¿Son las protestas en Colombia un plan de las FARC? ¿Está el presidente Maduro intentando desestabilizar Colombia? ¿Son los guarimberos (opositores) venezolanos quienes catalizan el vandalismo en las calles?
Para comprender la explosiva situación que vive Colombia estos días hay que hacer preguntas desde otro enfoque, fuera de la paranoia que persigue al 'establishment' colombiano.
¿Cómo es que un país que lleva décadas de sangre, acostumbrado a las masacres sin fin, a las fosas comunes, a los escándalos de matanzas y al narcotráfico desde la propia clase política, y que parecía acostumbrado a estos hechos, ahora con la muerte de apenas un ser humano desconocido y humilde, Javier Ordoñez, se sacude al punto de incendiar las calles bogotanas? ¿Qué tuvo que pasar para que la empolvada indignación saliera de la gaveta y la gente en la calle hiciera, de un asesinato más, el viento que encadena una tempestad indescifrable?
Hay una palabra clave para entender todo esto: posuribismo.
En Colombia el régimen uribista, que se ha mantenido en el poder durante casi 20 años, vive un proceso de deslave que ha causado la debilidad de las fuerzas políticas que hasta ahora han operado de manera impune junto al narcotráfico y el paramilitarismo. Esta flaqueza del uribismo en las principales instituciones, que han acusado al propio expresidente; en el aparato represivo, que se siente ahora interpelado, y también en las urnas electorales, donde perdió en las regionales de 2019, hace que la gente pierda el miedo y termine de demostrar su rabia ante los innumerables casos de aniquilamiento al oponente y escándalos.
Si desde hace semanas se han disparado las denuncias de masacres en diversos pueblos colombianos, reconocidas por el propio gobierno, también es verdad que las protestas sociales que comenzaron a finales del año pasado solo pudieron ser debilitadas por la pandemia y la cuarentena. Ambos fenómenos se proyectan y se precipitan hacia mayores contusiones.
Así que el choque que se produce en las calles de Bogotá no es entre actores circunstanciales en medio de una pugna coyuntural. Son dos bloques que se han equilibrado en fuerza y que van a continuar su lucha: el uribismo para mantener el status quo y las fuerzas emergentes para desalojar al uribismo de las estructuras del poder, donde se volvió fuerte y actuó con total impunidad, muchas veces usando aparatos represivos ilegales o paramilitares.
Apenas este año, se habla de 46 masacres en todo el territorio colombiano.
El pueblo colombiano no era indiferente ante lo que pasaba en las zonas rurales, con desplazamientos de campesinos, fosas comunes masivas, acuerdos públicos entre narcos y gobierno, 'ñeñepolitica'.
Hay que entender por qué después de miles de muertos, quizá cientos de miles, la gente explote por la muerte de un taxista a punto de graduarse de abogado. La clave: el salvaje asesinato es difundido y no ocurre en un monte, entre uniformes militares, pobreza rural y sembradíos de coca, sino en plena calle bogotana.
El conflicto se ha venido trasladando del campo a la ciudad, donde hay un sujeto urbano irreverente dispuesto a dar la pelea, tal como lo ha demostrado desde octubre de 2019 y ahora en este septiembre pandémico. La nueva normalidad también viene con las protestas, que quedaron pausadas. Esa es la mayor muestra de que el uribismo ya no hegemoniza al país. Antes llegó a controlar, a medias, la esfera rural en connivencia con grupos ilegales, mientras las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC) ocupaban otro tanto y las ciudades dormían una siesta uribista.
Ahora, el uribismo ya no puede controlar las calles cercanas a los centros de poder. Los manifestantes queman las estaciones de policía y sus funcionarios son declarados enemigos de la ira popular. Los personajes del uribismo, el propio Uribe y el presidente Duque, son señalados como responsables.
El uribismo no sólo está en problemas de gobernabilidad. Entra también en una fase en el que está siendo criminalizado.
El gobierno de EE.UU., el gran aliado del uribismo, desclasificó información a finales de mayo que vincula a Uribe con el financiamiento de carteles de la droga. Esto no hace sino acelerar el proceso que ya viene desarrollándose desde hace casi un año.
Al perder importancia el conflicto armado, producto de la firma de la paz con las FARC en 2016, la conflictividad se mueve hacia agendas de mayor contenido social y menos carácter ideológico. Emerge la protesta social, especialmente la urbana, lo que descuadra las formas tradicionales con las que se venía configurando la política, que tenía como escenario central la lucha armada rural, o bien en los propios enfrentamientos o bien en las mesas de negociación, pero siempre en torno a las guerrillas y especialmente a las FARC.
Con la fricción entre Juan Manuel Santos, expresidente que ganó en dos períodos impulsado por los votos de su antecesor, y Uribe, la alianza con las oligarquías se resquebrajó. La firma del acuerdo de paz hizo ver que había una clase dirigente que quería producir otra imagen para Colombia que no fuera la violenta que se impuso durante la guerra interna existente por varias décadas, pero que llegó a su clímax en los últimos años del pasado siglo y los primeros de este.
La ruptura de Santos y Uribe, cada vez más manifiesta, es la de la clase oligárquica histórica y la clase oligárquica emergente. Es una escisión en el bloque hegemónico que va a traer consecuencias políticas. Más que la punta del iceberg, lo que estamos viendo es un sismógrafo en plena época de terremotos: estos pueden bajar o subir en intensidad pero, aunque se detengan, van a volver.
El conjunto de decisiones que estamos viendo en diversas instituciones, y que llega a su punto máximo con la decisión de la Corte Suprema de Justicia del 4 de agosto que determina la prisión en casa de Uribe, es reflejo de esa fisura interna al bloque de poder dominante. Para salir del pleito legal, el expresidente ha tenido que renunciar al Senado. Un repliegue personal muy costoso a su figura.
En el mes de junio, el Tribunal de Cundinamarca; el presidente del Senado, Lidio García Turbay (cercano al uribismo), y el Consejo de Estado confrontaron al presidente Duque debido al ingreso de tropas estadounidenses a tierras colombianas. La alta institucionalidad viene cuestionando las alianzas del uribismo, incluso con los militares de EE.UU.
Pero la principal debilidad del uribismo quedó demostrada con la derrota electoral de las regionales de octubre de 2019, porque enseñó que ya no era ese movimiento invencible, sino que venía en descenso y podía ser derrotable en el terreno donde había sido más contundente: el electoral.
A las semanas de los resultados electorales, ya en noviembre, comenzaron largas jornadas de protestas de toda índole, desde cacerolazos en urbanizaciones hasta saqueos en ciudades, incluyendo marchas y protestas violentas que llegaron a su clímax hacia finales de año con la realización de paros nacionales: el rey ya estaba desnudo.
Un estallido social como el de noviembre, diciembre y enero no se había visto hace muchas décadas en Colombia. La protesta logró una articulación de diversos sujetos politizados, como estudiantes y campesinos, con masas populares no acostumbradas a movilizarse políticamente, especialmente las mayorías urbanas, que siempre estaban a la sombra del conflicto central colombiano.
Una palabra
Para comprender estas protestas en Colombia basta con una palabra: posuribismo. Designa un momento en el que la sociedad busca un equilibrio en las fuerzas para que el militarismo (y paramilitarismo), que marcó las largas décadas de guerra social, permita la participación social que las masacres impiden.
A fines del año pasado nos llegaron imágenes impactantes en relación al nivel de radicalidad de las manifestaciones, así como su masividad. Desde cacerolazos hasta saqueos por comida. La última parte de este año seguramente también será conflictiva. Seguiremos viendo la diatriba hasta tanto no haya una salida estructural que no sea chantajeada por la violencia del uribismo. Puede que las presidenciales de 2022 queden muy lejos y haya que buscar un entendimiento próximo antes que Colombia vuelva a un panorama de guerra civil que marcó los últimos decenios.
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