Desde hace varios días el mal clima afecta el sur de Estados Unidos, donde Texas ha sido uno de los estados más afectados por tormentas de nieve que provocaron la muerte de varias personas y dejó a millones sin electricidad. Fueron las más bajas temperaturas en más de tres décadas y la red de energía colapsó por la alta demanda que dejaron varios apagones en la región. Incluso hubo gente que reportó haber quemado sus propios muebles en las chimeneas para poder calentarse durante el corte del suministro eléctrico.
Esa misma ola de frío golpeó el norte de México, que también sufrió de nevadas. Y al igual que en Texas y el sur de Estados Unidos hubo importantes apagones y cortes en México, que depende en gran medida del gas de Texas para la generación de la energía eléctrica que abastece el norte del país, donde se encuentra la mayoría de la industria nacional. En cuestión de horas, el precio del gas que viene de Texas se encareció en un 5.000 %, complicando la situación todavía más.
Desde que en 1960, el presidente Adolfo López Mateos declaró la nacionalización de la industria eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) logró establecer una amplia red de producción y abastecimiento de energía eléctrica. Sin embargo, a partir del 2000 y con la transición democrática, México dejó de invertir en las industrias del Estado como Pemex o CFE, argumentando que no eran empresas productivas o eficientes.
Craso error. México fue disminuyendo año tras año en la producción propia de gasolinas, gas, electricidad lo que ha afectado severamente su soberanía energética, como ha quedado expuesto con los apagones generalizados de esta semana. En el caso concreto del gas, la importación de este combustible representa alrededor del 60 % de la generación eléctrica del país. De estas importaciones, cerca del 80 % proviene de Estados Unidos, principalmente de los campos productores de Texas, lo que pone en evidencia la ahora inexistente soberanía energética de México y la alta dependencia que hay en gas y electricidad de Estados Unidos.
Esta desastrosa política energética es resultado de los gobiernos neoliberales de la transición mexicana que todo lo querían privatizar. Como en las lecturas bíblicas, donde Esaú cambió la primogenitura por un plato de lentejas, los gobiernos neoliberales vendieron la soberanía energética de México por unos cuantos contratos con beneficios inmediatos. Y como Esaú, no tenían ninguna comprensión de lo que es importante a largo plazo.
La carencia de visión se debía en parte a la estupidez de los neoliberales y en parte a la tremenda corrupción que había en el sector energético. Hace dos años, López Obrador decidió hacer públicos contratos que mostraron la corrupción entre antiguos funcionarios de la Secretaría de Energía y empresas nacionales y trasnacionales a las que se les otorgan 21.000 millones de dólares por pagos de gasoductos que no se encuentran en servicio.
Las empresas españolas tuvieran una posición privilegiada una vez que Felipe Calderón fue presidente de México
En este desmantelamiento de la industria eléctrica tiene un papel preponderante el expresidente conservador Felipe Calderón. Cuando Calderón fue secretario de Energía (2003-2004) su mano derecha fue Juan Camilo Mouriño, subsecretario de Electricidad. Calderón benefició ampliamente a Carlos Mouriño (padre de Juan Camilo), un empresario español dueño de Grupo Energético del Sureste (GES) que obtuvo importantes contratos con Pemex, a pesar del conflicto de intereses que había con la posición de su hijo.
Juan Camilo Mouriño y su padre abrieron la puerta para que las empresas españolas tuvieran una posición privilegiada una vez que Felipe Calderón fue presidente de México (2006-2012). En ese período, Mouriño continuó como mano derecha de Calderón, primero como Jefe de Oficina de la Presidencia y después como secretario de Gobernación y durante este tiempo se dio la proliferación de empresas españolas como Endesa, Iberdrola, X-Elio, Sacyr, Acciona, Abengoa y Naturgy en el campo energético.
Muchos de estos contratos eran ilegales, especialmente los de Iberdrola, según la Auditoría Superior de la Federación. Pero la corrupción y la venta de la soberanía continuaron en jauja. En 2008, López Obrador denunció que la CFE había firmado un contrato con Repsol por 21.000 millones de dólares para proveer gas a termoeléctricas con el precio más caro en el mercado según los indicadores de Estados Unidos. Repsol a su vez le compró el gas a Perú por un poco más de 6.000 millones de dólares, lo que hace una ganancia de 15.000 millones de dólares, simplemente por tener los contactos correctos.
Como parte del tráfico de influencias y de los beneficios de las puertas giratorias, Felipe Calderón estuvo en la nómina de Avangrid, filial de Iberdrola. Georgina Kessel, secretaria de Energía durante el sexenio de Calderón, está en el consejo de accionistas de Iberdrola. Jordy Herrera, también exsecretario de Energía y de Pemex, tiene negocios con Repsol y Naturgy. Alfredo Elías Ayub, director de CFE durante tres gobiernos neoliberales, también ha sido consejero de Iberdrola. Jesús Reyes Heroles, secretario de Energía con Zedillo y director de Pemex con Calderón, trabaja ahora para corporativos internacionales como Morgan Stanley Energy Partners. Y la lista sigue y sigue.
La problemática de la participación extranjera en el sector energético no es solamente el tráfico de influencias o el realizar negocios al amparo del poder. Se trata también de un problema de soberanía nacional, como lo han demostrado las actuales nevadas en Texas. El 60% de la energía eléctrica proviene del gas texano; las empresas privadas generan la mitad del consumo eléctrico nacional; Naturgy e Iberdrola producen ellas solas alrededor del 20 % de la energía eléctrica de México. Con estos datos, nos damos cuenta que en estos momentos no existe la soberanía energética y eléctrica de México. Y eso es muy peligroso además de poco inteligente.
Por eso el gobierno de López Obrador mandó el 1 de febrero (antes de la nevada en Texas) una iniciativa de ley para reformar la industria eléctrica. En esta columna ya la comentamos hace un par de semanas, por lo que solo insistiré que esta iniciativa presidencial no pretende otra cosa que anteponer el interés público sobre el privado, algo que para cualquier Estado libre y soberano debería ser una obligación. Si en estos momento Pemex y CFE son empresas con números rojos es por la transferencia de decenas de miles de millones de dólares hacia los privados en contratos a modos, subsidios, créditos a tasa preferenciales, etcétera.
Este viernes se votará en la Cámara de Diputados el decreto por el que se reforman diversas disposiciones en la Ley de la Industria Eléctrica. Esperemos que por el bien de México y de su soberanía energética sea aprobado y que los representantes populares no se dejen intimidar o sobornar por los intereses privados.
@BuenrostrJavier
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