Trump contra la Ley y viceversa: 5 preguntas para entender qué pasa con el veto antimusulmán

Donald Trump ha desencadenado una batalla legal con una orden ejecutiva que prohíbe la entrada a EE.UU. de inmigrantes de siete países de mayoría musulmana (Irán, Irak, Libia, Siria, Sudán, Somalia y Yemen) y de refugiados de todo el mundo. En medio de protestas en EE.UU. y críticas desde el exterior, la batalla ha resultado en la suspensión temporal de ese decreto. Este es un resumen de cómo se ha desarrollado el combate legal hasta ahora y qué enlace se puede esperar.

¿Cuáles han sido las acciones legales?

• El presidente firmó la orden ejecutiva el pasado 27 de enero.
• El 3 de febrero James Robart, juez de una Corte Federal de la ciudad de Seattle (Washington), dictaminó una orden que deja sin efecto temporalmente ese decreto.
• El Departamento de Justicia de EE.UU. apeló de manera formal la decisión del tribunal de Seattle el 4 de febrero.
• La Corte de Apelaciones de EE.UU. denegó el 5 de febrero la solicitud de restablecimiento del veto temporal.

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¿Cuáles son los argumentos de la Corte?

La Corte de Apelaciones denegó la solicitud del Departamento de Justicia basándose en el fallo del juez Robart, que indica que la orden ejecutiva afecta negativamente a los residentes estadounidenses "en las áreas del empleo, la educación, los negocios, las relaciones familiares y la libertad de viajar", además de perjudicar a las universidades públicas y la base tributaria.

El fallo responde a una demanda interpuesta por los estados de Washington y Minnesota, que argumentan que el decreto estaba "separando a las familias, perjudicando a miles de residentes [...] dañando las economías de los estados, perjudicando a las empresas estatales y socavando el interés soberano de ambos estados de seguir siendo un lugar de acogida para los inmigrantes y los refugiados", según informa 'The Washington Post'.

¿Cómo ha respondido la Administración de Trump?

En un comunicado, el Departamento de Justicia de EE.UU. reprende la decisión de la Corte argumentando que, "a diferencia del presidente, los tribunales no tienen acceso a información clasificada sobre la amenaza que plantean las organizaciones terroristas que operan en naciones concretas, los esfuerzos de esas organizaciones para infiltrarse en EE.UU. o las deficiencias en la investigación de antecedentes".

Por otro lado, la Casa Blanca declaró que "es hora de ponernos serios en cuanto a la protección de nuestro país", además de afirmar que "instar a examinar más minuciosamente a individuos que provienen de siete lugares peligrosos no es extremo. Es razonable y necesario para proteger nuestro país". 

Confrontación épica entre la Presidencia y la Constitución de EE.UU.

"Simplemente no puedo creer que un juez exponga nuestro país a tal riesgo. Si algo sucede, échenle la culpa a él y al sistema judicial. ¡La entrada torrencial de gente está mal!", dijo Trump con indignación en su cuenta de Twitter.

El presidente ha agregado que los tribunales están "dificultando mucho" su trabajo y el del Departamento de Seguridad Nacional, al que ordenó revisar "muy cuidadosamente a los inmigrantes tras estas decisiones. El sábado había dicho que la orden de Robart "es ridícula y será anulada".

¿Qué ha pasado mientras tanto con los refugiados e inmigrantes?

Tras el dictamen del juez Robart, el Departamento de Estado está revirtiendo las visas canceladas y se ha informado a las aerolíneas de que pueden reanudar los vuelos procedentes de los siete países afectados. Los refugiados y ciudadanos de estos países que tengan visa pueden, por ahora, entrar a EE.UU.

¿Cuál es el futuro de esta batalla legal?

La prohibición al ingreso de refugiados e inmigrantes de los siete países afectados seguirá suspendida hasta que se presente el caso en los tribunales. La Corte de Apelaciones concedió un plazo de hasta este lunes para que la Casa Blanca presente más argumentos que apoyen su apelación.

Sin embargo, el proceso puede estar lejos de terminar, pues varios estados ya han presentado sus propias demandas legales en contra del veto presidencial. Según Marci Hamilton, abogada constitucional de la Universidad de Pensilvania, esta es "una confrontación épica entre la Presidencia y la Constitución".