Mientras muchos medios de comunicación internacionales se centran en arremeter contra Cuba, Venezuela u otros países que no se subordinan a Occidente, en Colombia está muriendo en silencio la mayor población indígena del país, los Wayúu, cuyo río madre ha sido privatizado para una mina de carbón.
La mina de carbón El Cerrejón, la más grande del mundo a cielo abierto y que utiliza unos 35.000 litros de agua al día, afecta la vida de los indígenas, privándolos de la única fuente hídrica que tenían y causando numerosas muertes entre la población.
Armando Valbuena, autoridad tradicional de los Wayúu, denuncia que alrededor de 14.000 niños de esta comunidad indígena han muerto de inanición y "la mortandad no se detiene", según lo cita el portal Aporrea.
El territorio que ocupan los Wayúu, en el norte del país, carece de controles y presencia estatal colombiana. Mientras los miembros de la comunidad se mueren de sed y hambre, la escasa ayuda gubernamental no llega a los indígenas por culpa de la corrupción, según los voceros de la población Armando Valbuena y Javier Rojas Uriana.
Este último, representante legal de Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Wayuu Shipia Wayuu, fue a presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, por la violación de sus derechos vitales fundamentales, y a exigir que se tomen medidas urgentes para que los indígenas puedan recuperar el uso del río Ranchería, el único que poseen.
"Las medidas que se han tomado son insuficientes y Cerrejón, con el permiso del Gobierno Nacional, se apoderó de la única fuente hídrica que teníamos, dejando a la comunidad aguantando sed y por eso se han perdido muchas vidas", declaró Uriana, según lo cita 'El Heraldo'.
"Las regalías han ido a parar a los bolsillos de los políticos y nos han usado como excusa para direccionar recursos para supuestos programas que nunca nos han beneficiado", agregó.
Lejos de ser un caso aislado
La tragedia de los Wayúu está lejos de ser el único caso que representa la grave violación de los derechos de los pueblos indígenas por parte de las grandes empresas.
En febrero, varias agrupaciones indígenas del Cauca, uno de los principales departamentos de aborígenes en Colombia, organizaron un levantamiento pacífico para exigir que se les reconozca el derecho a la tierra y acusar al Gobierno de usurpar sus territorios más productivos.
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Los manifestantes denunciaron que el Gobierno había asignado sus tierras más fértiles a la industria cañera. Además, señalaron que las empresas instaladas contaminan estas zonas milenarias sin respeto alguno por el medioambiente.
"Hay un interés por parte de las multinacionales que pretenden entrar en estos territorios para explotar yacimientos de diferentes metales, entre ellos, el oro", señaló a RT el portavoz del consejo regional indígena del Cauca, Antonio Palechor.
En Perú, los pueblos indígenas protestan desde hace años contra la extracción de recursos en sus territorios y la explotación de hidrocarburos. A finales de enero, cientos de indígenas peruanos paralizaron la producción en la mayor concesión petrolífera del país, denominada 'Lote 1AB', operada por la empresa argentina Pluspetrol.
En Brasil, la multinacional Coca-Cola está involucrada en varias luchas de los pueblos indígenas, ya que compra el azúcar a la empresa estadounidense Bunge, que, según denuncian, lo obtiene de tierras robadas a sus tribus.
En Argentina, el conflicto entre el Estado y los indígenas Qom por el derecho a la tierra y su propia identidad, no deja de agitar al país y genera cada vez más discordia en la sociedad.
Por su parte, la comunidad indígena de Guatemala denuncia que está bajo presión del Gobierno por su oposición a los proyectos que las multinacionales quieren llevar a cabo en los asentamientos de la población autóctona.
"Nos han dicho que nosotros somos personas terroristas, que nosotros somos personas que estamos en contra del desarrollo, estamos en contra del sistema", dijo Isabel Turuy Patzan, un hombre indígena.
Los activistas aseguran que la falta de información es uno de los factores que permiten a las autoridades criminalizar las protestas, impedir consultas y acallar las voces de todo un pueblo.
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El desastre causado por Chevron
Uno de los casos más impactantes y tristemente conocidos es el de la petrolera estadounidense Texaco, más tarde absorbida por Chevron, que causó uno de los peores desastres medioambientales de la historia en la Amazonía ecuatoriana. Debido a las malas prácticas extractivas afectaron al ecosistema, a las personas, a las especies; alteraron tanto el medioambiente que hasta obligaron a desplazarse a poblaciones indígenas de sus territorios ancestrales.
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Se calcula que durante los 30 años que la petrolera estuvo en Ecuador se vertieron aproximadamente 80.000 toneladas de residuos tóxicos en un área de unas 500.000 hectáreas. Además, se estima que esta contaminación se ha cobrado al menos 1.400 vidas en la región, por enfermedades derivadas de los vertidos. Muchos indígenas y agricultores siguen afectados por las secuelas, que incluyen malformaciones de nacimiento y distintos tipos de cáncer.
Por su fuera poco, la petrolera norteamericana se ha negado a pagar una indemnización de 9.500 millones de dólares, fijada por la justicia de Ecuador, en el marco de un proceso legal iniciado por indígenas y colonos de la Amazonía ecuatoriana.
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"El daño masivo causado por Texaco en la zona de Lago Agrio en la selva amazónica del Ecuador es bien conocido. Esta espeluznante contaminación es evidente en las piscinas infectadas de desechos tóxicos que aún permanecen veinte años después de la salida formal de la petrolera estadounidense de nuestro país. A pesar de perder un caso judicial en Ecuador, llevado por las comunidades indígenas afectadas, Chevron (que adquirió Texaco en 2000) está utilizando ilegal e ilegítimamente el sistema internacional de arbitraje para eludir el cumplimiento de la sentencia emitida en el Ecuador", manifestó al respecto el ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador, Ricardo Patiño, en un artículo escrito para RT.
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Casos con final feliz
No obstante, algunas de las luchas de los indígenas contra las transnacionales sí que tienen un final feliz. Así, en octubre del año pasado la Corte Suprema de Chile revocó el fallo de un tribunal que había dado luz verde al proyecto de oro y cobre El Morro, de la empresa canadiense Goldcorp, gracias a un recurso de protección interpuesto por los indígenas diaguitas.
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La Corte Suprema señaló que la resolución favorable del estudio de impacto ambiental obtenida en octubre del 2013 estaba viciada porque no se había hecho la consulta correspondiente a las comunidades involucradas y, en un fallo dividido, revirtió la decisión de la Corte de Apelaciones de Copiapó, a unos 800 kilómetros al norte de Santiago, que había rechazado el recurso de protección de los diaguitas.
Esta victoria se sumó a otros fallos judiciales, ganados por los diaguitas a la canadiense Barrick Gold. Así, en mayo del 2013 paralizaron el proyecto aurífero Pascua Lama, en un sector compartido de la cordillera de los Andes, tras demostrar que los trabajos previos de la mina contaminaban los glaciares cercanos, obligando a la empresa a concretar un compromiso con los indígenas, que podrán acceder a información del proyecto, para ser posteriormente revisada por expertos.