Nada se ha salvado de la codicia de Occidente. Según la época y los diferentes intereses existentes, los occidentales se han apoderado de todo cuanto han deseado durante siglos. Y no ha sido poco: oro, plata, petróleo, recursos naturales, tesoros arqueológicos o seres humanos han sido arrancados de sus raíces para lucro y beneficio del mundo Occidental. Un expolio que hoy todavía continúa en forma de explotación laboral.
Uno de los muchos ejemplos sobre esta práctica que condena a millones de personas a vivir en condiciones infrahumanas la encontramos en la explotación laboral que imponen las grandes multinacionales textiles, las que nos visten. Una forma de esclavitud que no encuentra remedio ni voluntad de enmienda.
En los últimos días, el Worker Rights Consortium (WRC), con sede central en Washington D.C., ha desvelado que las grandes multinacionales occidentales contratan a proveedores en Karnataka, estado del suroeste de la India, que no respetan las condiciones laborales mínimas que los trabajadores deberían tener para poder vivir con una cierta decencia –varias de estas empresas son Nike, Zara, H&M, Puma, Tesco, C&A, Gap o Marks&Spencer–.
En total, más de 400.000 trabajadores de la confección habrían estado cobrando por debajo del salario mínimo legal establecido por el estado indio desde, al menos, abril de 2020. Fue en ese momento cuando las fábricas de confección se negaron a aumentar el salario de los trabajadores en 417 rupias mensuales, unos 4,92 euros, por lo que el salario de casi medio millón de personas quedó por debajo del salario mínimo establecido.
Según las informaciones, a estos trabajadores se les adeudan a cada uno de ellos casi 8.500 rupias –algo así como 100 euros–, lo que supondría un total de 48 millones de euros. Esta situación habría llevado a muchas familias, ya de por sí en paupérrimas condiciones, a rebajar todavía más los estándares de su alimentación, llegando a prescindir de verduras y basando sus ingestas, únicamente, en arroz con salsa. Un infierno –interminables jornadas de trabajo por un plato de arroz– que dura ya casi dos años y que guarda diabólicos paralelismos, salvando las distancias, con lo acaecido en lo más oscuro del siglo XX.
Este caso, además, vuelve a exhibir la falta de voluntad de las grandes empresas occidentales por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de las fábricas en las que se confeccionan las prendas que usamos a diario. No obstante, no se trata de un episodio que haya alcanzado a los medios tras una investigación periodística, sino que el caso ha llegado incluso a los tribunales indios, donde las empresas contratadas por las grandes multinacionales han sido condenadas a pagar las cantidades adeudadas por el Tribunal Superior de Karnataka.
Sin embargo, las empresas, siempre reticentes a mejorar las condiciones laborales, siguen pleiteando para retrasar lo máximo posible el pago de los salarios atrasados sin que ello le suponga problema alguno con las grandes multinacionales occidentales, las cuales solo se interesan por el precio, la calidad y la fecha de entrega. De lo contrario, tras veinte meses de litigio entre trabajadores y empresas, habrían intervenido forzando el pago de las cantidades adeudadas a los trabajadores.
Baste señalar que el salario mínimo del mencionado estado indio, Karnataka, según las informaciones publicadas, no llega a los 50 euros al mes –el salario mínimo establecido para todo el país en agosto de 2019 se sitúa en 2,6 euros al día, pero en algunos estados es inferior–. Unas condiciones que de por sí ya deberían ser consideradas inadmisibles por las grandes empresas occidentales, pues, aun cuando recibieran el salario mínimo, que no llega a 50 euros, este se sitúa diez veces por debajo del salario medio indio, que supera los 400 euros mensuales, y entre 30 y 50 veces por debajo de los salarios medios en EE.UU. o Europa.
Ante las informaciones publicadas, los representantes de las grandes marcas afirman que han dejado claro a sus proveedores que deben pagar el salario mínimo exigido por la ley. Por ejemplo, la marca española Inditex, propietaria de Zara, afirmó que "tiene un código de conducta estricto, que exige que todas las fábricas de nuestra cadena de suministros paguen salarios mínimos legales", por lo que "estamos contratando unos proveedores en la región a los que estamos urgiendo a que paguen el salario mínimo". Además, "los salarios siempre deben ser suficientes para satisfacer al menos las necesidades básicas de los trabajadores y de sus familias".
Pero la realidad es que a las grandes empresas lo único que realmente les importa es obtener grandes beneficios, ya que la explotación de trabajadores solo pasa a ser considerada relevante cuando causa efecto en los balances contables, es decir cuando repercute en las ventas de forma negativa.
No es casualidad que, en la mayoría de los casos, los dirigentes de estas grandes multinacionales sean personajes sin ningún tipo de escrúpulos. Un ejemplo de ello es el español Amancio Ortega, uno de los hombres más ricos del mundo según la lista Forbes, y que recientemente ha sido vinculado a dos grandes escándalos. El primero apareció en el mes de junio cuando se supo que poseía dos cuentas en Luxemburgo valoradas en 1.300 millones de euros; y, el segundo, más reciente, cuando se desveló que habría adquirido un yate mediante empresas creadas en Malta en 2008 para ahorrarse 25 millones de euros. Escándalos que, desgraciadamente, son maquillados por la mayoría de los medios de comunicación, que participan de las grandes campañas mediáticas que promueven una imagen filantrópica tanto de Amancio Ortega como de la mayoría de las personas más ricas del mundo. Informan a la ciudadanía del desembolso en acciones filantrópicas de una pequeñísima parte de lo que deberían pagar en impuestos.
Aunque sea un aspecto a reseñar, la cuestión principal no gravita alrededor de personas, sino de toda una civilización, la occidental, que tiene interiorizada una visión supremacista del planeta y de la historia por la cual se arroga la propiedad de todo cuanto existe en el mundo, personas incluidas. Por ello, las grandes multinacionales señaladas han sido protagonistas de incontables escándalos.
Uno de los últimos, en el que de nuevo Zara, H&M o Nike han sido salpicadas, lo encontramos en la deforestación del Amazonas, tal y como denuncia Greenpeace. Y es que dichas empresas están, junto a muchas más –un centenar– involucradas en la destrucción del Amazonas mediante la multinacional brasileña JBS, una empresa ganadera.
Pero como decía, el listado es interminable. Por ejemplo, en 2016, proveedores de Zara y de otras grandes empresas contrataron de forma ilegal en Turquía a refugiados de la guerra de Siria, algunos de ellos menores de edad, a los que sometían a jornadas de trabajo interminables por poco más de un euro la hora. Entonces, Zara afirmó que "se está remediando", en referencia a la situación de explotación de estos trabajadores, pero lo cierto es que, cinco años después, colisionamos con la misma problemática.
Una explotación laboral que no ha cesado en el Magreb –Zara explotaba a marroquíes durante 65 horas semanales por 178 euros en 2012–, Asia –Zara pagaba 1,3 euros la hora por 68 horas semanales en India en 2016– o América Latina, donde los escándalos no han sido menores ni pocos.
En el año 2013, la filial de Zara en Argentina fue denunciada por la ONG 'La Alameda' por explotación laboral en tres talleres en Buenos Aires, en los cuales incluso trabajaban menores e inmigrantes bolivianos. El mismo patrón que unos años antes se encontró en Brasil, donde en 2011 la filial de Inditex pagó una multa de 1,4 millones de euros por explotación laboral. Y el mismo patrón que años después, en 2017, cuando la Fiscalía argentina imputó a una empresa afín a Inditex por el régimen de esclavitud al que sometió a un trabajador –diecisiete horas diarias– para la reforma de un local de Zara en Buenos Aires.
Como siempre, Occidente escribe con muy buena letra mientras azota con muy buen látigo: redacta el Acuerdo de Bangladesh o la ley francesa de diligencia para las empresas, pero no se preocupa de su cumplimiento. Incluso promueve campañas de blanqueamiento en los medios de comunicación que les permiten restablecer su imagen mientras siguen esclavizando a millones de personas en todo el planeta. El gran ejemplo de este tipo de iniciativas es ACT (Acción, Colaboración, Transformación).
Y es que muchas de las empresas señaladas forman parte de esta iniciativa, aparentemente revolucionaria, pues tendría como fin la mejora real de las condiciones de vida de los trabajadores de las grandes empresas mediante la potenciación de sindicatos. Esta propuesta fue presentada a los ministros de trabajo del G-20 durante el verano de 2017, hace más de cuatro años, aunque, como vemos, ha servido de muy poco, salvo para que muchas grandes marcas mundiales luzcan orgullosas su sello de buenas prácticas en sus páginas web, como es el caso de la española Inditex, que presume de pertenecer a esta iniciativa.
Este tipo de acciones suelen estar convenientemente impulsadas por medios de comunicación subordinados. Una muestra de ello la encontramos en la revista 'XL Semanal' del diario español 'ABC', que en noviembre de 2018 aseveró al respecto de la iniciativa ACT que "está teniendo lugar un cambio generacional entre los propietarios de las compañías de moda. Gigantes como C&A, H&M, Tchibo o Zara son, en mayor o menor medida, empresas de propiedad familiar. Los hijos o nietos de los fundadores quieren cambiar las cosas".
Sin embargo, mientras el objetivo fundamental de la iniciativa ACT se basa en potenciar a los sindicatos, la realidad se muestra muy diferente. Así, por un lado, la señalada publicación afirmaba que "una nueva generación de directivos textiles está cambiando el rumbo del negocio. Se denominan a sí mismos 'la tercera generación'. A diferencia de sus antecesores no quieren ocultar o minimizar los abusos, aspiran a introducir cambios profundos. En vez de recurrir a controles externos, su intención es reforzar el papel de los trabajadores y sindicatos en las propias fábricas. A fin de cuentas, son ellos los primeros en saber si a las costureras las obligan a trabajar en domingo, si no se pagan horas extras o si sufren abusos sexuales".
Pero, en junio de 2020, en plena pandemia, trabajadores de las factorías de Zara en Myanmar escribieron una carta a Amancio Ortega en la que denunciaban que llevan años haciendo la ropa de Zara sin que la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores fuera una preocupación. No solo eso, sino que denunciaban, y esto es lo más importante, la represión que recibían los representantes sindicales, despidos incluidos, y en las dificultades con las que se encontraban los trabajadores que pretendían denunciar las condiciones laborales en las que se encontraban.
Un carta que, de nuevo, volvía a evidenciar que la verdadera intención de las grandes multinacionales, incluida Inditex de Amancio Ortega, como cuando en siglos pasado se prohibió la esclavitud sobre un papel sin que ello tuviera efecto sobre la realidad, dista mucho de la salud y el bienestar de los trabajadores de sus fábricas.
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