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#AyotzinapaDosAños: "México se convirtió en una fosa clandestina"

Publicado: 27 sep 2016 00:35 GMT | Última actualización: 27 sep 2016 05:28 GMT

La desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa hace dos años evidenció la situación que viven miles de familias en el país.

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Dos años después de la desaparición de 43 jóvenes que estudiaban para ser profesores rurales en el empobrecido estado mexicano de Guerrero, todavía no se conoce su paradero, las agresiones que sufrieron permanecen impunes y el caso ha mostrado la crisis de derechos humanos que existe en México.

Desde la noche del 26 de septiembre de 2014, México dio un vuelco en su participación en las calles. Miles de personas ocupan espacios y se manifiestan para exigir la aparición con vida de los estudiantes atacados cuando viajaban en autobuses por el municipio de Iguala, ubicado a 123 kilómetros de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, perteneciente al municipio guerrerense de Tixtla.

Ayotzinapa cambió a México. Hoy se ha realizado una marcha multitudinaria, pues las familias de los normalistas ausentes convocaron a la sociedad mexicana a partir de la Columna de la Independencia a las 4:00 pm, hora del centro del país, con rumbo a la emblemática plaza del Zócalo.

RT realizó diversas entrevistas a activistas y familiares de desaparecidos y encontró un punto en común: la herida de Ayotzinapa sigue abierta y se muestra en la piel de miles de personas más.

En voz de Leticia Rivera, madre de Roy Rivera, joven desaparecido forzadamente en el estado norteño de Nuevo León el 11 de enero de 2011: "Lo que los mexicanos no queríamos ver y mostró al mundo el mar de corrupción en el que nadamos".

Henry RomeroReuters

Después de la desaparición de los 43 normalistas, miles de familias de todo el país se alzaron y mostraron que no solo son 43 los ausentes en México. Son más de 27.000, como ya lo ha reportado RT.

"México es una fosa clandestina" ha dicho en diversas ocasiones el reconocido sacerdote defensor de los derechos de los migrantes, Alejandro Solalinde.

Omar García estudiaba en la Normal de Ayotzinapa. Fue uno de los supervivientes del ataque que sufrieron los jóvenes en la llamada 'Noche de Iguala'. Cuenta a RT que, antes del ataque, ya había "una crisis tremenda, pero era invisible".

"Mucha gente asume eso y se suma. La manera de sumarse es plural, abierta, todos quieren sumarse, hacer algo, contribuir a que este problema se resuelva", opina el normalista.

Gabriela Carreño, integrante del área jurídica del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Prodh (Centro Prodh), una de las organizaciones acompañantes de las familias de Ayotzinapa en su búsqueda, asevera que el caso "es un botón de muestra de lo que ocurre en México" desde la declaración de guerra contra el narcotráfico por el expresidente Felipe Calderón en el 2006.

"La magnitud del crimen hace que sea paradigmático: Si bien no es el único caso, puso a la luz pública nacional e internacional el grave problema de las desapariciones en México dentro de la crisis de derechos humanos", opina.

La abogada cuenta a RT que la muestra es que, a dos años, no se sabe el paradero de los jóvenes, además de que no ha habido justicia para los heridos y ejecutados.

Mario Vergara es integrante del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala. Como a "miles de personas más", le hace falta un familiar. Ahora está en la ciudad para apoyar la movilización dos años después de los hechos de Iguala. Asevera que, antes de Ayotzinapa, nadie en la ciudad de Iguala decía nada. Cada quien tenía su familiar ausente, como casos aislados. Nadie levantaba la voz.

"Tuvo que pasar la tragedia para que cientos de familias saliéramos a las calles a decir: 'Me falta mi familiar'", revela.

Temas pendientes

Por su lado, el secretario de Gobernación de México, Miguel Ángel Osorio Chong, recordó el caso Ayotzinapa y expresó que es inadmisible lo que llamó "la presunta participación de autoridades en el hecho".

"Lo he dicho antes y lo repito: ni olvido para las víctimas ni perdón para los culpables. Ese es el compromiso del Gobierno de la República", dijo el titular de las funciones del Interior en México en el foro Empoderamiento de Mujeres Indígenas y Jornadas de Acceso a la Justicia, en la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Por su parte, la Fiscalía mexicana lanzó un comunicado en el que refrendó su compromiso con la sociedad para investigar "los agravios" cometidos contra los 43 estudiantes.

También recalcó el trabajo para llevar ante los tribunales a los responsables y la reparación del daño.

"Los hechos de Iguala dieron pie a la investigación penal más trascendente, exhaustiva y con el uso de tecnología de punta en la historia de la procuración de justicia en México", reza el comunicado de la PGR, la cual aseveró que la investigación "sigue abierta". Destacó además la revisión de la CNDH, las 47 observaciones que ha emitido al respecto, y la participación del grupo de expertos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que formuló 941 peticiones.

De las peticiones, la PGR revela que 8 se encuentran totalmente atendidas y 29 en vías de atención. También asevera que entregó ya información en el 78% de las observaciones: 800 evidencias.

Henry RomeroReuters

Sin embargo, la abogada del Centro Prodh comenta a RT que, pasados dos años, a las violaciones de derechos humanos se agregan la falta de acceso a la verdad y a la justicia por el tiempo transcurrido.

También advierte que la agresión sufrida por los estudiantes y por otras víctimas (el Centro Prodh contabiliza 180) no fue solo un ataque, sino una serie violaciones entre las que se encuentra la privación de la libertad, ejecuciones extrajudiciales y, especifica: "desaparición forzada", que es cuando hay un agente estatal que realiza una detención ilegal, indebida, como los policías procesados de Iguala (en total hay 128 detenidos de diverso tipo).

La propia CNDH recalcó en un comunicado reciente que se debe estudiar la participación de Policía del municipio de Huitzuco, vecino de Iguala, y de agentes de la Policía Federal.

La lucha por sus hijos llevaron a las familias a viajar a por Europa, Sudamérica y Estados Unidos para dar a conocer el hecho. Así fue como su caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por ello se creó un panel de expertos. El 7 de septiembre de 2015 un grupo internacional asignado por la CIDH, Grupo Interdisciplinario de Expertos (GIEI), el cual contradijo la versión oficial. Este panel duró un año en México.

El GIEI y un equipo de peritos argentinos independiente lograron mostrar inconsistencias de la "verdad histórica" presentada por el exprocurador de justicia mexicano Jesús Murillo Karam el 7 de noviembre de 2014.

En su informe, Karam aseveraba que los 43 estudiantes ausentes fueron supuestamente quemados en un basurero del pequeño municipio guerrerense de Cocula, a pocos kilómetros de Iguala. Debido a las protestas y a las pruebas aportadas por el GIEI, que contrarrestaban su versión, la PGR tuvo que recular y contratar nueva tecnología para seguir con la búsqueda.

Carrera identifica tres grandes temas pendientes que el Estado mexicano tiene en el caso Ayotzinapa. El primero es la calidad de la investigación. Dos años después, apenas se contrata la tecnología LIDAR, capaz de detectar movimientos terrestres para encontrar huellas, reportó 'La Jornada'.

Quedan además pendientes las recomendaciones de los expertos internacionales, pues no se ha implementado un mecanismo de seguimiento a sus recomendaciones, que abarcan la investigación del comercio de drogas de Iguala a Estados Unidos, el paradero de siete teléfonos de los estudiantes que tuvieron actividad después del ataque y la responsabilidad de la Policía Federal en los hechos.

También, está pendiente la reparación del daño a los normalistas heridos, pues uno está en coma, y a las familias de los tres estudiantes ejecutados:Julio César Mondragón, a quien le fue desollado el rostro; Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava.

Otros temas pendientes, opina la abogada, son la aprobación de la Ley Contra la Desaparición Forzada, a la que el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió y que varias organizaciones de familiares impulsan en todo el país bajo el lema #SinLasFamiliasNo y una ley contra la tortura.

Desenterrar el horror

"Salimos al campo a desenterrar el horror. Decidimos ir a buscar en fosas porque los papás de los 43 lo hicieron" recuerda Mario Vergara, "lo que dijo el padre Solalinde es cierto: el país es una fosa clandestina. Y los familiares lo demostramos".

En octubre del 2014, las familias de los 43 hallaron cinco fosas con 30 cuerpos. El 16 de noviembre de 2014, otras familias tuvieron esperanza y encontraron diez fosas más. Hoy llevan 150 cuerpos recuperados y más de 1.000 fragmentos de huesos.

"Es gracias al esfuerzo de las familias. De lo poco que nos queda, desparece tu familiar desparece todo" dice Mario Vergara, quien asevera tajante que las redes sociales están llenas de fotografías de personas que buscan un familiar. Agrega además: "Ya no creemos en el Gobierno, creemos en nuestro esfuerzo, el apoyo de la Iglesia, mucha gente nos dice dónde pueden haber enterrados".

El normalista Omar García considera que Ayotzinapa también mostró a México que es viable la independencia del Gobierno para exigir justicia ante estos casos.

A su juicio, esto garantiza que no haya impunidad en un país en el que menos del 1% de los delitos son castigados, de acuerdo con el portal 'Animal Político'.

Esto, aclara, no quiere decir que se haya logrado el objetivo de encontrar a sus compañeros, ni que se sepa exactamente qué ocurrió en la noche de Iguala. Pero sí, opina García, hace que se realicen las preguntas correctas.

Además de que la sociedad y los estudiantes de Ayotzinapa sigan sosteniendo a las familias.

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