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El país suramericano que más ha pagado su deuda ¿podría caer en 'default'?
En medio de una situación económica complicada, caracterizada por sanciones económicas y una alta inflación, el Gobierno venezolano apuesta por la reestructuración y refinanciación de su deuda.
Pareciera una contradicción que el país de América Latina que más ha pagado su deuda externa pudiera caer en 'default' –incumplimiento de pagos–, precisamente, por una eventual falta de pagos, según opiniones de algunos economistas.
Sin embargo, el decreto emitido por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, para renegociar y reestructurar la deuda externa pudiera poner las cartas del otro lado de la mesa.
El periodista especializado en Economía Werther Sandoval explica a RT que no hay "indicios o elementos fundamentales" para que ocurra un impago, si bien "no puede apostarse a que esa posibilidad no exista".
"Venezuela hace lo que haría cualquier país que tiene necesidades de caja", afirma con referencia a la reunión anunciada, para el próximo lunes, con tenedores de la deuda para "garantizar el cumplimiento de sus compromisos" dentro de un "proceso soberano". Así lo explicó el pasado 3 de noviembre el vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, quien forma parte de la comisión de reestructuración de la deuda.
En esa oportunidad, El Aissami aseveró que el Gobierno "cumple cabalmente" como lo ha hecho históricamente", a pesar de las sanciones económicas, la caída de los precios del petróleo y la tasa subrepticia de dólar ilegal.
Continuos desembolsos
El pasado 28 de octubre, el país suramericano anunció que había cancelado la primera amortización del bono de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), con vencimiento en 2020, al banco J.P. Morgan, por un valor de 841,88 millones de dólares, en medio de las sanciones económicas y financieras de Washington en contra de Venezuela.
Posteriormente, el 6 de noviembre, informó que había desembolsado 1.169,07 millones de dólares por el pago de capital e interés del Bono PDVSA 2017 al mismo banco estadounidense, según recoge la agencia estatal AVN.
Sin embargo, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que prohíbe hacer negocios con las nuevas emisiones de deuda y acciones de Venezuela o de su empresa petrolera estatal PDVSA, así como con algunos bonos ya existentes pertenecientes al sector público del Gobierno del país latinoamericano.
La comisión
Para la reunión con los tenedores de bonos del próximo lunes ha estado trabajando una comisión presidida por el vicepresidente Tareck El Aissami y conformada por el vicepresidente de Economía, Wilmar Castro Soteldo; el ministro de Economía y Finanzas, Simón Zerpa; el vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez; el ministro de Petróleo, Eulogio del Pino; el procurador general de la República, Reinaldo Muñoz; y el presidente de PDVSA, Nelson Martínez.
De este grupo, tanto El Aissami como Zerpa fueron sancionados por el Departamento del Tesoro estadounidense en meses pasados, al igual que otros altos funcionarios y el propio presidente Maduro.
Con respecto al precedente de las sanciones de Washington, el Gobierno venezolano las calificó como una "agresión continua", un "sabotaje permanente" y un "bloqueo y persecución" financiera en un comunicado del Ministerio de Finanzas.
Más sanciones
Este pulso no termina. El Departamento del Tesoro estadounidense, por su parte, también ha apretado las tuercas y ha advertido a los tenedores de bonos que negociar con los nombres que están en sus listas de sancionados sería "problemático" y acarrearía penas de hasta 30 años de cárcel y multas millonarias, recoge El Universal.
Si bien el analista consultado opina que las sanciones colocan a Venezuela país en una "situación difícil", podría darse un "efecto político interesante".
Además de procurar la reestructuración de la deuda, que significa poner el compromiso de pago en fechas posteriores con negociación de tasas de interés menores, se busca la refinanciación, que es un nuevo endeudamiento para cancelar los compromisos anteriores, explica Sandoval.
En su opinión, algunas instituciones financieras estadounidenses, "que tienen más del 80% de los papeles venezolanos", ejercerán algún tipo de presión interna, porque "si mantienen a Venezuela sancionada" su pago va a ser más complicado.
"EE.UU. no es monolítico. Habrá más de un tenedor de la deuda que pedirá que aflojen las medidas", considera.
Las garantías de Venezuela
En opinión del profesor universitario entrevistado, existe una "carta fundamental, que es la estabilidad interna del país", expresa con referencia a los recientes procesos electorales, caracterizados por una amplia participación, tanto para votar por los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente como por los gobernadores de los 23 estados de Venezuela, de los que el chavismo obtuvo 18.
"Tendrán que darse cuenta de que el país está en paz", agrega.
Sandoval también hace referencia a la aceptación de Venezuela de las condiciones para la reestructuración de su deuda propuestas por Rusia y a la confianza de que el país cancelará sus compromisos, expresada por China.
"Es un mensaje positivo a aquellos acreedores que tienen bonos venezolanos de otras naciones", considera.
En su punto de vista, esta renegociación "alivia la deuda venezolana" y le permite tener fluidez de caja para atender compromisos económicos. "Eso contribuye internamente en esta situación de alta inflación y de escasez de productos", en la que se encuentra el país suramericano producto de la llamada "guerra económica".
Pagar en tiempos difíciles
En los últimos cuatro años, tras la muerte del presidente Hugo Chávez y la abrupta caída de los precios del petróleo, el Gobierno venezolano ha cancelado 71.700 millones de dólares, según ha informado el Ministerio de Finanzas.
La situación actual no es más alentadora. Además de las sanciones económicas, anunciadas hasta ahora por EE.UU., Canadá y el Unión Europea (UE), en la nación latinoamericana existe una alta inflación, escasez y acaparamiento de productos de primera necesidad y una tasa de dólar sobrevaluada con la que se fijan precios de productos y servicios.
Sin embargo, entre el panorama complejo, Sandoval piensa que, si bien "Venezuela está dispuesta a hacer ajustes en su política económica, no se afectará a la población", como llegó a ocurrir cuando el FMI pidió hacer recortes económicos a finales de los 80.
En 1989, ese organismo exigió al entonces presidente, Carlos Andrés Pérez, una serie de ajustes económicos a cambio de un préstamo. La firma del consiguiente acuerdo devino en medidas –popularmente conocidas como 'El Paquetazo'– que causaron gran malestar en la población más vulnerable, lo que generó un estallido social –'El Caracazo'– que fue duramente reprimido por los cuerpos de seguridad del Estado y dejó millares de víctimas fatales.
Las leyes de Maduro
En su punto de vista, las ocho leyes propuestas por Maduro ante la Asamblea Nacional Constituyente buscan una alternativa viable a la economía rentista, basada en la explotación petrolera.
Cree Sandoval que los cambios sustanciales que se están dando actualmente en la petrolera venezolana PDVSA "conducen precisamente a lo que los acreedores van a solicitar": una empresa más eficiente para "garantizar con ese activo que se llama petróleo el respaldo de toda deuda".
A esa política en la estatal petrolera habría que agregarle, en su opinión, la organización de la población como clave para batir la inflación y para "el mantenimiento del proceso social en el país", cuyo Gobierno, afirma, no negociará la inversión social y la atención al pueblo como parte de su reestructuración de la deuda.
Nathali Gómez
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