En medio de muchos ruidos, el presidente estadounidense Donald Trump anunció un acuerdo "histórico" de explotación petrolera con el gobierno chavista de Venezuela, su otrora "enemigo íntimo". ¿Cómo llegamos hasta aquí?
La encrucijada del Gobierno venezolano respecto a la gestión energética y el aprovechamiento de sus cuantiosas reservas de hidrocarburos no comenzó con los acontecimientos del 3 de enero de 2026, cuando EE.UU. bombardeó Caracas y secuestró al presidente Nicolás Maduro. El deterioro estructural acumula al menos una década, signado por una crisis institucional en Petróleos de Venezuela (PDVSA) —que incluyó la sucesión y judicialización de cuatro de sus presidentes—, el impacto global del petróleo de esquisto en la baja sensible de los precios y una contracción macroeconómica caracterizada por hiperinflación.
A este escenario debemos sumar quizá el peor de los aditivos: el régimen de sanciones financieras dictado por el Departamento del Tesoro de EE.UU. a través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) entre 2017 y 2019, el cual aceleró la caída tendencial de la producción, desde niveles históricos de 2,4 millones de barriles diarios (bpd) en 2015 hasta mínimos "apocalípticos" cercanos a los 350.000 bpd en 2020, cuando sucedió el bajón mundial del comercio energético producido por la pandemia.
La imposibilidad de colocar crudo en canales formales (debido al miedo de las empresas comercializadoras a sanciones de Washington), desplazó las operaciones hacia el mercado de descuento (o negro), aplicando rebajas de entre 20 y 30 dólares por barril respecto al marcador Brent. Esta dinámica mermó de forma severa el margen de rentabilidad y alcanzó un punto crítico a finales de 2025, cuando la Armada estadounidense comenzó a interdictar y decomisar buques tanqueros de diversos países con crudo venezolano en aguas internacionales.
Tras los eventos de enero de 2026, la alianza estratégica en materia energética entre Caracas y Washington tampoco se traduce aún en una recuperación sustancial. A pesar del repunte en el comercio bilateral de hidrocarburos, la economía local no percibe un impacto directo: la tasa de extracción no muestra una expansión decidida ni se registran ingresos extraordinarios significativos para el fisco nacional, contrarrestando la narrativa pública de Trump sobre los volúmenes extraídos y la "felicidad" de los venezolanos.
La alarma
En paralelo, EE.UU. atraviesa una coyuntura crítica vinculada al agotamiento de sus reservas estratégicas de petróleo, las cuales cayeron a sus niveles más bajos desde 1983, sumado al riesgo de desabastecimiento provocado por la inestabilidad en Medio Oriente y lo que, después de seis meses, puede ser considerado la debacle iraní.
La guerra con Irán empezada por la Casa Blanca —en contraposición con las prioridades trazadas en sus documentos de seguridad nacional, publicados por este gobierno, y orientados al control privilegiado del continente americano—, ha generado una alta volatilidad y el repunte de los precios de los derivados del petróleo, elevando el galón de gasolina por encima de los 4,50 dólares en el mercado interno a pocos meses de las elecciones parlamentarias de "medio término", en noviembre de 2026.
EE.UU. atraviesa una coyuntura crítica vinculada al agotamiento de sus reservas estratégicas de petróleo.
La perturbación en los pasos marítimos clave, no solo Ormuz sino también Bab el-Mandeb, desestabilizó el mercado global. Ante este panorama, la Administración estadounidense giró su estrategia hacia Venezuela en busca de un acuerdo de emergencia que flexibilice las sanciones mediante licencias generales. El objetivo apunta a contener la cotización del combustible en el mercado doméstico ante el descontento del electorado por los precios del combustible y enviarle un mensaje de seguridad energética en medio del peor momento de riesgo de abastecimiento seguro y estratégico.
En ese marco se inscriben las declaraciones de Trump al anunciar el denominado Acuerdo Marco Energético Bilateral, aseverando que su administración ha asumido el control operativo e indirecto sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas venezolanas sin costo para el contribuyente norteamericano. Por su parte, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, matizó tales afirmaciones al confirmar que la titularidad soberana de los yacimientos no está en negociación. Precisó que el instrumento establece un marco de vigencia de 25 años y contempla la meta de elevar la extracción por encima de 1,5 millones de bpd, atrayendo inversiones estimadas en 100.000 millones de dólares e ingresos proyectados para la nación superiores a 209.000 millones de dólares.
Rodríguez detalló que el ingreso neto en efectivo por barril para la nación podría situarse en torno a los 19 dólares, en un escenario donde el precio promedio ponderado del crudo se cotice en 65 dólares. Aún no se divulga cómo se distribuiría el resto de la ganancia ni las empresas específicas que estarán presentes en la operacionalización del acuerdo. Si bien se especuló sobre la llegada de grandes multinacionales, pareciera que el esquema planteado, tan acelerado y exigente, prevé la incorporación de empresas independientes de mediano alcance.
Aunque hay dudas sobre las cláusulas operativas y de auditoría, el mercado local y la opinión pública mantienen expectativas positivas ante la urgente necesidad de atraer capital para reflotar la infraestructura petrolera deteriorada y, lo más importante, para recomponer la generación y distribución de electricidad.
Perplejidad ante el acuerdo
El anuncio reconfiguró el debate político e institucional. La tradicional polarización entre el chavismo y la oposición está desdoblada: sectores de ambos espectros han convergido tanto en críticas hacia la retórica de Washington como en la valoración pragmática de las oportunidades comerciales que abre el acuerdo. Viejos conservadores que pidieron incesantemente la intervención militar de EE.UU., hoy se "rasgan las vestiduras" atacando a Trump y al secretario de Estado, Marco Rubio, sus antiguos mentores. Por otro lado, sectores oficiales autodeclarados efusivamente como "antiimperialistas", hoy respaldan el pacto energético.
Diversos actores coinciden en que la flexibilización representa la vía más expedita para reactivar la industria petrolera y estabilizar la infraestructura energética.
En el ámbito productivo nacional, diversos actores coinciden en que la flexibilización representa la vía más expedita para reactivar la industria petrolera y estabilizar la infraestructura energética, en momentos de severa fragilidad en el sistema eléctrico nacional que afecta a amplias regiones por medio de largos apagones diarios.
A escala regional, el caso venezolano proyecta un mensaje complejo para América Latina. Histórico referente del ciclo progresista y poseedor de las mayores reservas probadas del planeta, el país evidencia los estrechos márgenes de maniobra de las economías emergentes para sostener esquemas de resistencia prolongada frente a presiones geoeconómicas de gran escala.
A pesar de todo esto, es menester recordar que atrás quedaron esos tiempos en los que una "periferia" conflictiva se contraponía a una metrópolis plena, y es que en los momentos que vivimos la agitación e incertidumbre se viven a escala planetaria. Esto quiere decir que los cambios, tanto en EE.UU. como en Venezuela, siempre están sobreviniendo y este acuerdo en firme podría sufrir, tan pronto como pasen las elecciones de noviembre, modificaciones sustanciales.
