Opinión

Tamaulipas y sus gobernadores: ¿un narcoestado?

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Tamaulipas es un estado que se ha vuelto territorio en control del narcotráfico ya hace muchísimo tiempo. Desde hace más de dos décadas, todos los gobernadores han sido acusados por diversos delitos, tanto en México como en Estados Unidos. Manuel Cavazos (1993-1999), Tomás Yarrington (1999-2004), Eugenio Hernández (2005-2010) y Egidio Torre Cantú (2011-2016), todos gobernantes del otrora sempiterno PRI, han sido acusados por delitos que van desde corrupción, encubrimiento, operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y asociación delictuosa hasta vínculos con el narcotráfico, delincuencia organizada, defraudación fiscal y lavado de dinero.

En 2016, la gente, cansada de todo esto, decidió votar por la alternancia y mudó sus preferencias electorales del partido de la dictadura perfecta al instituto político que representa a la derecha y el conservadurismo mexicano. Francisco García Cabeza de Vaca, miembro del Partido Acción Nacional (PAN) fue elegido por los tamaulipecos para encabezar un cambio de régimen.

Sin embargo, menos de cinco años después parece ser que en vez de encabezar un cambio de ruta, el gobernador panista dio continuidad a lo hecho por sus últimos cuatro antecesores. Retiros y depósitos bancarios millonarios, venta y compra de inmuebles y empresas fantasma son las presuntas actividades ilícitas en las que habrían incurrido el gobernador de Tamaulipas, sus socios y familiares, por lo que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República presentaron denuncias por delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada contra el todavía gobernador de Tamaulipas.

Sin mucha imaginación, Cabeza de Vaca ha decidido esgrimir como eje de su defensa que es un perseguido político por ser de un partido opositor al gobierno de López Obrador. En esta narrativa se le olvida mencionar que en 1986 fue detenido en McAllen (Texas) por un supuesto robo de armas, y aunque el gobernador de Tamaulipas califica el hecho como un malentendido y cosas de jóvenes, lo cierto es que existe una imagen de él fichado en una comisaría de McAllen.

Javier Buenrostro, historiador por la Universidad Nacional Autónoma de México y McGill University.
Javier Buenrostro, historiador por la Universidad Nacional Autónoma de México y McGill University.
Cabeza de Vaca no tiene, en absoluto, el perfil de un perseguido político, sino que se muestra como un personaje de muy dudosa reputación que ha visto incrementar exponencialmente y sin explicación su patrimonio en un estado que está tomado desde hace años por el narcotráfico.

Poco más de diez años después, Cabeza de Vaca era un hombre de negocios dedicado al comercio exterior cuando incursionó a la política en 1999 en la campaña presidencial de Vicente Fox, y cuya tarea era recaudar dinero en Tamaulipas para la operación electoral. Esto le valió en primera instancia una diputación en el 2000. Posteriormente, en 2005 se convirtió en presidente municipal de Reynosa, un bastión clave para el Cártel del Golfo y los Zetas.

Como alcalde de Reynosa, Cabeza de Vaca otorgó un permiso para una celebración del Día del Niño en el estadio de béisbol local. El evento resultó estar organizado por el Cártel del Golfo, donde además de repartir miles de juguetes, se distribuyeron tarjetas de felicitación firmadas por Osiel Cárdenas Guillén, el líder del Cártel del Golfo. Inmediatamente todo el hecho salió a la luz, a lo que Cabeza de Vaca dijo que se trataba de un error en las gestiones municipales.

Sin embargo, a partir de este momento el político panista estuvo bajo el escrutinio de las autoridades estadounidenses. En 2012, cuando estaba en campaña para el Senado, según un informe de la DEA, se reunió en Baja California Sur con el Chapo Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa, y con Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Tanto el Chapo como García Luna hoy enfrentan sendos juicios en las cortes de Nueva York por sus actividades vinculadas con el narcotráfico. Las investigaciones de la DEA y el Departamento del Tesoro sobre García Cabeza de Vaca se intensificaron por temas de lavado de dinero y posibles conexiones con el Cártel del Golfo.

Hace un año, el caso de Odebrecht en México que tiene en la mira a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, agregó más acusaciones contra Cabeza de Vaca. En el juicio que la Fiscalía General lleva contra Lozoya, este destapó que para lograr la votación necesaria para la aprobación de la Reforma Energética de 2014 se destinaron 25 millones de dólares para sobornos de legisladores entre los que destacaban miembros del círculo cercano de Felipe Calderón, entre ellos Roberto Gil Zuarth (exsecretario particular), Ernesto Cordero (exsecretario de Hacienda) y Cabeza de Vaca, ya en funciones de gobernador al momento de las acusaciones de Lozoya.

Javier Buenrostro, historiador por la Universidad Nacional Autónoma de México y McGill University.
Javier Buenrostro, historiador por la Universidad Nacional Autónoma de México y McGill University.
Este narcoestado tiene añejos antecedes, pero se salió de control a partir del 2000 con la alternancia partidista, manteniendo el pacto de corrupción e impunidad del régimen priista. García Luna es el ejemplo más brutal y nítido de todo ello.

Con todo este lastre a sus espaldas no parece creíble que las acusaciones de la UIF y la Fiscalía sean motivadas simplemente por cuestiones políticas. Francisco García Cabeza de Vaca no tiene, en absoluto, el perfil de un perseguido político, sino que se muestra como un personaje de muy dudosa reputación que ha visto incrementar exponencialmente y sin explicación su patrimonio en un estado que está tomado desde hace años por el narcotráfico y donde todos los gobernadores de la entidad de los últimos veinte años han salido acusados por sus vínculos con estos grupos. Tal vez lo que llama la atención es que las acciones de la justicia llegan cuando Cabeza de Vaca todavía está en el poder, mientras que en el pasado ocurrieron cuando ya los gobernadores habían dejado el cargo.

El político del partido conservador tiene el derecho de defenderse de las imputaciones que se le hacen, aunque parece complicado que pudiera salir bien librado de las sospechas e investigaciones que llevan casi dos décadas, tanto en México como en Estados Unidos. Será interesante ver las pruebas que su defensa legal aporte, porque solamente la narrativa de perseguido político resulta infantil e insostenible.

Por otra parte, cada vez se revela más que México tiene un problema estructural al menos desde hace un siglo, donde la política está íntimamente ligada al narcotráfico, especialmente en los estados fronterizos con Estados Unidos. En este escenario los gobernadores han tenido un papel estelar al menos desde que Abelardo Rodríguez fue gobernador de Baja California entre 1923 y 1930 y que como presidente interino (1932-1934) fue conocido como el primer presidente relacionado claramente con el narcotráfico.

Este asunto luce bastante complejo en el corto y mediano plazo. ¿Cuántos políticos de todos los partidos que aspiran a las gubernaturas llevan años relacionados al narcotráfico? Seguramente son varios, lo que no deja ver una salida al final del túnel de este narcoestado que tiene añejos antecedes, pero que se salió de control a partir del 2000 con la alternancia partidista, manteniendo el pacto de corrupción e impunidad del régimen priista. García Luna es el ejemplo más brutal y nítido de todo ello. Hasta el momento, faltan las revelaciones que haya en el futuro.

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@BuenrostrJavier

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