Como un bálsamo se sintió el nombramiento por parte de la Asamblea Nacional del nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) por varias razones. La primera, porque produce una luminosa señal que indica la apertura del camino electoral para solventar la grave crisis nacional; además, la negociación lograda implica también que parte importante (no marginal) de la oposición va a intentar torcer el rumbo de radicalización y demanda de invasión extranjera, que cooptó al universo opositor durante el 'interinato' de Guaidó.
Aunque no está exento de riesgos, la vía política que se abre con esta decisión parece estar avalada por el gobierno de EE.UU. y la Unión Europea (UE), lo que significa un cambio diametral de enfoque sobre el tema Venezuela y el consecuente debilitamiento de los sectores radicales, la mayoría en el exilio, apadrinados por el halconaje durante el gobierno de Donald Trump.
El nombramiento de un nuevo CNE ha tenido lecturas positivas desde muchos sectores, internos y externos, que rechazan al presidente Nicolás Maduro y que hasta hace poco pedían su renuncia como única vía de reconocer un camino electoral.
Los nombres acordados para ocupar el cargo de rectores principales confirman lo que parecía estar ocurriendo en secreto: una negociación del gobierno con sectores importantes (no marginales) de oposición. Algo que no había ocurrido desde la autojuramentación de Juan Guaidó.
Este acuerdo puede, a partir del reconocimiento internacional, llevar al entendimiento político y bajar el grado de conflicto que se produjo en Venezuela desde 2019.
Hasta el momento, los encuentros y diálogos entre el gobierno y la oposición se llevaban a cabo con sectores muy débiles y muy poco beligerantes, en relación al resto del universo opositor. La última experiencia al respecto se llamó Mesa de Diálogo y resultó ineficaz, lo que pudo constatarse por la altísima abstención de las legislativas de 2020, que sobrepasó el 70 %, cuando en los anteriores comicios parlamentarios de 2015 había sido de apenas 25 %.
Según el resultado de la elección legislativa del año pasado, el chavismo no requería, constitucionalmente, negociar el nombramiento de las autoridades del CNE con ningún otro factor político, debido a que tenía una mayoría calificada al conquistar 256 de los 277 diputados. Es decir, contaba con los votos para nombrar todas las autoridades del órgano electoral.
Por ende, puede verse como un paso de apertura por parte del oficialismo no solo que negociara dos de los cinco rectores del CNE, sino que incluso lo hiciera con fórmulas políticas que se abstuvieron en esas elecciones parlamentarias.
Los rectores principales escogidos pertenecientes a la oposición vienen de corrientes con peso electoral importante. Por un lado, Enrique Márquez, quien quedó de vicepresidente del órgano, proviene de uno de los partidos principales de oposición (UNT), miembro del G4 (coalición de los principales cuatro partidos opositores).
A él, se suma la sorpresa del anuncio: el ingeniero Roberto Picón, quien además de ser un experto en materia electoral de la oposición, viene de estar preso durante seis meses en 2017, acusado de rebelión, traición a la patria y sustracción de objetos militares. Resulta inobjetable su procedencia política no solo opositora, sino radical. Nadie puede acusarle de entreguista o de ser parte de una oposición moderada o moldeable.
La inclusión de dos rectores principales de los cinco que tiene la directiva, y además la procedencia de ambos de partidos reconocidos y grandes, permite pensar que el gobierno de Maduro está mandando una potente señal de querer abrir canales firmes de negociación, con el fin de estabilizar la situación del país y conseguir un acuerdo internacional para desinstalar el bloqueo económico.
Peter Stano, portavoz principal del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) de la Unión Europea declaró que el nombramiento del nuevo CNE era un "primer paso y parte de un proceso". La UE reconoció a Juan Guaidó como presidente interino hasta enero de este año, pero con esta declaración cambia su enfoque y comienza a apostar por una salida electoral, cuando antes exigía la renuncia del presidente Maduro para ello.
Por su parte, la portavoz del departamento de Estado de EE.UU., Julie Chung, tuvo una posición muy moderada, apoyando una "solución negociada" y fue muy respetuosa de la decisión de los venezolanos sobre la legitimidad del nuevo CNE. Entre sus demandas no incluye la renuncia del presidente Maduro ni ningún tipo de salida violenta o insurreccional, lo que implica un cambio de gramática en comparación con el funcionariado que representaba al gobierno de Trump.
El maximalismo en torno a la salida de la crisis venezolana parece estar saliendo de la narrativa del gobierno de EE.UU. y su funcionariado ensaya otro enfoque, ya abiertamente postrumpista.
A inicios de esta semana, algunos medios afirmaron que un funcionario de la Casa Blanca les había dicho que Maduro estaría "mandando señales". Al nombramiento del CNE le precedieron otras medidas como la medida de casa por cárcel a los ciudadanos estadounidenses de la antigua directiva de Citgo, que se encontraban presos. También la decisión judicial relacionada con eventos de violación de derechos humanos, como los casos de David Pernalete, Fernando Albán y el capitán Rafael Acosta Arévalo.
Una parte importante de la oposición venezolana, que hasta ahora mantenía una actitud abstencionista, se han manifestado a favor de la designación. Henrique Capriles (excandidato presidencial), Jesús Chúo Torrealba y Ramón Guillermo Aveledo (ambos excoordinadores de la Mesa de la Unidad Democrática, triunfadora en las legislativas de 2015), y muchos otros actores de peso, han ofrecido discursos proclives a la apertura y optimistas en relación a los frutos de las negociaciones.
Incluso el propio Guaidó, aunque no reconoce al nuevo órgano electoral, ha variado considerablemente su discurso, desechando el radicalismo original, según el cual Maduro debía renunciar antes de cualquier evento electoral. Sus palabras se deslizan ahora, aun tímidamente, hacia la aceptación del escenario electoral de las 'megaelecciones' de este año, donde muchos líderes regionales y locales de la oposición exigen participar. También ha rescatado la idea de una intermediación de Noruega, una vía que había desechado.
Si algo ha eliminado Guaidó de su discurso es el famoso mantra que exigía un gobierno de transición antes de la salida electoral. Ahora tiene demandas más humildes, como la de un cronograma electoral claro. Resulta obvio que siente en carne propia el cambio de enfoque de sus principales aliados: EE.UU y Europa, que ya no lo toman en cuenta en sus comunicados. Sin ellos, su interinato no es viable.
Guaidó podría quedar vivo políticamente e incluso participar en unas hipotéticas internas opositoras. Pero hay otros actores que quedan fuera de juego.
Quien queda básicamente colgada de una brocha es la oposición radical exiliada, que hipotecó toda su fuerza en intentar una acción militar interna o una invasión foránea. Aceptar la salida electoral, como hoy lo hace Europa o EE.UU., implica reconocer que el camino abstencionista que impidió asistir a las presidenciales de 2018 y a las parlamentarias de 2020, cuando tenían grandes probabilidades de triunfo, solo le permitió a Maduro atornillarse en el gobierno y al chavismo contar con un poder que traspasa el sexenio constitucionalmente previsto.
Aceptar el camino electoral es admitir su derrota y reconocer que su fallo alejó una salida política a la crisis.
Para que funcione, este acuerdo debe mantenerse a largo plazo. Las próximas presidenciales deben efectuarse, según el dictamen constitucional, en 2024, el mismo año en EE.UU. elegirá al inquilino de la Casa Blanca.
Aunque el presidente Maduro ha recordado la posibilidad, también constitucional, de aplicar un referendo revocatorio a su mandato, que podría efectuarse a partir del 2022, la debilidad actual de la oposición hace pensar que esta opción no es muy probable llevarla a cabo de manera victoriosa para ellos.
Pero también hay que analizar que la decisión del nuevo CNE a partir de un "acuerdo político", como lo ha reconocido Maduro, también implica un cambio de imagen del chavismo.
El gobierno chavista, una vez derrotado en las legislativas de 2015 y después de decretarse el bloqueo económico a partir de 2017, terminó atrincherándose en medio de las peores acusaciones y una orquestación internacional para derrocarlo por vía violenta. Esto por medio de acciones que fueron implementadas desde Colombia, como la operación Gedeón, o apadrinadas públicamente por la Casa Blanca, como el golpe de estado del 30 de abril de 2019. Ni hablar del interinato de Guaidó, que fue reconocido por unos 50 países.
Esta decisión de permitir a la oposición la presencia en el nuevo CNE, con dos rectores principales, es una apertura política que implica un cambio de imagen hacia un oficialismo dialogante y democrático, que requiere una oposición e instituciones fuertes que garanticen los derechos políticos del chavismo, en una hipotética salida del gobierno. Y el fin del señalamiento incisivo en contra de sus figuras políticas por parte de los centros de poder político y mediático.
La decisión del fiscal general, Tarek William Saab, de juzgar a los responsables de violaciones de derechos humanos, también implica el reconocimiento de los hechos por sobre sectores radicales del chavismo que mantenían otra versión de los sucesos ocurridos.
Maduro está demostrando que tiene una mano zurda, que quiere abrirse al espectro internacional y que está aprovechando el 'momento postrumpista' para entrar en la arena de diálogo, un escenario que ha sido constantemente saboteado por la derecha radical, básicamente en el exilio.
De seguir el país esta ruta y de mantenerse en ella todos los actores involucrados, Venezuela transitará -aunque existan intentos de sabotaje por parte de los sectores radicales- hacia su estabilización política y económica, el reconocimiento internacional al ganador de las elecciones por venir y la disminución de la alta abstención, que ha convertido a un país de mucha movilización política en uno donde solo participa un sector de la sociedad.
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