Esta semana el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Aloysio Nunes, reconoció públicamente que Venezuela fue suspendida del Mercado Común del Sur (Mercosur) porque era "un factor de obstáculo"en las negociaciones que el bloque está llevando adelante para establecer un tratado de libre comercio (TLC) con la Unión Europea (UE).
Para el periodista y analista internacional Julián Aguirre, radicado en Venezuela, "declaraciones de ese tipo" se inscriben en el mismo sentido que el "intercambio reciente que tuvo Mauricio Macri con la administración de EE.UU., en el cual él dio su palabra de comprometerse a ejercer mayor presión" sobre la República Boliviariana. También los pronunciamientos del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, "en los que reprende a la oposición por participar en las elecciones y dar legitimidad a la institucionalidad venezolana". Según sostuvo Aguirre en entrevista con RT, "se trata de una acción diplomática concertada, con el objetivo de mantener en vilo al Gobierno de Venezuela".
Por su parte, Fernando Vicente Prieto, columnista de Telesur y miembro del espacio ALBA Movimientos, que nuclea a organizaciones sociales de todo el continente, completó: "Es un acto de sinceridad el del canciller de Brasil, que pone a las claras cuáles eran los objetivos diplomáticos por los cuales se expulsó a Venezuela".
Los TLC no son algo nuevo en América Latina. Vicente Prieto apuntó que hace "muchos años" que EE.UU. y las principales potencias vienen tratando de impulsarlos. Según explicó, se trata de un tipo de acuerdo "controlado por grandes empresas que lo que hacen es cartelizar los diferentes sectores".
Las compañías transnacionales "impulsan este tipo de acuerdos entre Estados para impedir que los países ejerzan su soberanía y puedan regular su actuación". En general, apuntan a "tirar hacia abajo las regulaciones laborales" para que las empresas puedan reducir el llamado "costo laboral", con lo cual las poblaciones "pierden derechos", añadió el experto.
Finalmente, resaltó que también "perjudican la producción nacional", porque la escala de países como EE.UU., los integrantes de la UE o China "hace que sus costos sean mucho más baratos", y de esa forma "es imposible competir". Sus principales beneficiarios son entonces "las empresas importadoras", lo que consolida el rol de los países periféricos "como exportadores de materias primas".
La primera vez que el Mercosur y la UE se sentaron para discutir un posible TLC fue en el año 2000. La iniciativa tenía el objetivo de contrarrestar el proyecto estadounidense del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
Poco después, el acuerdo "se paralizó por los cambios políticos experimentados en la región a partir de la crisis neoliberal", subrayó el sociólogo José Seoane. El también integrante del Grupo de Estudios de América Latina y el Caribe (GEAL) añadió que, sin embargo, ha sido retomado "en los últimos años ante una nueva ofensiva neoliberal".
En la misma perspectiva, Aguirre apunta que hoy día el Mercosur está "lamentablemente encabezado" por "los nuevos gobiernos de derecha de Argentina y Brasil". Además, se encamina a un acuerdo que "tendrá consecuencias críticas y con resultados muy malos para las economías sudamericanas".
Como la mayoría de los tratados comerciales, el que ahora negocian los bloques sudamericano y europeo es en gran medida secreto. "No se conocen, a pesar de que ya están en el último tramo, los borradores ni los puntos de acuerdo", cuestionó Seoane. El especialista remarcó que esto resulta más preocupante porque, debido al "carácter de la normativa internacional", sus estipulaciones se van a imponer por sobre "las legislaciones nacionales, los Estados y hasta las Constituciones de los países".
Esto pone de relieve su condición "antidemocrática", y por eso "no es casualidad" que las "redes, movimientos y organizaciones que se pronuncian críticamente reclamen la apertura de los borradores y una discusión pública", añadió. La exigencia, incluso, es que el TLC sea sometido a "mecanismos de plebiscito o referéndum para que pueda aprobarse".
A pesar del carácter hasta ahora secreto de los pormenores del acuerdo, algunas de sus claúsulas se han ido difundiendo. Y si eso no bastara, señaló el miembro del GEAL, se puede también prever de qué tratarán sus puntos esenciales con sólo examinar "los acuerdos que ha adoptado la UE con otros países latinoamericanos en los últimos años".
Con los TLC no se trata "sólo de un acuerdo de reducción arancelaria y favorecimiento del intercambio comercial". También implican otros puntos, que tienen que ver con la "protección de las inversiones extranjeras", a las que se brindan "iguales derechos y seguridad jurídica" que a los capitales nacionales; permiten que se realicen "compras del sector público" por parte de privados; y suponen un "proceso de apertura" a las grandes compañías en el sector de servicios, lo que trae "efectos dañinos en la Salud y la Educación, profundizando los procesos de privatización".
Finalmente, incluyen un capítulo de propiedad intelectual que "da preeminencia a las transnacionales farmacéuticas", lo que tendrá un "posible impacto en la elevación de precios y el recorte de la capacidad estatal para producir medicamentos a bajo costo", enumeró Seoane.
Además, complementó Aguirre, "el ingente ingreso" de bienes y servicios europeos por la vía de las importaciones "desplazaría o pondría en crisis a varios sectores, en especial a los relacionados con las manufacturas y las industrias livianas". Algo que en los hechos supone "procesos de desindustrialización".
Consultado sobre los argumentos esgrimidos por los gobiernos para defender esta política, el integrante del GEAL detalló que "la justificación" que se proclama son "las ventajas que daría al sector agrícola" sudamericano. Sin embargo, no está claro cuáles serán "los compromisos" que estaría dispuesta a aceptar la UE "en términos de su política de protección y subsidios".
Y aun si esto último alcanzara puntos significativos, "la producción agropecuaria, tanto en Argentina como en Brasil, está muy concentrada, con lo cual los beneficios quedarían muy restringidos a ciertos sectores". En definitiva: "El acuerdo tiene todos los componentes del viejo pacto colonial que refuerza las asimetrías entre el centro y la periferia", concluyó.
Santiago Mayor