Con la juramentación de la nueva Asamblea Nacional (AN) se consuma el control del chavismo en el único poder público que no detentaba y al que ha llegado, de manera electoral, con suma facilidad debido sobre todo al abstencionismo del liderazgo opositor, que le permitió obtener 256 de los 277 escaños.
Con el amplio resultado a su favor, la coalición gobernante Polo Patriótico escogió a la directiva del parlamento y a un reconocido dirigente, Jorge Rodríguez, como su presidente, lo que podría ser visto como un gesto de "moderación" debido a que es quien ha coordinado las mesas de negociación con la oposición.
En el discurso de Rodríguez primó la frase "reconciliación sin amnesia", que hace ver que el oficialismo va a abrir puertas de diálogo, pero sin borrón ni cuenta nueva, en relación a los actores radicales que desde la anterior Asamblea Nacional probaron todo de tipo de acciones para derrocar al gobierno.
El 5 de enero, las convocatorias a movilización que había hecho el diputado saliente Juan Guaidó desde el año pasado no se concretaron de ninguna forma, y demostraron nuevamente su debilidad política y su incapacidad para movilizar protestas. Apenas logró una sesión virtual del parlamento saliente, sin especificar lugar ni quórum, en el que declaran la "continuidad administrativa" de su gestión por lapsos no claramente determinados: ¿nos preparamos para un interinato vitalicio?
En todo caso, es evidente que hoy se cerró el ciclo parlamentario y comenzó uno nuevo. La única pregunta que ahora importa es si eso va a resolver en algo la grave crisis económica que ha acaecido en el país.
Puede parecer que los nuevos sucesos no indiquen mucha novedad porque el oficialismo ya controlaba el Legislativo por medio de la Asamblea Nacional Constituyente, pero podría pasar que sí se produjeran variaciones importantes tanto a lo interno del gobierno como de la oposición.
Históricamente, el parlamento venezolano termina funcionando como un órgano de respaldo o rechazo al presidente, pero poco puede desarrollar una política propia o que, al menos, genere nuevas conquistas sociales factiblemente realizables.
Pero el hecho llega en un momento en el que parece haber cambios importantes en el mapa geopolítico con la crisis del trumpismo y la nueva posición europea, que ha declarado a favor de volver a negociaciones, dos actores que sostenían la ilusión del interinato como opción de fuerza para un derrocamiento violento del gobierno de Maduro, sea por el golpe militar, tal como el que ensayaron el 30 de abril con apoyo abierto de los gobiernos de EE.UU. y España, o por una invasión militar diseñada políticamente (aunque no ejecutada) por la extrema derecha latinoamericana enquistada en los gobiernos de Colombia y Brasil.
Entonces, en este comienzo de 2021 podrían estarse alineando escenarios en el que el nuevo mapa parlamentario termine sincerando las posiciones sobre Venezuela, tanto en el fortaleza del gobierno realmente existente como en la impostura que supone el apoyo al proyecto de gobierno paralelo de Guaidó, que ya lleva dos años inmerso en una cadena de errores y sinsentidos.
Esto último ya ha producido consecuencias políticas.
La "continuidad administrativa" de la gestión de la Asamblea Nacional saliente es una decisión inconstitucional y difícil de defender jurídica o estratégicamente, un acto que no ha sido compartido por el resto de liderazgos opositores, ni radicales ni moderados, y que ha generado fisuras dentro del "gabinete" de Guaidó.
La dificultad para legitimarlo ha revivido las emociones a lo interno de los propios partidos que le apoyan, al punto que para intentar generar el consenso requerido, su "interinato" ha tenido que eliminar la figura del "coordinador de centro de gobierno" que había creado Guaidó para ubicar a su mentor político Leopoldo López, que ha tenido que salir del cargo, algo que nadie ha explicado.
Leopoldo López, hijo de un diputado del Partido Popular español, trata de ejercer funciones de gobierno paralelo durante su asilo, después que participó abiertamente en un golpe militar el 30 de abril de 2019, y se refugió en la embajada de Madrid en Caracas. Sin embargo, el político ha quedado formalmente fuera del simulacro de gobierno después de haber sido su gran impulsor debido a sus importantes contactos internacionales, especialmente en EE.UU.
La criatura del interinato ha devorado a su padre. Pero no solo eso. También está en duda el apoyo internacional que es el principal sostén de Guaidó.
Ciertamente, el lunes de esta semana el Departamento del Tesoro de EE.UU. emitió una orden en la que se sigue reconociendo a Guaidó como el actor legítimo para realizar operaciones financieras.
Resulta evidente que los republicanos salientes, especialmente el representante para asuntos sobre Venezuela, Elliott Abrams, dejan obstáculos en el camino para dificultar las maniobras al nuevo presidente Joe Biden, que deberá establecer una nueva estrategia hacia el país y su crisis.
Desde hace tiempo, varios medios estadounidenses han criticado la gestión de Guaidó y las estimaciones sobre el caso Venezuela vienen variando en la opinión publicada estadounidense. Esta misma semana, el Washington Post develó una trama de corrupción en el manejo de fondos de los funcionarios designados por Guaidó.
¿Hasta cuándo pueden sostener el simulacro?
Tampoco se conoce con certeza la postura del resto de países que apoyaron a Guaidó en 2019, pero ya se sabe que la Unión Europea, especialmente su canciller Josep Borrell, quiere dar un giro hacia la negociación.
Los gobiernos de Brasil y Colombia, entre otros, declararon reconocer a Guaidó y desconocer la nueva Asamblea Nacional, pero hasta tanto no haya una declaración clara de la política de Biden, propiamente, los discursos de estos parecen actos reflejos de lo que ha sido su postura política radical contra el gobierno de Maduro.
El presidente electo de EE.UU. ha preferido, hasta ahora, privilegiar sus contactos con líderes progresistas de la región, como Andrés López Obrador y Alberto Fernández, y es posible que Venezuela entre en las agendas bilaterales y el objetivo de esto sea bajar las tensiones prebélicas y aminorar el impacto social de las sanciones del Departamento de Tesoro del gobierno de Trump.
Pero la victoria del oficialismo no es definitiva. Ni la nueva Asamblea Nacional ni el gobierno las tienen fáciles.
Seguramente vendrán medidas de sinceración o liberalización económica y la Asamblea tendrá que respaldarlas, posiblemente por medio de una Ley Habilitante que permita al presidente Maduro mayor margen de maniobra, ahora con el respaldo del órgano constitucionalmente encargado para aprobar el rumbo de las finanzas y el endeudamiento.
Todo en medio de una crisis económica profunda y un bloqueo financiero que le impide al país vender su petróleo, ni siquiera intercambiarlo, y además tiene una industria petrolera devastada, que era la única fuente de riqueza del país.
Finalizando el año, el Departamento del Tesoro incluyó al diésel entre los rubros sancionados, un combustible imprescindible para la distribución de alimentos y transporte de personas, lo que podría recrudecer la crisis en las próximas semanas.
Ante esto la Asamblea Nacional solo puede intentar generar seguridad con el fin de reabrir negociaciones con los gobiernos del mundo. Y no solo para normalizar relaciones diplomáticas y políticas.
También para acercar a los gobiernos aliados políticos del presidente Maduro, una vez que tenga aval del órgano legislativo, para lograr respaldo financiero necesario sobre todo para reactivar a la estatal petrolera PDVSA y la producción petrolera general.
Y es allí donde está el asunto. Sin respaldo económico internacional, Venezuela no podrá salir del atolladero. Las sanciones sí han causado impacto, han alejado a los socios y pareciera que solo la negociación política con los actores geopolíticos podría ir revirtiendo esta situación, algo que es difícil debido a las formas agresivas que llevó el gobierno de Trump y que siguen siendo apoyadas por lobbies de peso, como el cubano de Florida.
Si en el escenario que se abre con la nueva Asamblea Nacional no se vislumbran avances en esto, podríamos ver más de lo mismo: una gestión presidencial con mucho poder formal, pero sin poder efectivo para confrontar los factores que producen la crisis económica, entre los cuales, como ha dicho el propio Maduro, se encuentran muchos errores internos en el gobierno que el poder legislativo debería evaluar o controlar.
Contra todo esto, el chavismo ha demostrado tener una base sólida: la unidad interna que mantienen sus fuerzas, ahora crecidas con el control del legislativo y demostrada de manera recurrente en cada coyuntura. En este caso, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, vuelve a ser diputado en la plenaria y jefe de fracción parlamentaria, sin que este enroque signifique crisis o división alguna. Lo que algún incauto podría ver como una fisura importante resulta en una compactación de las fuerzas por la forma efectiva como resuelve sus diatribas internas y mantiene su cadena de mando intacta tras cada situación de apremio.
Este ha sido el gran obstáculo de la oposición y de los funcionarios republicanos del gobierno de Trump, que intentaron por varias vías dividir un bloque de poder que logró superar cada ofensiva militar, política o diplomática.
Así por lo pronto, se vislumbra una estabilidad política en Venezuela, con la oposición liquidada y el gobierno reforzado y todas las incógnitas puestas en la situación económica.
¿Servirá el triunfo del chavismo para cambiar la situación actual?
Es difícil. Lo veremos.
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