Hace 10 meses que hubo un cambio de gobierno en Ecuador, con la llegada de Lenín Moreno al poder, apoyado en las elecciones por el expresidente Rafael Correa y el partido gobernante Alianza PAIS. Pero desde el mismo momento en que ocupó el cargo, el actual mandatario, quien se pensaba que continuaría con la Revolución Ciudadana, tomó decisiones y accionó en función de marcar diferencia con su predecesor.
"Rompió definitivamente con lo que fuera el gobierno de Rafael Correa: con sus principios, con sus orientaciones, con su perspectiva política, con su proyecto de sociedad", dice el historiador y analista político Juan Paz y Miño, quien señala que con ello "contribuye a la 'descorreización' del Estado y de la sociedad, que es un planteamiento de la derecha política del Ecuador".
"A todos nos ha sorprendido cómo a segundos seguidos de posicionado el presidente, ya estableció ese afán de marcar diferencia", opina Francisco Herrera Aráuz, abogado y director del portal Ecuadorinmediato. Paz y Miño añade que nadie sabía de la ruptura: "Nadie calculó que eso sucedería, ni Alianza PAIS ni Rafael Correa ni las mismas fuerzas de oposición"; por ello, las explicaciones que se buscan son múltiples a tal punto que se habla de "traición y engaño".
Herrera dice que no solo se trató de una "cuestión de estilo" de gobierno, sino que "se fue agudizando poco a poco" y se evidenciaron —hasta ahora— "acciones determinadas" y "acusaciones" que buscan destruir al mandatario anterior, de cuya administración Moreno fue vicepresidente durante seis de los 10 años de mandato.
En estos 10 meses, en la política ecuatoriana se ha vivido la retirada de funciones y enjuiciamiento por presunto enriquecimiento ilícito al vicepresidente Jorge Glas, quien ganó junto a Moreno en las elecciones; la convocatoria y realización de una consulta popular para reestructurar gran parte del Estado; el anuncio de un plan económico que aún no llega –aunque ya el mandatario nacional recibió a representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI)– y que tanto criticó Correa; y la pelea por la dirigencia de Alianza PAIS, que finalmente ganó el Gobierno, desplazando del partido a los 'correístas'.
Paz y Miño explica que hay que entender que el Gobierno de Moreno "es un nuevo ciclo" y "no hay ninguna forma de empatarle con el gobierno anterior", por tanto, "nada tiene que ver ya con la Revolución Ciudadana". El mandatario comenzó con un llamado a diálogo, que el historiador ha calificado de "dialoguismo y aperturismo". Ello derivó en dos problemas de fondo —según el analista— "uno es político, el otro es económico".
En lo político, la necesidad de diferenciarse con el gobierno anterior "sin un claro proyecto de sociedad y sin un claro proyecto político de futuro" condujo a que el diálogo "despertará a la antigua clase política, tradicional", dice el analista.
Ese despertar se revela en que esa clase política "está comportándose del mismo modo en que se comportó antes de 2007 (…) para arreglar las cuentas políticas, ocupar espacios de poder, conquistar espacios individuales de influencia", y exigen que "saquen a todos los 'correístas' que están todavía en el gobierno" y "reinstitucionalizar al Ecuador".
Herrera señala que ese diálogo lo que le ha dado a la administración de Moreno es "gobernabilidad" y —según menciona— "creo que es lo que el Gobierno trata de conseguir en todo momento".
En lo económico también se abrió un diálogo, luego que el presidente Moreno señalara que recibió "una herencia más o menos catastrófica", dice Paz y Miño, pese a que los datos económicos internacionales, como los del Banco Mundial, el FMI y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), "prueban lo contrario".
Ese "dialoguismo" hizo que se "reavivaran", dice el analista, "las cámaras de la producción que representan a la élite empresarial del Ecuador", las cuales quieren que "su proyecto económico se imponga". Un plan que el historiador califica de "antiguo, tradicional, conservador, caduco" y que consta de una "trilogía" ya conocida: No al Estado, no a los impuestos y sí a la precarización del trabajo.
En lo que lleva de gobierno, Moreno no ha puesto en práctica el plan económico que presentó durante su campaña, que se adaptaba a la Revolución Ciudadana. En su lugar, hace unos meses anunció uno nuevo, que se ha postergado hasta finales de marzo. A principios de mes, el ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, renunció a su cargo; Herrera señala que fueron "los sectores empresariales" los que presionaron por la salida del ministro "porque no estaban de acuerdo con el modelo". Para la titularidad de esta cartera fue nombrada María Elsa Viteri, exministra del gobierno de Correa, que fue discrepante con el exmandatario.
Herrera aplaude, sin embargo, que el Gobierno se negó a negociar con el sector empresarial "el tema de los 17.000 empresarios corruptos que sobrefacturaron o falsificaron facturas", e hicieron perder millones de dólares al Estado.
El 4 de febrero pasado se realizó en el país una consulta popular, convocada por Moreno, en la que los ciudadanos contestaron siete preguntas sobre temas como la lucha contra la corrupción, la anulación de la reelección indefinida, la derogación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), la lucha contra la pederastia, la imposición de restricciones a la minería descontrolada, la anulación de la ley de plusvalía y la reducción de la explotación petrolera en el Parque Natural del Yasuní. En todas las interrogantes, los ecuatorianos votaron a favor de reformar las normativas actuales.
Herrera explica que "la consulta en el fondo sirvió para darle una legitimidad adecuada al Gobierno, la posibilidad de establecer parámetros que le permitan gobernar sin Correa, sin la cúpula dirigente que le dejaron establecida".
Eso se evidencia en preguntas como la de la derogación del CPCCS, el órgano que evalúa a las autoridades de instituciones como la Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, Defensoría del Pueblo y Defensoría Pública, Consejo Nacional Electoral (CNE) o Corte Constitucional, entre otros. Luego de la consulta, se dio por terminada las funciones de los miembros del CPCCS y la Asamblea Nacional eligió a los nuevos integrantes en base a los candidatos que le envió el mandatario Moreno. Ellos actualmente evalúan a los titulares del resto de las instituciones del Estado y tienen la facultad de poder declarar terminación anticipada de sus funciones.
En conclusión, Paz y Miño precisa que esa consulta buscaba tres cosas:
Entonces la consulta ha servido "para que estos grupos se afiancen, tomen ventaja, avancen en su posicionamiento y busquen la hegemonía final en materia política y económica", dice Paz y Miño.
Pero esa consulta, así como otras acciones del Gobierno, han sido altamente criticadas por violar las leyes de Ecuador.
A la consulta le faltó, y así lo reconoció incluso la Misión de Expertos Electorales de la Organización de Estados Americanos (OEA), el aval de la Corte Constitucional, que no presentó un informe donde indicara su viabilidad, como lo establece la Constitución del país. Sin embargo, sus artífices, amparándose en el artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucionales, que establece el plazo para pronunciarse, convocaron el plebiscito sin el pronunciamiento de esa instancia.
Recientemente hubo otro escándalo, entre el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, y el fiscal General, Carlos Baca Mancheno, por un presunto audio que involucraba al primero y donde se evidencia su interés de sacar al segundo de su cargo.
Esto provocó que la Asamblea Nacional quitara de su cargo a Serrano y, pese a que el artículo 121 de la Constitución establece que el cargo debía ser ocupado por alguno de los vicepresidentes, se llevó a cabo una nueva elección, que contó con el apoyo de la derecha en el Congreso.
Entonces, dice Paz y Miño, "tenemos una presidenta de la Asamblea que ha sido fruto de un consenso entre Alianza PAIS, ligada a Moreno, y más partidos de derecha; es un síntoma más bien de como avanzó la derecha". Además, habrá una reestructuración en el órgano Legislativo y Moreno convocó a varios legisladores a reuniones antes de realizar los cambios.
"Es corrupción violentar las leyes, es corrupción no acatar la Constitución, es corrupción andar acomodando las decisiones a los intereses de las personas y no a la respetabilidad de las leyes", enfatizó Herrera, quien manifiesta su preocupación porque se abre "un período de violación constitucional que va en cascada, una tras otra".
Ninguno de los dos analistas considera que en el país ha estallado una crisis política. Para Paz y Miño es simplemente "el típico revivir de como las fuerzas políticas obran en el Ecuador"; dice que creían que se había superado, pero "lo cierto es que regresamos a situaciones anteriores al 2007".
Él no ve perspectivas de cambios, porque es esa clase política que está acostumbrada "a usar como mecanismos la delación, la venganza, la traición, el amarre, el ataque personal, la vendeta pequeña o grande y finalmente a tener las instituciones en función de cuánto logran de alianza".
Herrea, por su parte, señala que "existe un grave conflicto intrapartido en la clase gobernante", que puede "desparramarse" luego a nivel nacional.
Para Paz y Miño, el caso de Ecuador no es aislado. "Hay una evidente geopolítica internacional para que no continúen gobiernos progresistas" en la región, "para que las cosas vuelvan a su cauce 'normal", y estén en consonancia o identidad "con la globalización" y "con los principios neoliberales", así como con las "economías liberales abiertas al mundo".
Edgar Romero