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Derogan en Ecuador la polémica Ley de Plusvalía: ¿a quién favorece esta medida?

Publicado: 24 mar 2018 00:30 GMT

La normativa había sido aprobada en diciembre de 2016 por la Asamblea Nacional.

Derogan en Ecuador la polémica Ley de Plusvalía: ¿a quién favorece esta medida?
Imagen ilustrativa
Pixabay / jarmoluk
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Este jueves se oficializó en Ecuador, con su publicación en el Registro Oficial (órgano de difusión jurídica del Estado ecuatoriano), la derogatoria de la polémica Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos, conocida como 'Ley de Plusvalía'.

La publicación se hizo luego de que la Asamblea Nacional aprobara, con 97 votos a favor y 18 abstenciones, la derogación de la normativa.

La votación en el Parlamento era un paso necesario para acatar la decisión mayoritaria de los ecuatorianos, quienes en febrero pasado, en una consulta popular celebrada a nivel nacional sobre diversos temas, aprobaron que se derogara la ley.

Allí, 63,22 % de los votantes respondieron afirmativamente a la pregunta: ¿Está usted de acuerdo con que se derogue la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos, conocida como 'Ley de Plusvalía'?

¿En qué consistía esa ley?

La normativa se originó en un proyecto presentado al Congreso a principios de diciembre de 2016 por el entonces presidente Rafael Correa, y se aprobó a finales de ese mes.

La ley creó un impuesto de 75 % al valor especulativo del suelo. Ese tributo se aplicaba únicamente a la ganancia extraordinaria que generaran las segundas ventas de inmuebles y terrenos, cuando estas superaran los 24 salarios básicos unificados (SBU).

Se estableció una tabla impositiva de dos escalas: la primera, para las ventas que no superaran los 24 SBU, que quedaban exentas; en la otra pagarían los propietarios que superaran ese monto al vender el inmueble o terreno.

Al momento de la venta, al valor inicial del inmueble se le sumaban, en beneficio del vendedor, las mejoras y los impuestos que hubiese pagado, lo que aumentaba su costo final. La ley buscaba acabar con la especulación y "evitar una burbuja inmobiliaria", dijo Correa en esa oportunidad.

"La Ley de Plusvalía es tremendamente beneficiosa para la inmensa mayoría de los ciudadanos, para los municipios, y para los verdaderos promotores de vivienda, cuyo principal problema es encontrar suelo barato", explicó Correa a través de un artículo, en el que también señalaba que la normativa "impide prácticas corruptas, como la subvaloración de inmuebles y lucrar de información privilegiada".

¿A quién favorece la derogación?

La propuesta para derogar la Ley de Plusvalía fue presentada por el actual mandatario ecuatoriano, Lenín Moreno, quien paradójicamente fue uno de sus defensores durante su campaña como candidato presidencial.

Moreno incluyó la pregunta en la consulta popular que convocó, y justificó la derogación de la normativa porque en ella "las cargas tributarias impuestas no fueron adecuadas", dijo, debido a que eran ocasionales.

Señaló que se trataba de un impuesto que afectaba irregularmente a "patrimonios grandes y pequeños en diferentes medidas, no cumpliendo su finalidad de evitar la especulación sobre el valor de las tierras (bienes inmuebles) urbanas o rurales".

Asimismo, alegó que el Banco Central de Ecuador constató que la industria de la construcción de vivienda había registrado un decrecimiento de -1,7 % en el segundo trimestre de 2017, y de -7,9 % con respecto al segundo trimestre de 2016.

En el debate que se desarrolló sobre la derogación, el expresidente Correa dijo que el sector construcción decreció "por la reducción de la inversión pública, no por la Ley de Plusvalía". Recordó que pese a las voces en contra de la normativa, "las ganancias del sector fueron ocho veces más" que antes de su gobierno, al pasar de 70 millones de dólares en utilidades en 2006, a 563 millones en 2016.

Lo mismo sucedió con las inmobiliarias, que experimentaron un incremento en sus utilidades al pasar de 110 millones de dólares en 2006 a 373 millones en 2016.

"El Gobierno está desesperado por la 'ayuda' del sector constructor, el cual le pone como condición la eliminación de esta Ley", dijeron desde la plataforma Diles No, que impulsó el voto negativo en la consulta popular.

Edgar Romero

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