Guatemala es uno de tantos Estados fallidos arrasados por Occidente. Un lugar en el que la corrupción, las pandillas, la pobreza, la desigualdad, la desnutrición y la mortalidad infantil patrullan las calles para impedir cualquier atisbo de regeneración.
Un director penitenciario para sustituir a un cómico y no cambiar nada
El país centroamericano acaba de elegir, muy a su pesar —58% de abstención—, a Alejandro Giammattei como nuevo presidente, aunque no asumirá hasta el 14 de enero de 2020. Este antiguo director penitenciario (un médico conservador de 63 años, sin experiencia política) sustituye a un cómico —Jimmy Morales— tras derrotar a la 'Evita de Guatemala', quien fuera primera dama entre 2008 y 2012, cuando Álvaro Colom era presidente: Sandra Torres. No lo hace por aclamación popular, sino que su victoria se debe en gran medida, en un caso que guarda ciertas analogías con el de Donald Trump, a la impopularidad de su contrincante. Sin embargo, pocos son los que creen en Giammattei.
Jimmy Morales, elegido presidente en 2015 y que comenzó su mandato en 2016, prometió desarticular la corrupción, pero lo que desmanteló fue la comisión que se encargaba de descubrirla —CICIG, Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala—, hasta el punto de que la fiscal Thelma Aldana, responsable de destapar numerosos casos de corrupción y que llegó a promoverse para la presidencia, ha tenido que abandonar el país.
Giammattei ha decidido mantener la expulsión de la CICIG y esta deberá abandonar el país el próximo mes, decisión que no solo interesa a los poderes, sino también al recién elegido presidente. No obstante, la CICIG llegó a relacionarlo con casos de ejecuciones extrajudiciales. Y es que parece que casi todo está podrido en las élites guatemaltecas.
La expulsión de la CICIG
Para hacernos una idea de la importancia de la CICIG, convendría viajar al pasado cercano. El 25 de abril de 2015, con el casual recuerdo de los claveles portugueses, varios miles de personas se manifestaron contra la corrupción en la Plaza de la Constitución de la capital de Guatemala, en un acto que guardó cierta similitud con otros movimientos populares desarrollados en otras partes del mundo en los últimos años. La concentración tuvo lugar tras la revelación de investigaciones realizadas por la CICIG que vinculaban con episodios corruptos al entonces presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina; a su vicepresidenta, Roxana Baldetti; y al entonces candidato del partido LIDER, Manuel Baldizón.
Fue entonces cuando el establishment guatemalteco, responsable en gran medida de la corrupción, la violencia, la pobreza y la desigualdad, ejerció todo su poder para defenestrar a la CICIG. Una expulsión cuya consecuencia más relevante será que el sistema judicial guatemalteco quedará a merced de las mismas élites que expolian el dinero público y amparan el crimen organizado.
La migración
En el último año, a consecuencia del fracaso popular para cambiar el país, la migración guatemalteca se multiplicó de forma exponencial, pues más de 250.000 ciudadanos de ese país centroamericano llegaron a la frontera de México con los Estados Unidos y una gran cantidad de migrantes fueron detenidos en el muro policial que ya conforma México para Estados Unidos. Además, a esta situación hay que añadir que Guatemala, por medio del presidente saliente, Jimmy Morales, ha firmado un acuerdo con Estados Unidos para convertirse en un Estado policial y fronterizo al servicio de Estados Unidos, lo que provocará que deba también cargar no solo con sus migrantes, sino también con los procedentes de El Salvador y Honduras. Nadie es capaz de explicar muy bien cómo será capaz de hacerlo.
Giammattei se ha opuesto al impopular acuerdo, pero nadie cree que vaya a ser capaz de revertirlo. No mientras Donald Trump gobierne en Estados Unidos y menos aún en un período tan cercano a las elecciones presidenciales norteamericanas (noviembre de 2020).
Un Estado fallido
La situación en Guatemala se aproxima a la catástrofe humanitaria, siendo las áreas rurales las más afectadas y el lugar de procedencia de la mayoría de los migrantes. Los recursos son escasos; la presencia del Estado, inexistente; el crimen organizado, poderoso; y la presión de los grupos de poder para implementar proyectos mineros e hidroeléctricos, casi insostenible. Una muestra de la explosiva situación la encontramos en una información de Global Witness, que asegura que durante el año 2018 hasta 16 activistas medioambientales fueron asesinados.
Como ya comentábamos en un post reciente, el último Informe Nacional de Desarrollo Humano, elaborado por la ONU (PNUD) en Guatemala (octubre de 2017), asevera que más de tres millones de personas viven en pobreza extrema —el 17 % de la población total— y casi 12 millones de personas —un 67 % de la población— "sufren carencias que vulneran su bienestar". Además, el documento señala que se ha producido un marcado deterioro de las condiciones de vida entre 2006 y 2014, y que los niveles de pobreza y desigualdad son tan elevados que "evidencian que el modelo de desarrollo adoptado no ha sido efectivo para promover el bienestar de la mayoría de la población".
Estados Unidos y Occidente consintieron
Las presiones y las maniobras oscuras de las élites para dinamitar una nueva Guatemala se han perpetrado en la oscuridad mediática del capitalismo, de la globalización y de Estados Unidos, para quienes los enemigos son Venezuela, Cuba e Irán. Pero lo cierto es que un foco mediático sobre Guatemala, como el que ilumina —y casi achicharra— a Venezuela, hubiera permitido que el movimiento popular guatemalteco cristalizara en un nuevo gobierno que construyera un país mejor.
De aquellos gritos desesperados y de aquellos lacerantes silencios, estos movimientos migratorios. Cuando los guatemaltecos, como hondureños y salvadoreños, comenzaron a huir con destino a Estados Unidos, lo hicieron en gran medida porque Occidente, porque el capital, no permitió que el país cambiara.
Estados Unidos y Occidente, además, se aprovecharon de ello. De hecho, Estados Unidos es el primer y más importante socio comercial de Guatemala, con 4.190 millones de dólares en exportaciones y 5.440 millones de dólares en importaciones. La mayoría de las exportaciones guatemaltecas se centran en los productos agrarios (plátano, café, azúcar de caña o aceite de palma) y en menor medida los productos textiles (suéteres, pullovers y artículos de punto), mientras que las importaciones se basan en derivados del petróleo, vehículos, caucho, medicamentos o aparatos médicos.
Estados Unidos podría haber catalogado a Guatemala como la 'Troika del mal', pues el círculo vicioso es casi un tornado en el país centroamericano, y haber amenazado con una intervención militar en el caso de continuar el desmantelamiento de la CICIG. Incluso podría haber bloqueado económicamente el país, ya fuera de forma sectorial o total, o podría haber amenazado con imponer aranceles y sanciones internacionales en el caso de continuar la corrupción, la violencia, la pobreza o la desigualdad. No lo hizo.
Europa podría haberse sumado a la presión norteamericana y haber otorgado un plazo de ocho días para la apertura de un proceso constituyente que garantizase la construcción de un Estado de derecho, que permitiera a los guatemaltecos terminar de una vez por todas con todos los males que la desgarran, no ya a Guatemala, sino a gran parte de América Latina y el Caribe (y el planeta). No lo hizo.
Si ello hubiera sucedido, el flujo migratorio —que no es el problema— sería mucho menor y los guatemaltecos querrían vivir en Guatemala, no huir despavoridos de ella. Pero los negocios no serían tan lucrativos y el mundo quizás fuera demasiado justo.