La semana pasado se discutió en la Cámara de Diputados cómo se destinarían los 350.000 millones de dólares con los que contará el Gobierno de México como presupuesto para 2021. Esta cifra, la mayor en la historia del país para un presupuesto del Gobierno federal con un aumento real de 8,6 % respecto al año anterior, genera altas expectativas porque se ha conformado sin subir un solo impuesto (de hecho se bajaron algunos) y en medio de una reactivación intermitente a nivel mundial con mayor demanda que oferta en ciertos bienes y servicios, que ha provocado la mayor espiral inflacionaria en Estados Unidos y Europa en tres décadas.
Tanto el Ejecutivo como el Legislativo han definido de manera clara las prioridades. Programas sociales, infraestructura y salud son los rubros en los que más se incrementaron las partidas presupuestales. El gasto social aumentó en 56 % y ahora serán casi 25.000 millones de dólares de trasferencias directas que llegan a 7 de cada 10 familias mexicanas. El incremento en infraestructura será de casi 20 % para que 45.000 millones de dólares vayan a obras de comunicación y transporte (aeropuerto Felipe Ángeles, Tren Maya, Tren Transístmico, etc) que permitirán una mayor reactivación económica. En el sector salud el aumento fue de más de 15 % y ahora contará como más de 35.000 millones de dólares anuales.
Pero para que este dinero alcance en estos programas prioritarios hubo ajustes en otros lados, como sucede hasta en la economía de cualquier hogar. Los más afectados fueron el Poder Judicial, –probablemente por los muy escasos y malos resultados que ha tenido hasta ahora– y el Instituto Nacional Electoral (INE), que se ha caracterizado en su historia por ser uno de los organismos de este tipo más onerosos a nivel mundial. Tanto el Poder Judicial como el INE se caracterizan por los altos sueldos de los funcionarios de más de 20.000 dólares mensuales (incluidas las prestaciones laborales) y por su negativa a someterse a los programas de austeridad republicana.
El Poder Judicial, por conducto del presidente de la Suprema Corte, manifestó su desacuerdo con estas decisiones, pero dijo que acataría la decisión de la Cámara de Diputados, respetando la división de poderes y el ámbito de decisión de cada uno de ellos. En cambio el INE, a través de su consejero presidente Lorenzo Córdova, ya ha anunciado que acudirá a los tribunales para tratar de revertir la resolución del Legislativo, mostrando un desprecio por las disposiciones de las mayorías ahí representadas.
No es la primera disputa contra el Gobierno federal en la que está envuelto el INE, que se ha caracterizado por ser un aliado del conservadurismo desde su grotesca validación del fraude electoral en 2006 que le costó la salida a varios de los consejeros electorales. El actual consejero presidente, Lorenzo Córdova, es un personaje que se ha convertido en un actor político más y ha dejado de lado su papel de árbitro imparcial, además que siempre está envuelto en polémicas.
En 2015, fue evidenciado públicamente en un audio donde muestra su racismo burlándose y discriminando a las comunidades indígenas. El hecho ameritaba su renuncia por cuestiones de ética y vergüenza pública y al no hacerlo demostró que carece de ambas.
Ante la reducción de los salarios de la alta burocracia que realizó López Obrador, hubo un puñado de servidores públicos que rechazaron la medida de austeridad. Entre ellos estuvo Lorenzo Córdova, que mediante un amparo gana casi el doble que López Obrador, contraviniendo el artículo 127 de la Constitución. Lo que ganará Lorenzo Córdova en su periodo como autoridad electoral equivale a 455 años de lo que gana un trabajador con salario mínimo, y como se le hace poco, se ampara para no ganar menos y muestra lo alejado que están ciertos personajes de la vida y problemática del ciudadano común.
En el proceso electoral de 2021, el INE reafirmó que su alianza con el conservadurismo está más vigente que nunca al cancelar varias candidaturas por cuestiones administrativas, de las cuales el 90 % fueron de MORENA –el partido de López Obrador– en lugares donde llevaba una clara ventaja en un intento de sabotaje muy burdo y evidente.
Con la conformación y aprobación del presupuesto 2021, el INE muestra que son una burocracia dorada que no tiene llenadera y que no le importa chantajear y hasta secuestrar la democracia para extorsionar a la opinión pública y conseguir más dinero. Para el próximo año, el INE solicitó que el Congreso le autorizara aproximadamente 1.250 millones dólares de gasto mientras que en 2019 y 2020 solamente gastó 750 millones dólares, esto es un incremento de casi el 80 % en un año que no hay elecciones federales como es el caso de 2022.
El INE argumenta que la revocación de mandato, un ejercicio inédito en México y al que se someterá López Obrador en cumplimiento con sus compromisos de campaña, equivale a los gastos extraordinarios que hay en las elecciones federales que es de aproximadamente 250 millones de dólares. Con una retórica llena de falacias, el INE habla de un recorte a su presupuesto cuando es tan solo una solicitud que debe autorizar la Cámara de Diputados. El Poder Legislativo considera que se puede llevar a cabo este ejercicio de manera austera por lo que ha autorizado un presupuesto de casi 1.000 millones de dólares, 20 % menos de lo solicitado por el INE pero casi 40 % más que en 2019 y 2020.
El Congreso ha orientado el gasto a programas sociales, de salud e infraestructura tratando de crear un Estado de Bienestar y fomentar la reactivación económica y detonar el empleo formal. El INE, en cambio, tiene una burocracia dorada que gana más de 20.000 dólares mensuales y a la que no le interesa apretarse el cinturón bajo ninguna circunstancia, ni siquiera después de las crisis sanitaria y económica provocadas por la pandemia.
Antes de pensar en reducir sus sueldos y cortar con sus privilegios o quizás buscar ser más creativos y eficientes en los gastos de la institución, Lorenzo Córdova y gran parte de su equipo se van por la fácil y le cargan sin miramientos los costos a la ciudadanía. Nada de austeridad, nada de bajarse los sueldos, nada de ser eficientes en el gasto. No. Prefieren no respetar ni acatar las decisiones del Legislativo e irse a tribunales para mantener sus privilegios y usan de pretexto que el dinero se necesita para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato.
El INE viola la Constitución con sueldos de privilegio y ahora dice a los cuatro vientos que volvería a desobedecerla y no realizará un ejercicio de democracia participativa establecido constitucionalmente si es que no se les da más dinero. Más dinero o menos democracia es lo que argumentan en una muestra de su chantaje y de que la democracia mexicana es rehén de un grupúsculo de funcionarios que viven fuera de la realidad social.
Lorenzo Córdova es un émulo del despótico Luis XIV y nos dice a los mexicanos "la democracia soy yo". Urge una reforma electoral que ponga fin a estos abusos que van en contra de las decisiones de las mayorías y de la democracia misma.
@BuenrostrJavier
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