El Gobierno mexicano espía a periodistas y activistas con un software malicioso comprado a Israel

Los intentos de espionaje se produjeron cuando los afectados cuestionaron las políticas del presidente Enrique Peña Nieto.

El Gobierno mexicano espió a periodistas y activistas de la sociedad civil a través de un 'malware' altamente sofisticado que proporciona acceso a todos los contenidos y funciones de los celulares infectados, según una investigación por las organizaciones Artículo 19, R3R, Social Tic y el Citizen Lab de la Universidad de Toronto.

Se trata de Pegasus, un software malicioso desarrollado por la firma israelí NSO Group 1 y que solo se comercializa a gobiernos. Según el informe publicado este lunes, al menos tres dependencias en México habrían adquirido el 'malware': la Procuraduría General de la República (PGR), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Esta última, según las organizaciones, no tiene facultades legales para ejercer acciones de vigilancia.

Pegasus, el 'malware, que permite el acceso a los archivos del teléfono

Cuando una persona es atacada con Pegasus recibe un mensaje de texto en su teléfono para que haga clic en una noticia, un aviso e incluso el mensaje de un familiar o amigo que, en realidad, es un enlace infeccioso. Si la persona cae en la trampa, el software malicioso se instala en su teléfono, permitiendo al atacante tener acceso a todos los archivos guardados en el dispositivo, así como controlar la cámara y el micrófono del celular, entre otros.

Los intentos de infección detectados por las organizaciones se produjeron entre enero de 2015 y julio de 2016 en contra de importantes periodistas y defensores de los derechos humanos en México. Además, según las organizaciones, "resulta preocupante que el uso reiterado de estos ataques (…) se dio durante coyunturas críticas de su labor; todas, con un actor en común: el Gobierno federal".

Periodistas y activistas afectados por Pegasus

Las organizaciones denuncian que los hallazgos de esta investigación apuntan a la comisión de graves delitos y violaciones a derechos humanos. "Debe, por tanto, llevarse a cabo una investigación exhaustiva, seria, imparcial y transparente sobre los hechos denunciados y castigarse a todos los responsables intelectuales y materiales", aseguran.