El período de los diputados de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, que se inició el 5 de enero de 2015 y en el que se eligió a Juan Guaidó como líder antes de su autojuramentación como presidente interino, ha llegado legalmente a su fin. La Constitución exige que en esa fecha se elija una nueva junta directiva, y que cada cinco años el pueblo vote por un nuevo Parlamento.
El Parlamento ya se eligió el 6 de diciembre, así que los diputados salientes deben ceder sus curules, lo que acabaría con toda legitimidad del "interinato de Guaidó", que aún es reconocido por gobiernos de la Unión Europea, Norteamérica y algunos de América Latina.
Sin embargo, Guaidó ideó una "consulta" como mecanismo para perpetuar su proyecto, nadie dice por cuánto tiempo, bajo la idea de una supuesta continuidad administrativa, en franco desconocimiento constitucional.
La intención es no ceder su estatus de representantes elegidos por el pueblo en el lapso previsto por la constitución, sino prolongarlo (sin ninguna herramienta jurídica que lo permita). Para que esto no parezca una medida arbitraria, requieren legitimar la decisión en los ciudadanos mediante una "consulta" que les permita atornillarse como diputados, y conservar así la figura de "presidente" y demás cargos del interinato.
El problema de fondo para la oposición es que si la Constitución se cumpliera y los diputados cedieran sus curules, el interinato perdería todo.
Y no solo hablamos de cargos virtuales como presidente, embajadores, comisionados que han nombrado. También surgen las preguntas sobre qué sucedería con la petrolera venezolana Citgo, que ha sido cedida por Washington al interinato, igual que Monómeros en Colombia y el oro de las bóvedas del Banco de Inglaterra, cuyo control se disputa en los tribunales británicos.
Otra pregunta que queda a los gobiernos que mantengan el reconocimiento al interinato es: ¿por cuánto tiempo lo harán?
La consulta es la acción que trata de legitimar la prolongación, ahora indefinida, del simulacro de interinato. Probablemente, incluso, desde el exilio.
La consulta también le permite a Guaidó dar señales de vida después de varios meses de inactividad.
Una vez debilitadas las movilizaciones de calle que se generaron en torno a la autojuramentación a comienzos del 2019, el accionar opositor, tutelado públicamente por Washington —específicamente por Elliott Abrams, representante de la Casa Blanca para asuntos sobre Venezuela—, giró toda su atención hacia el estamento militar, generando su principal acontecimiento con el intento de golpe de Estado liderado por Guaidó y Leopoldo López, que se produjo el 30 de abril de 2019.
Frustrada la vía castrense, las miradas se trasladaron hacia la posibilidad de una intervención militar extranjera, con especial interés en declaraciones de la jefatura del Comando Sur.
Derrotado el actual presidente Donald Trump en las presidenciales, y debilitado el escenario de la intervención, el proyecto de Guaidó cayó en un limbo que apenas le permitió hacer una convocatoria abstencionista ante las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.
Realizadas las elecciones y teniendo como resultado un triunfo abrumador del partido de gobierno, a pesar de la disminución importante de su caudal de votos, la alta abstención en torno al 70 % y en medio del desconocimiento de muchos países, Guaidó apuesta por lanzar una 'prueba de vida', que busque reavivar el interés europeo y del nuevo gobierno de EE.UU. sobre Venezuela.
La convocatoria también atiende al descontento de sectores importantes, como la Conferencia Episcopal, que reclamaron a la oposición su inmovilismo y la nula efectividad del llamado a la abstención.
También es una manera de neutralizar la corriente de Henrique Capriles que, similar al sector eclesiástico, exige participación electoral. No obstante, en recientes declaraciones, el excandidato presidencial, así como muchos otros líderes opositores, han rechazado la convocatoria de Guaidó y califican de 'fracaso' su gesta. Aunque varios partidos de la oposición sí la están respaldando.
Es posible que el resultado sea magro en términos cuantitativos. Otras acciones similares que ha hecho la oposición fuera del sistema legal producen una algarabía en la mediática internacional, pero muy poca efectividad en la política interna, especialmente cuando ni siquiera hay una mesa de negociaciones donde puedan culminar este tipo de actividades.
Aunque haya un pobre resultado, resulta mejor para Guaidó y su movimiento hacer algo, con todo el apoyo mundial que tiene, a no hacer nada y ceder ante el inmovilismo.
Ya la oposición ha probado eventos similares, como la Consulta Nacional del 16 de julio de 2017 para confrontar la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente por parte del oficialismo, que no han tenido tanto poder de convocatoria y han quedado en el olvido, sin saldo organizativo y con mayor frustración ante sus adeptos, a los que siempre les ofrecen salidas inmediatas.
Una vez terminada la consulta, la pretensión de continuidad administrativa puede tensar más la situación y abrir el escenario en el cual Guaidó, así como los diputados que secunden la propuesta, terminen en el exilio.
Un terreno que está abonando Leopoldo López, quien ostenta el cargo de coordinador de gobierno en el interinato y opera desde España.
¿Permitirá España un gobierno en el exilio de Guaidó o lo estimularán los halcones republicanos antes de abandonar la Casa Blanca, y así dejarle más problemas a la nueva administración?
Siguen surgiendo preguntas sobre lo que va a hacer la oposición radical y sus aliados en los tiempos venideros.
Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor y no representan necesariamente el punto de vista de RT.