Han pasado ya algunos días de las elecciones intermedias en México y como después de todo proceso electoral, hay reacomodos políticos dependiendo de los resultados electorales. MORENA, el partido del presidente López Obrador, tuvo un balance positivo dado que mantuvo la mayoría en la Cámara de Diputados y ganó 11 de 15 gubernaturas en disputa. Es cierto que tuvo un traspié en la Ciudad de México que había sido el corazón del obradorismo por dos décadas, pero a cambio hubo un avance territorial significativo y ahora MORENA tiene la mayoría de las gubernaturas y los congresos locales.
Con ese saldo a favor, AMLO anticipó esta semana que mandará al Congreso tres reformas constitucionales para el siguiente periodo legislativo (2021-2024). A su manera de ver, esta son las tres reformas que más necesita el país en estos momentos: una electoral, otra energética y una más en materia de seguridad. Estas ya han empezado a discutirse en la opinión pública y aunque todavía se desconocen los detalles e implicaciones de cada una, ya hay consensos y diferencias alrededor de las propuestas.
La que tiene mayor aprobación y simpatías es la posible reforma electoral. López Obrador ya adelantó que contemplaría la desaparición de 200 diputados y 32 senadores plurinominales, es decir, los que no son elegidos directamente sino que se desprenden de los porcentajes de votaciones y listas de partido. Este sistema de elección de legisladores surgió en 1977 como una forma para darles a los partidos minoritarios una forma de representación en el poder legislativo.
Eran los tiempos donde el PRI ganaba la presidencia con 95% de los votos, además de todos los distritos electorales. En ese momento, las plurinominales no parecían una mala opción, pero ya ha pasado casi medio siglo y en la actualidad no hay un partido que arrase con todos los distritos electorales. Muchas veces se ha discutido la eliminación de los legisladores plurinominales ya que además de ser una figura anacrónica, protege con el fuero a las élites partidistas que serían incapaces de ganar alguna votación popular.
La desaparición de las plurinominales también significa disminuir el costo del Congreso mexicano, y que mejor con gente que dice ser representantes populares pero que no participan de los procesos electorales como candidatos. Incluso, una reforma similar fue planteada por el gobierno anterior, pero encontró poco eco, principalmente porque quien debe de votar por la desaparición de las plurinominales son los mismos que han llegado en múltiples ocasiones al Congreso por esas vías. Es decir, los congresistas se oponen a que haya una mayor exigencia para ser congresista.
Al parecer, dentro de la reforma electoral que plantearía López Obrador incluiría aumentar del 3% al 4% de la votación para que un partido político mantenga el registro. Al igual que la eliminación de las plurinominales, la depuración de los partidos políticos ha sido una demandada ciudadana por muchos años. La "chiquillada", como se conoce a estos partidos, suelen manejarse más como franquicias familiares y de amigos que viven del presupuesto público y no como institutos políticos de representación popular. La desaparición de muchos de ellos sería un ahorro para la ciudadanía que dejaría de mantener a parásitos y mercenarios que venden sus votos en el Congreso al mejor postor.
Un último punto que quedaría en el aire sería como se modificaría el Instituto Nacional Electoral (INE) y el nombramiento de sus miembros, esto después del vergonzoso papel que jugaron en este proceso alguno de sus integrantes, como el consejero presidente Lorenzo Córdova, al dejar de ser jueces imparciales y convertirse en actores políticos. La insidia y parcialidad que mostraron algunos miembros del INE no debería quedar impune porque es un verdadero atentado a la democracia.
Sobre la reforma energética, López Obrador va a doblar la apuesta que hizo en febrero pasado cuando mando una iniciativa para reformar la Ley de la Industria Eléctrica y dotar de mayores capacidades a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). A pesar que esta iniciativa fue aprobada por una mayoría en el Congreso, ha sido detenida por un juez que reparte amparos a diestra y siniestra a favor de los empresarios. Ahora resulta que un solo abogado leguleyo está por encima del Congreso mexicano y de los intereses nacionales.
Para evitar que el Estado sea secuestrado por dos o tres individuos que retuercen la ley y están vendidos a los intereses privados y que no les importa en lo más mínimo el bienestar común, AMLO propone volver a mandar una iniciativa en el sector energético, concretamente en el de la industria eléctrica, pero esta vez con rango constitucional. Esta reforma permitiría fortalecer a CFE y eliminar la competencia desleal a favor de las empresas privadas que existe hoy en día y que fue impulsada por la reforma energética de corte neoliberal de 2014. Asimismo, permitiría garantizar que no haya aumentos en las tarifas eléctricas en lo que resta del sexenio ya que en la actualidad paga menos una empresa o corporación comercial que lo que paga, proporcionalmente, una familia de clase popular o clase media. Esto es algo completamente injusto además de escandaloso.
Por último, queda la reforma más polémica que es la de seguridad. López Obrador propone que la Guardia Nacional, hasta ahora de carácter civil, pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). La polémica reside en que la Guardia Nacional realiza funciones de seguridad pública, algo que no entra dentro de las facultades de las fuerzas armadas sino que está bajo una jurisdicción civil. Al parecer, el proyecto constitucional sería presentado hasta 2023, fecha en la que el mandatario prevé que la Guardia Nacional se consolide en el país, ya que hay que recordar que fue creada apenas en 2018.
Esta iniciativa tiene muy poco respaldo popular. Tanto ciudadanos como organizaciones consideran que la participación del Ejército en numerosos abusos de derechos humanos demuestra que no está capacitado ni es apto para hacer cumplir la ley en el ámbito civil. Hasta el momento, López Obrador ha puesto al Ejército a cargo de los puertos marítimos y las inspecciones aduaneras. También le ha dado a la Marina la propiedad parcial del enlace ferroviario y portuario del proyecto del Tren y Corredor Transístmico, así como al SEDENA el control operativo del Tren Maya, en la península de Yucatán. Además, ya los ingenieros militares están a cargo de construir muchos de los proyectos de infraestructura en México.
Dado el poder político y económico que han ganado las fuerzas armadas en esta administración, no es deseable que sigan acumulando más, especialmente en áreas tan delicadas como el de la seguridad pública. Anteriores administraciones han fracasado en este punto y no se ve como AMLO pudiera convencer a la sociedad que respalde esta iniciativa, por lo que se ve extremadamente complicado que esta prospere en el Congreso. Seguramente, correrá la misma suerte que iniciativas anteriores que eran similares y que fueron desechadas ante la presión social de la ciudadanía que se opone tajantemente a que sean militares los encargados de la seguridad pública.
@BuenrostrJavier
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