hace una semana, Eduardo Medina Mora renunció como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), después de semanas de estar bajo la lupa de las autoridades británicas y estadounidenses por movimientos financieros irregulares de millones de dólares, por lo que estas entidades solicitaron más información a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en México. Pero a pesar de esto, Medina Mora operó, según Santiago Nieto, titular de la UIF, para liberar cien millones de dólares en cuentas congeladas producto del tráfico de personas, del narcotráfico y la corrupción.
Medina Mora había servido a gobiernos del PRI y del PAN en los más altos niveles y en los más diversos puestos. Con Vicente Fox fue director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), encargado del espionaje político. Con Felipe Calderón tuvo a cargo a la Procuraduría General de la República (PGR) y cuando tuvo que salir por los nulos resultados, se le entregó la embajada en Reino Unido. El gobierno de Peña Nieto lo movió a Washington también como embajador, y al final lo promovió como ministro de justicia para cubrirle las espaldas cuando se acabara su gobierno. Y lo estaba haciendo. Este alfil político había evolucionado de ser el policía que se encargaba del espionaje, a administrar justicia en los casos más relevantes de la vida nacional. En medio, todos los movimientos millonarios que despertaron la vigilancia internacional.
Sintiéndose acorralado por la investigación de otros países, decidió renunciar. Los mismos que lo promovieron en sus cargos vieron en la renuncia un acto de presión del gobierno mexicano a través de la UIF. Columnistas hablaron del congelamiento de cuentas al ministro y otros miembros de su familia. Ignoraron que parte de la investigación se desarrolla en Estados Unidos y Reino Unido o que el congelamiento de las cuentas vino después de la renuncia. Hablan de presión del gobierno de López Obrador e ignoran ahondar en cómo liberó dinero del crimen organizado, de la posibilidad de enriquecimiento ilícito o de los intereses políticos y económicos que defiende el exministro. Llegaron a la ridiculez de hablar de crisis constitucional.
Esas mismas voces criticaron que el actual presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, asistiera a un programa de televisión conducido por John Ackerman, simpatizante del gobierno de López Obrador y compañero de columna en este mismo espacio. Dijeron que un ministro no debe de ir a programas de televisión o que se debía seguir el actuar del estadounidense John Roberts, ministro profundamente conservador cercano a las posiciones de Donald Trump. ¿Por qué todo tiene que ser como en Estados Unidos? ¿Por qué no generar cada país sus propias tradiciones, incluyendo las formas jurídicas? Se dijo que el presidente de la Suprema Corte se inclinaba ante el "autoritarismo" de López Obrador. ¡Simplemente por ir a un programa de televisión con un simpatizante de la Cuarta Transformación! Vaya forma de torcer las formas y querer engañar a la gente.
Pero el ministro presidente de la SCJN respondió de forma abierta y pública, como debería ocurrir en toda democracia. Declaró que López Obrador siempre había sido respetuoso de la división de poderes y que nunca había ejercido presiones hacia la SCJN o el poder judicial. No solo eso, dijo quien sí lo había hecho: el expresidente Felipe Calderón, quien además se quiere erigir como uno de los líderes del conservadurismo y de la oposición al nuevo gobierno. No solo dijo que había sido presionado, sino en qué casos lo fue. Uno de ellos fue el incendio de la guardería ABC, donde murieron 49 niños y otros 106 tuvieron quemaduras de diversos grados y en el que estaba involucrada una familiar de la esposa de Felipe Calderón. Por sus posiciones, que pretendían fincar responsabilidades a diversas autoridades, el ministro Arturo Zaldívar fue objeto de un linchamiento público. Situación que se ha repetido a raíz de su participación en el programa de John Ackerman y por exhibir el autoritarismo de Felipe Calderón, cuyas presiones sí pudieron originar una profunda crisis constitucional.
A la par de estos dos casos en el máximo tribunal de justicia nacional, otras instituciones de procuración de justicia también muestran signos de cambio. El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ordenó suspender indefinidamente al magistrado federal Jorge Arturo Camero Ocampo porque, al igual que Medina Mora, tiene inconsistencias graves en sus finanzas personales. Hay que señalar que este magistrado ha estado envuelto en polémicasdecisiones, que incluyen los amparos contra la construcción de Santa Lucía, la obra aeroportuaria que sustituye al NAIM en Texcoco, cuyo daño ecológico era incalculable y en el que estaba involucrada la plana mayor del priismo mexiquense y de empresarios favoritos del viejo régimen.
Estos son sin duda vientos de cambios positivos en el más rancio y menos democrático de los poderes del Estado mexicano. La política de cero corrupción impulsada por López Obrador está teniendo eco más allá del Ejecutivo y empieza a permear al resto de la sociedad. La renuncia de Medina Mora es un ejemplo muy significativo de ello. Por otra parte, el que un ministro progresista como Arturo Zaldívar sea ahora el presidente de la SCJN y adopte una mayor transparencia en las decisiones de la Corte, cuyas sesiones son televisadas, garantiza no solo la división de poderes sino mayor rendición de cuentas con la democracia y la ciudadanía, que es a quien finalmente deben responder cualquier institución del Estado. Más transparencia y menos corrupción harán del poder judicial algo mucho más democrático de lo que había sido hasta ahora.
No es de extrañar que esto desate el encono de los políticos y empresarios corruptos del viejo régimen, que han puesto a trabajar a los opinadores que todavía les rinden cuentas a ellos para que griten "autoritarismo" o "crisis constitucional" donde lo que hay es una limpieza de la corrupción que había en los órganos de justicia. Están desesperados porque están borrados políticamente por López Obrador y este era uno de los últimos bastiones que tenían. Y lo están perdiendo poco a poco. Enhorabuena por eso y mucha solidaridad con el presidente de la SCJN, que en las últimas horas ha sido sometido a un linchamiento público por exhibir el autoritarismo y la corrupción de los conservadores.
*PS. También un abrazo solidario a todo el pueblo de Ecuador que está sufriendo la represión del gobierno de Lenín Moreno, que se ha equivocado profundamente al llamar zánganos al pueblo movilizado contra el paquetazo económico que solo los empobrece más.
@BuenrostrJavier
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