Sociedad civil, sindicatos, agricultores y activistas de organizaciones ciudadanas, culturales y políticas de toda Europa salen a la calle este sábado con el objetivo de frenar el acuerdo de libre comercio entre la UE y Canadá (CETA), también conocido como el 'TTIP canadiense'.
"Tenemos una visión de Canadá mucho más amable que la de EE.UU., pero a nivel económico el funcionamiento es similar. El 80% de las multinacionales estadounidenses tienen sede en Canadá y, mediante el CETA, podrán actuar en Europa, por lo que de alguna forma este tratado es la puerta trasera por la que se nos va a colar el TTIP", explica a RT Cuca Hernández, portavoz de la campaña estatal 'No al TTIP' e integrante de Attac, la Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana.
Las movilizaciones están convocadas en toda Europa para pedir a los eurodiputados que voten 'no' al tratado, en una jornada prevista inicialmente para el 14 de febrero. "Pedimos el voto negativo porque, por un lado, la Comisión Europea ha propuesto su aplicación provisional una vez que sea aprobado por el Parlamento Europeo y, por otro lado, porque se ha solicitado desde diversos organismos la consulta al Tribunal Europeo de Estrasburgo para que defina si el Tratado está de acuerdo con la legislación europea", explica la portavoz.
Entre los grupos que se han posicionado en contra del CETA, pero también de otros acuerdos comerciales como el TTIP y el TISA, está Izquierda Unitaria Europea. "Entendemos que no son tratados comerciales porque lo que pretenden es hacer una especie de Constitución transatlántica que cambie nuestras normas y nuestras regulaciones", afirma Marina Albiol, eurodiputada de Izquierda Unida y portavoz en el Parlamento Europeo de Izquierda Plural, en una conversación con RT.
Además, explica la eurodiputada, estos tratados comerciales "van a afectar a nuestros derechos laborales y va a ser un duro golpe para el medioambiente, para el sector agrario y para las pequeñas y medianas empresas": "Representan un retroceso en nuestros derechos, pero también un ataque a la democracia por el cómo se han estado negociando, en secreto y de espaldas a la ciudadanía", añade.
La campaña estatal 'No al TTIP' ha estado manteniendo numerosos contactos y reuniones con representantes de algunas fuerzas políticas en el Parlamento Europeo para pedir que voten 'no' al acuerdo entre la UE y Canadá, pero si no hay cambios, el CETA será ratificado, previsiblemente, con los votos a favor de los populares, los socialdemócratas y los liberales, aunque entre estos dos últimos grupos, hay algunas voces discrepantes.
"No hay una posición unánime dentro de los socialdemócratas. Aunque hay algunos diputados que parece que van a votar en contra, no son la mayoría y tampoco son los españoles, que van a votar a favor", explica Albiol. "Nosotras hacemos una gran llamada a los socialdemócratas, que si de verdad han roto la gran coalición, que si de verdad quieren volver a situarse en la izquierda, o al menos en el lado progresista, voten en contra del CETA, que será la mejor demostración de todo ello", añade.
En el caso de que el Parlamento Europeo ratifique el tratado, amplias secciones de este acuerdo comercial y de inversiones se aplicarán de forma provisional; es decir, antes de que sea votado para su confirmación final en los parlamentos nacionales de los 28 miembros de la Unión Europea.
En este sentido, la eurodiputada de IU celebra la decisión de que finalmente el CETA sea un tratado mixto y, por tanto, tenga que votarse en los distintos Estados miembros: "Es un éxito de la presión y de las movilizaciones, y ha sido una exigencia desde el principio de las plataformas y de los movimientos sociales".
Sin embargo, denuncia Albiol, "es absolutamente antidemocrático que, si es un tratado mixto y tiene que pasar por los Estados miembros, se aplique antes de su ratificación. Es un golpe en democracia. Nosotras confiamos en que en ese paso por los Estados miembros no sea aprobado y, por tanto, no se aplique nunca".
Los puntos más preocupantes del CETA:
- El mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estado: consagra un sistema judicial paralelo y unidireccional al que los inversores extranjeros pueden acudir para defender sus intereses eludiendo el sistema jurídico existente."Supone un desequilibrio en cuanto a los derechos jurídicos que tienen las grandes empresas y los derechos del resto de la ciudadanía. Es un tribunal exclusivo para las empresas extranjeras y les permite demandar a los Estados ante cualquier modificación de la legislación que ellos consideren que va en contra de sus intereses", explica Cuca Hernández.
- Limita seriamente la capacidad de los gobiernos para crear, expandir y regular los servicios públicos, así como para revertir liberalizaciones y privatizaciones fracasadas.
- Provoca que Canadá y la UE sean más vulnerables a las crisis financieras puesto que se producirá una mayor liberalización de los mercados financieros.
- Las cláusulas del CETA en cuanto a cooperación reguladora y a la capacidad normativa de los estados pondrían obstáculos adicionales a las regulaciones, reforzando el papel de los lobbies en los procesos democráticos y socavando potencialmente la adopción de políticas de interés público.
- Expone a los agricultores a más presión debido a la competitividad comercial y amenaza los estándares de producción y procesamiento de alimentos, haciendo imposible el desarrollo de una agricultura sostenible.
- En el texto de este acuerdo, el desarrollo de los derechos laborales y el desarrollo sostenible son voluntarios y no legalmente vinculantes, por lo que no pueden ser efectivamente reforzadas mediante sanciones.
- Un estudio independiente de los impactos económicos del CETA predice que se perderán puestos de trabajo tanto en la UE como en Canadá.
- Podría aumentar el coste de las prescripciones de medicamentos e impactaría negativamente en derechos fundamentales como el derecho a la privacidad y a la protección de datos. También limitaría la capacidad tanto de la UE como de Canadá de actuar contra patentes excesivas.
- Pone en grave riesgo el principio de precaución, consagrado en el Tratado de la UE, que permite adoptar medidas protectoras frente a productos o tecnologías sospechosos de poner en riesgo la salud pública o el medio ambiente.
María Jesús Vigo Pastur