Las parlamentarias ya tienen fecha en Venezuela: ¿y ahora qué?

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El nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) realizó varios anuncios esta semana, entre ellos el de convocar los comicios parlamentarios para el 6 de diciembre.

En ese contexto, las medidas tomadas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) hace semanas y la declaración del presidente Nicolás Maduro de estar dispuesto a someterse a referendo revocatorio en 2022, parecen generar un ambiente propicio para establecer una nueva hoja de ruta electoral que intentará sacar a Venezuela de la crisis política actual. ¿Se logrará?

Sacudón al tablero político

La más desafiante de las decisiones fue la tomada por el TSJ. A mediados de junio, el Tribunal ordenó intervenir a los dos principales partidos de oposición: Acción Democrática (AD) y Primero Justicia (PJ), en un fallo que también contempló el nombramiento de sus directivas.

Ni en los momentos de mayor déficit democrático el país se había encontrado con una decisión tan ultrajante para el sistema de partidos y el pluralismo. Por eso, es lógico que recibiera una enconada reacción de parte de la militancia y el ambiente político general.

Pero es igual de cierto que las directivas de esos partidos venían de participar de manera abierta en golpes de Estado, como el del 30 de abril de 2019, cuando dieron la cara en plenas acciones militares. De igual forma, han jugueteado constantemente con la posibilidad de una invasión por parte de EE.UU. y han hecho llamados reiterados a la abstención en los últimos procesos electorales, eso sin contar que no han sido capaces de rechazar atentados terroristas, como el intento de magnicidio de 2018.

Entonces, ¿por qué no dejar inhabilitados a ambos partidos, tal como estaban en las últimas elecciones? ¿Por qué levantar polvareda y develarse como Estado autoritario forjando una intervención tan grosera?

La respuesta guarda relación con los anuncios más importantes del nuevo CNE. La directiva informó que aumentará el número de diputados de la Asamblea Nacional, de 167 a 277, y creará un modelo de voto lista nacional (que anteriormente solo operaba para las regiones), y que de hecho no se encuentra en la Constitución.

Hacemos otra pregunta ingenua: ¿qué gana el oficialismo con tomar medidas fuera de la Constitución, si ya los líderes opositores han dicho que no participarán, y se abre el camino para que el chavismo arrase en unas elecciones con altísima abstención?

La respuesta a estas preguntas se relaciona con la nueva estrategia de Maduropara intentar sacar al país de la crisis política.

La nueva ruta electoral.

El oficialismo ha establecido un nuevo rumbo comicial y político, no solo con el anuncio de las parlamentarias, sino también con la apertura de posibilidad de un referendo revocatorio del cargo presidencial, que podría realizarse, según la Constitución, en 2022.

Para este propósito también ha trazado un nuevo escenario político en el que la oposición sufre, de facto y con medidas judiciales, una transformación radical en su seno. Esta metamorfosis ha contado con aliados internos.

El TSJ nombró como presidente de AD a su antiguo secretario de organización, Bernabé Gutiérrez, quien a su vez es hermano de José Luis Gutiérrez, el nuevo rector principal del CNE. Por otra parte, designó a la cabeza de Primero Justicia a José Brito, quien lideró la división de la facción parlamentaria opositora que provocó la sustitución de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional, lo que permitió a Luis Parra asumir la jefatura del Parlamento.

Estos sectores han sido tajantes los últimos días en criticar el abstencionismo opositor, que consideran que ha atornillado a Maduro en el poder.

Una vez entregadas las tarjetas electorales de los principales partidos a facciones que han entablado negociación con el gobierno, estas tendrán que recomponer internamente a sus propias organizaciones políticas, bajo amenazas de sanciones de EE.UU. e insultos de sus antiguos caudillos. Es allí donde se entienden algunas medidas del nuevo CNE.

Un número elevado de cargos de elección popular va a permitir a los nuevos jefes de partidos, nombrados por el TSJ, negociar con dirigentes regionales y nacionales la posibilidad de salir como diputados, y con ello intentarán mantener las estructuras existentes, una vez desalojados los actuales caudillos.

Bajo estas condiciones, los dirigentes regionales y nacionales de estos partidos podrán decidir si quieren participar en la contienda e intentar ser diputados (o gobernadores y alcaldes en 2021) usando las tarjetas de sus partidos, en vez de estar presionados por las directivas de declararse abstencionistas, como ha ocurrido hasta ahora. En el pasado, muchos de esos aspirantes a cargos de elección han tenido que buscar una tarjeta electoral alternativa para participar en comicios, modalidad usada por todos los alcaldes y gobernadores de oposición que actualmente están en posiciones de poder.

Con esto, el gobierno de Maduro crea condiciones para asistir a unas elecciones en las que la oposición —o al menos sus siglas históricas— pueda participar. De esta manera, si definitivamente se realiza el referendo revocatorio presidencial en 2022, un eventual triunfo del antichavismo no inauguraría una era de revanchismo, sino que daría paso a una transición controlada, donde el movimiento bolivariano pueda cohabitar como organización legítima, sin sufrir persecuciones.

Por un lado, la estrategia oficial puede leerse como una señal antidemocrática que amaña la voluntad de decisión popular. Pero por otro, también se interpreta como un esfuerzo de Maduro por generar condiciones para una salida del poder.

En el fondo hay un miedo, lógico, de que la entrega del poder termine siendo una explosión de revanchismo, un baño de sangre y extradiciones judiciales, en vista de que sobre la dirigencia oficialista se ejercen cargos internacionales por "narcoterrorismo" y hasta acusaciones de genocidio, ninguna de estas probadas, pero constantemente divulgadas por importantes factores geopolíticos. 

¿Funcionará esta estrategia?

El anuncio de Maduro de abrirse a la posibilidad de un referendo revocatorio en 2022 es el principal aliciente para que funcione esta estrategia.

De emplearse esta figura constitucional contra el presidente, las probabilidades de que Maduro sea derrotado son bastante altas, primero porque el tipo de sufragio de un referendo,  dividido entre afirmativo y negativo, unifica automáticamente al antimadurismo, entre quienes también habría chavistas.

Y segundo porque, según reza la Constitución, la oposición tendría que sacar más votos de los que Maduro sacó en 2018, algo relativamente sencillo, debido a que la derecha superó los 7,7 millones de sufragios en 2015, cuando arrasó en las elecciones parlamentarias.

Este incentivo para la oposición no ha levantado muchas expectativas, aunque quizá podría despertarlas en su momento. Por ahora, el riesgo de la estrategia oficial de intervenir la oposición y ofrecer mayores posibilidades a las facciones con las que ha entablado diálogo, puede incluso generar una mayor abstención y hundir todo el sistema electoral en un descrédito generalizado.

El fantasma de la abstención se acrecentó cuando el 54 % de los inscritos en el registro electoral no acudieron a la cita del CNE, en la que Maduro resultó electo en 2018. A partir de allí, el tema de la legitimidad se ha convertido en un problema para el accionar político de las fuerzas oficiales, lo que no les ha impedido gobernar, pero sí ha profundizado la crisis política nacional.

La abstención es el principal obstáculo para la nueva ruta política diseñada por el oficialismo. Es de esperarse que en las parlamentarias, la ausencia en las urnas sea mayor, debido a que es un comicio que no levanta la misma expectativa que uno de carácter presidencial.

Sin embargo, una abstención generalizada, impulsada por las últimas decisiones de apartar a los líderes históricos de los partidos, puede terminar de hacer ver que el chavismo en el poder no cuenta con la legitimidad mínima y se sostiene, no por decisión popular, sino por medidas judiciales que apartan a sus posibles contendores de fuerza y solo permiten la participación de sectores pequeños, desconocidos y con quienes pactan algún tipo de acuerdo político.

También podría ocurrir lo contrario, es decir, que estos sectores opositores moderados, en su afán de asistir a la cita electoral, terminen de convocar a los militantes de su partido y den una sorpresa en las parlamentarias, que les permita abrir el escenario de un cambio en la correlación de fuerzas, tanto en las regionales de 2021, como en el posible referendo de 2022.

El nuevo CNE ha comenzado a despertar reacciones colocando la fecha del 6 de diciembre para las parlamentarias.

Esto abre las incógnitas sobre si el evento podrá reabrir un nuevo escenario de lucha política y democrática en Venezuela, o si, por el contrario, va a radicalizar posiciones y perpetuar el enfrentamiento que tiene sumido al país en una crisis inédita.