Sociedad
El apoyo social evita varios desahucios en España
Desamparados por las leyes, miles de ciudadanos afectados por los desahucios en España encuentran apoyo en las movilizaciones sociales y en asociaciones que acuden a las sucursales bancarias para tratar de alcanzar una solución negociada.
Son la 11 de la mañana y en la casa de Jennifer y Jorge se apilan cajas, maletas y bolsas de basura llenas de ropa. Esta pareja junto con sus tres hijos podrían tener que abandonar su casa pronto.
“Pagaba mi apartamento y nos quedamos en el paro y todos mis ahorros se han ido yendo, hasta que nos quedamos ya en la ruina", dice Jorge.
Dos horas más tarde llega la comisión judicial, protegida por algunos policías, con la intención de echarles de su casa mientras unos 100 vecinos y activistas se agolpan frente al portal para tratar de evitarlo gritando el ya consabido eslogan: “Este desahucio, lo vamos a parar”. Finalmente el desahucio no se llevará a cabo por el momento, gracias en buena medida al apoyo de sus vecinos.
Tatiana Roeva, portavoz de la Plataforma Afectados por la Hipoteca, cuenta en RT que han presenciado numerosos desahucios en los que había “muchísima presencia policial”. Sin embargo, se muestra optimista y afirma que “a través de las movilizaciones estamos consiguiendo bastantes logros”.
Muchos de los 500 desahucios diarios que se llevan a cabo en España afectan principalmente a los inmigrantes y los jóvenes. Eduardo Cachago es un ecuatoriano que lleva 14 años en España. Nunca fue al banco a pedir una hipoteca: asegura que un comercial fue a ofrecérsela varias veces al trabajo.
“No importaba que tuviera contrato fijo o no. No les importaba absolutamente nada, lo que les importaba es que todo lo que ganábamos se quedara aquí, para la banca, como siempre”, dijo Cachago.
Afortunadamente, Eduardo logró frenar su desahucio y ha conseguido un alquiler social después de amenazar al banco con acampar en la sucursal donde le concedieron la hipoteca.
El Gobierno ha aprobado un decreto ley para paliar el problema, pero las medida es, según distintos movimientos sociales, insuficiente.
“Dicho decreto tiene un ámbito de aplicación muy reducido, no afecta a la mayoría de las personas afectadas y además tiene unos criterios arbitrarios”, lamenta Joaquín Bosh, juez y portavoz de la asociación Jueces para la Democracia.
“Pagaba mi apartamento y nos quedamos en el paro y todos mis ahorros se han ido yendo, hasta que nos quedamos ya en la ruina", dice Jorge.
Dos horas más tarde llega la comisión judicial, protegida por algunos policías, con la intención de echarles de su casa mientras unos 100 vecinos y activistas se agolpan frente al portal para tratar de evitarlo gritando el ya consabido eslogan: “Este desahucio, lo vamos a parar”. Finalmente el desahucio no se llevará a cabo por el momento, gracias en buena medida al apoyo de sus vecinos.
Tatiana Roeva, portavoz de la Plataforma Afectados por la Hipoteca, cuenta en RT que han presenciado numerosos desahucios en los que había “muchísima presencia policial”. Sin embargo, se muestra optimista y afirma que “a través de las movilizaciones estamos consiguiendo bastantes logros”.
Muchos de los 500 desahucios diarios que se llevan a cabo en España afectan principalmente a los inmigrantes y los jóvenes. Eduardo Cachago es un ecuatoriano que lleva 14 años en España. Nunca fue al banco a pedir una hipoteca: asegura que un comercial fue a ofrecérsela varias veces al trabajo.
“No importaba que tuviera contrato fijo o no. No les importaba absolutamente nada, lo que les importaba es que todo lo que ganábamos se quedara aquí, para la banca, como siempre”, dijo Cachago.
Afortunadamente, Eduardo logró frenar su desahucio y ha conseguido un alquiler social después de amenazar al banco con acampar en la sucursal donde le concedieron la hipoteca.
El Gobierno ha aprobado un decreto ley para paliar el problema, pero las medida es, según distintos movimientos sociales, insuficiente.
“Dicho decreto tiene un ámbito de aplicación muy reducido, no afecta a la mayoría de las personas afectadas y además tiene unos criterios arbitrarios”, lamenta Joaquín Bosh, juez y portavoz de la asociación Jueces para la Democracia.
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