El pasado martes, el Instituto Nacional Electoral (INE) avaló las casi tres millones de firmas ciudadanas que son necesarias para llevar a cabo el ejercicio de democracia participativa más importante en el México contemporáneo: la revocación de mandato del presidente.
Cuando Andrés Manuel López Obrador era alcalde de la Ciudad de México se sometió a dos referendos revocatorios y, aunque estos no tenían carácter vinculante, la aprobación para que siguiera en el cargo fue contundente. Ahora, busca un escrutinio a mitad de su sexenio y, en caso que la gente evalué negativamente su trabajo y le baje el pulgar, está dispuesto a irse a su casa, algo que parece poco probable considerando que cuenta con más del 65% de aprobación, según las últimas encuestas.
La revocación de mandato fue una promesa de campaña que López Obrador pretende cumplir. Pero mucho más importante que la promesa de campaña está el precedente que se quiere dejar. López Obrador suele repetir de manera constante que en una democracia la soberanía reside permanentemente en el pueblo, y así como el pueblo pone, el pueblo tiene el derecho de quitar a sus gobernantes. Por eso, pretende institucionalizar y heredarle a la democracia mexicana el más importante instrumento de participación popular, más poderoso incluso que las elecciones, y eso es la revocación de mandato para quitar a los malos gobernantes.
Hay voces que están en contra de la revocación de mandato. Dicen que es un ejercicio inútil considerando la popularidad con la que cuenta López Obrador. Sin embargo, esas mismas voces clamaban por la revocación en los comienzos de la administración; nunca pensaron que la popularidad del mandatario mexicano seguiría siendo tan alta pasando la mitad de su gobierno. Pierden de vista que lo importante no es hoy, sino el legado que habrá para el futuro. Se están sentando las bases para una democracia participativa que castigue en tiempo real las malas administraciones.
También existen opiniones en contra de la revocación de mandato porque no quieren que la medida se extienda a los gobernadores de los 32 estados o a todos los y las alcaldes y presidentas y presidentes municipales del país. La revocación de mandato debe contemplarse para todos ellos, lo cual traería indudables beneficios democráticos para que estos gobernantes no se sigan comportando como virreyes o señores feudales que no le dan cuenta a nadie y mucho menos a la ciudadanía.
A pesar de los muchos beneficios y aportaciones que la revocación de mandato tiene para fomentar una cultura democrática en nuestro país y que nadie en su sano juicio se opondría a mayor democracia, es de sorprender que el principal obstáculo para que se lleve a cabo este mecanismo es, paradójicamente, el Instituto Nacional Electoral (INE), que se ha vuelto rehén de los caprichos de su consejero presidente Lorenzo Córdova.
Primero, el INE pretendió obstaculizar el conteo de firmas que solicitaban la revocación. Al darse cuenta de la entusiasta participación popular y que las firmas no serían un problema, decidió argumentar que no tiene el presupuesto necesario para llevar a cabo la consulta popular que, dicho sea de paso, es una obligación constitucional. O sea, el árbitro electoral pretende desobedecer la Constitución argumentando que no tiene dinero.
Pero es totalmente falso que el INE no tenga dinero. El órgano electoral cuenta con un presupuesto mayor a los 1.000 millones de dólares por año. De hecho, el presupuesto del INE es mayor que el de 13 países de Latinoamérica juntos (Colombia, Perú, Argentina, Ecuador, Chile, Panamá, Costa Rica, Honduras, Bolivia, Guatemala, Uruguay, Nicaragua y Paraguay), y todavía sobran más de 100 millones de dólares. No solo eso, sino que a pesar de ser una institución pequeña, tiene a más de 100 funcionarios que ganan más que el presidente, algo que es inconstitucional.
Lorenzo Córdova y los otros consejeros electorales que alegan que no hay dinero en el INE perciben salarios superiores a los 10.000 dólares mensuales, además de contar con vehículos de lujo, choferes, comidas pagadas y seguros médicos privados. Cuando se le preguntó de manera directa a Lorenzo Córdova si estaba dispuesto a poner su granito de arena para la consolidación de la democracia en México y renunciar a estos privilegios como ya lo hizo toda la administración de López Obrador, la respuesta de Córdova fue contundente: no estaba dispuesto a ceder ni un ápice en sus privilegios, pero sí quiere que el gobierno de México les dé cada vez más dinero a ese barril sin fondo en el que se ha convertido el INE.
El INE está aferrado a pedir más dinero en lugar de realizar ahorros en los gastos onerosos y superfluos que hay en su presupuesto. Después del conteo de firmas, inmediatamente presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuatro recursos referentes a la revocación de mandato presidencial.
Uno de esos recursos es en contra de la propia Suprema Corte que, el pasado 22 de diciembre, le ordenó continuar con el proceso de consulta de revocación de mandato. El INE ya está en una actitud de abierto desacato de las leyes y la Constitución.
Faltan casi tres meses para la revocación de mandato que tendrá lugar el 10 de abril y, a pesar de sus pataleos, Lorenzo Córdova y el INE están obligados a realizar la consulta. Aducir cuestiones de presupuesto, siendo que el suyo es mucho mayor que el de 13 países latinoamericanos en su conjunto o con los salarios extremadamente elevados de sus funcionarios, es una burla para el pueblo de México y la democracia y un desprecio por la legalidad y el Estado de derecho.
Estamos seguros de que la revocación de mandato se llevará a cabo y que la democracia participativa dará un paso adelante en nuestro país y consolidará la soberanía del pueblo de México, que es donde reside el poder en una democracia. Todo esto gracias al tesón de López Obrador, que se reafirma como autentico demócrata, a pesar de que el árbitro electoral ha resultado ser un verdadero lastre para la democracia mexicana que debería ser su razón de ser.
@BuenrostrJavier
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