Huelga nacional en Argentina: ¿Por qué la política de Macri enfada a los ciudadanos?

El gobierno del nuevo presidente de Argentina, Mauricio Macri, se enfrenta a la primera huelga nacional. El paro, lanzado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), se centra en el rechazo a los despidos masivos de trabajadores estatales, pero también exige mejoras salariales y de las condiciones de trabajo. 

La huelga incluye movilizaciones en las provincias de Santa Fe, Córdoba, Río Negro, Entre Ríos y Santa Cruz, entre otras, así como una marcha a la Plaza de Mayo, el epicentro de las protestas.

Despidos en el sector público

Bajo el nuevo gobierno, que llegó al poder en diciembre de 2015, los recortes de personal ya han afectado a miles de personas, la mayoría de los cuales trabajaba en instituciones estatales. Según distintas estimaciones, se han despedido entre 20.000 y 25.000 personas.

La ATE ha denunciado que en los últimos dos meses más de 20.000 personas han sido despedidas "en todas las modalidades de contratación existentes en los tres niveles del Estado, a lo que se suman jubilaciones compulsivas", informa 'Terra'.

Una resolución ministerial no puede reglamentar el ejercicio de derechos constitucionales como son la huelga y la manifestación

Estos despidos son resultado de la nueva política del gobierno de Mauricio Macri, que comenzó a revisar los contratos de la administración pública alegando que algunas personas cobran sueldo pero no realizan ninguna tarea: los llamados 'ñoquis'. En total, el gobierno pretende revisar 75.000 contratos, de los cuales 64.000 son temporales y 11.000 a través del concurso público.

Los trabajadores por su parte, afirman que los 'ñoquis' no existen y si un empleado no cumple con su trabajo, se determinaría con un "mínimo control", informa 'La Tercera'. Los trabajadores rechazan los despidos y exigen sus "inmediatas reincorporaciones".

Protocolo de seguridad

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Los manifestantes también se oponen al nuevo Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en manifestaciones públicas, anunciado por el gobierno, que contempla en algunas situaciones la desconcentración a través del uso de la fuerza policial.

Los trabajadores denuncian que este protocolo pretende "regular" y "criminalizar" la protesta. La ATE ha presentado una nota al secretario de Seguridad Interior de la Nación, Gerardo Milman, en la que denunció que "una resolución ministerial no puede reglamentar el ejercicio de derechos constitucionales como son la huelga y la manifestación" y expresó su rechazo a la "invocación de tal instrumento, garantizando además, como es costumbre de nuestra organización, el democrático ejercicio de estos derechos".

Paritarias

Las pequeñas y medianas empresas se ven asfixiadas por la inflación y la apertura indiscriminada de las importaciones

Los trabajadores también exigen "paritarias [comisiones anuales entre el Gobierno y gremios para analizar salarios y condiciones de trabajo] libres y sin techo" ante la inflación que según los cálculos puede llegar al 35% para 2016. Al respecto, el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) bonaerense, el docente Roberto Baradel, ha denunciado que se intenta determinar "un techo del 25% a las paritarias, que ya fue rechazado de plano, porque no es posible avalar una inflación del 35-40% y firmar por mucho menos", dado que esto significaría "una pérdida rotunda del poder adquisitivo de los trabajadores", informa Télam.

Por su parte, el secretario general de la CTA en Buenos Aires, José Peralta, ha denunciado que "se está tratando de disciplinar a la clase trabajadora en lo inmediato, como estrategia para condicionar las negociaciones salariales".

Otras demandas económicas

Actualmente, la situación económica en el país es complicada. Tras la supresión de las restricciones de las operaciones de divisas, el curso oficial del peso argentino cayó un 50% en los últimos dos meses. Mientras tanto, la eliminación de los subsidios a la electricidad hará que desde el 1 de marzo el precio de la misma crezca hasta tres veces.

La deuda nacional de Argentina en 2016 puede crecer unos 40.000 millones de dólares

Como consecuencia, los manifestantes denuncian la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y exigen, además de las demandas ya mencionadas, aumentos de las jubilaciones y diversos subsidios sociales.

El Gobierno de Macri ha aumentado el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias un 160%, hasta los 30.000 pesos. No obstante, las CTA nacionales y provinciales exigen "la eliminación del impuesto a las Ganancias sobre los salarios".

Se denuncia también la situación en las pequeñas y medianas empresas, asfixiadas por "la inflación y la apertura indiscriminada de las importaciones", según Baradel, citado por 'Terra'.

El nuevo rumbo de la política argentina

"El equipo de Macri tiene una postura contraria con respecto a la política interior y exterior en comparación con el gobierno anterior", ha explicado al periódico ruso 'Kommersant' Rúben Dario Guzzetti, miembro de IADEG (Instituto Argentino de Estudios Geopolíticos). Como ejemplo, ha mencionado la cuestión de los 'fondos buitre'.

A principios de febrero, el ministerio de Hacienda y Finanzas de Argentina informó que presentó por primera vez una oferta formal a los bonistas señalando que la oferta "da respuesta a reclamos que cuentan con sentencia firme por un monto aproximado de 9.000 millones de dólares". La propuesta implicó "una quita de alrededor del 25% sobre la sentencia". Esta semana, el gobierno ha acordado abonar 435 millones de dólares a cinco acreedores. Hace unos días, otro entendimiento se alcanzó con el acreedor Capital Markets Financial Services por 110 millones de dólares.

Juan Labaké, asesor en temas internacionales y económicos del expresidente Carlos Menem, ha subrayado que la política de Macri "abre nuevas oportunidades para inversores extranjeros". No obstante, también ha advertido que "teniendo en cuenta la política de Macri, la deuda nacional de Argentina en 2016 puede crecer unos 40.000 millones de dólares".  

En opinión de 'Alternativa Socialista', se busca "abrir aún más el país al pillaje de las multinacionales, a endeudarse todo lo que pueda con los bancos y financistas", ya que en realidad, en el momento en que se produjo el cambio de Gobierno, abrirse al mercado de inversión ya no exigía sacrificios adicionales: "en realidad ya Cristina había preparado el regreso con sus acuerdos leoninos con el Club de París, la indemnización a Repsol, la apertura de nuestros recursos naturales a la explotación de Chevron y las multinacionales", explica el periódico.