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España: ¿Qué son los Comités de Defensa de la República y cuál es su papel en el proceso catalán?

Publicado: 12 abr 2018 16:43 GMT

Esta semana las fuerzas de seguridad españolas han efectuado al menos siete detenciones, así como registros, en el entorno de los Comités de Defensa de la República catalanes.

España: ¿Qué son los Comités de Defensa de la República y cuál es su papel en el proceso catalán?
Mujer detenida en Viladecans (Barcelona), por los cortes de carretera y sabotaje de peajes. 10 abril de 2018.
Josep LAGO / AFP
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Un amplio despliegue policial asestó el martes un golpe a los Comités de Defensa de la República (CDR) en Cataluña. Los Mossos d'Escuadra (la Policía regional catalana) detuvieron a seis personas por atentado contra la autoridad y desordenes públicos, mientras que la Guardia Civil detuvo a una mujer, identificada como Tamara Carrasco García, e intentaba detener a otro individuo que no se encontraba en su domicilio.

Estos dos últimos fueron acusados por la Fiscalía de los delitos de rebelión y terrorismo, aunque el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea los ha descartado y les ha imputado el delito de desórdenes públicos, informa La Vanguardia.

Pero, ¿qué son los CDR? ¿por qué llevan meses en el punto de mira de los medios españoles y últimamente también de tribunales y fuerzas de seguridad? ¿cuál es y ha sido su papel en el proceso independentista catalán?

Los Comités de Defensa de la República nacieron el año pasado con la intención de contribuir a que tuviera lugar en Cataluña el referéndum del pasado 1 de octubre —que el Tribunal Constitucional de España declaró ilegal—. De hecho, sus siglas correspondían inicialmente a Comité de Defensa del Referéndum.

Enfrentamientos entre agentes de la Guardia Civil y votantes durante el referéndum del 1 de octubre en Barcelona. / Juan Medina / Reuters

Tras la celebración de la consulta y la posterior declaración unilateral de independencia el 27 de octubre, su objetivo viró hacia conseguir la implementación de esa declaración y la constitución efectiva de la República catalana. Desde entonces, han llevado a cabo diversos actos de protesta, entre los más conocidos y polémicos se han encontrado diversos cortes de carreteras en los que el tráfico se ha visto detenido durante horas.

La organización de los CDR

Son organizaciones civiles de estructura horizontal que se encuentran diseminados por toda la geografía catalana. Las detenciones de diversos políticos catalanes por el proceso independentista y la posterior detención de Carles Puigdemont en Alemania, provocaron el llamamiento de los CDR a la intensificación de las diferentes acciones de protesta.

Desde su nacimiento, se organizaron a través de las redes sociales y de aplicaciones de mensajería, con el objetivo inicial de mantener abiertos los colegios electorales y asegurar que se pudiera llevar a cabo la votación del 1 de octubre, y 'protegerlos' de la acción de las fuerzas de seguridad.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, los ha comparado con los comités de defensa cubanos que apoyaron la revolución castrista en los años 60, y ha añadido que son de "carácter violento". Por su estructura horizontal "tienen más facilidades para penetrar en el tejido sobre todo de gente joven y en varias localidades", ha sostenido en declaraciones a Telecinco.

¿Cómo funcionan?

Según datos a los que ha tenido acceso El Confidencial, existen en la actualidad 390 CDR, 25 de ellos radicados fuera del territorio catalán, de los que 22 estarían fuera de España. En su mayoría están compuestos por un amplio espectro sociológico que incluye a asociaciones de vecinos, partidos políticos o plataformas cívicas. Funcionan de manera asamblearia y descentralizada. Por lo que parece, son también muy heterogéneos, tanto en su composición, como en su forma de actuar.

Manifestantes catalanes tras el corte de la autopista AP-7 en Figueras, Cataluña. 27 marzo 2018. / RAYMOND ROIG / AFP

En reiteradas ocasiones han exigido la "liberación inmediata de todos los que han sido encerrados por sus ideas", a los que califican de "presos políticos", afirmando que están preparados para "defender la República de forma pacífica pero contundente". Así, han calificado de "golpe de Estado" la actitud del Gobierno de Mariano Rajoy y han hecho llamamientos a participar en las diversas movilizaciones y a "parar el país".

Vinculación con la CUP

Desde la aparición de los CDR en la escena catalana, han sido vinculados con la Candidatura d'Unitat Popular (CUP), uno de los partidos independentistas con representación en el Parlamento catalán con cuatro diputados. Esta formación, de izquierdas y anticapitalista, es la más radical en sus planteamientos a favor de la República catalana, apostando de manera explícita por la independencia unilateral.

Sin embargo, a pesar del apoyo de este partido, no forman parte de su estructura y funcionan de forma autónoma. Si bien es cierto que algunas organizaciones del entorno de la CUP han tenido bastante protagonismo en la formación y actividades de los CDR, como ha recogido la prensa local. 

Sus acciones más importantes

La llamada a la movilización ciudadana es constante desde la organización de los CDR. Uno de sus hitos fue la huelga general convocada en Cataluña el 8 de noviembre, en la que un grupo de personas que protestaban pidiendo la libertad de los que consideran presos políticos tomaron la principal estación de tren de Barcelona, la terminal de Sants, provocando el paro de numerosos trenes.

Protestas ante la Consejería Economía catalana durante una redada en varias oficinas gubernamentales, Barcelona, 20 septiembre 2017. / Albert Gea / Reuters

Sin embargo, los cortes de carreteras han sido una de sus acciones más repetidas. Así sucedió durante las protestas masivas por la actuación policial durante la celebración del referéndum, también durante la citada huelga o en las diferentes manifestaciones convocadas para protestar por las detenciones de políticos catalanes. 

También se les responsabiliza de lo acaecido durante el registro llevado a cabo por la Guardia Civil en la Consejería de Economía el 20 de septiembre, días antes de la celebración del referéndum, donde algunos agentes se vieron retenidos sin poder salir de las instalaciones por la presión popular.

Al menos siete detenciones esta semana

Aunque la Guardia Civil en Cataluña afirma que no se trata de un operativo contra las estructuras de los CDR, sino contra personas concretas por unos hechos concretos, lo cierto es que la operación del martes se centró en estas organizaciones en varias localidades catalanas, y se saldó con la detención de al menos siete personas, seis de ellas a manos de la policía autonómica y una mujer por la Guardia civil. Esta última fue trasladada a Madrid y ya ha sido puesta en libertad. El varón que no fue localizado al no encontrarse en su domicilio, se encuentra en busca y captura.

La mujer detenida, de nacionalidad española y vecina de Viladecans, había difundido en las redes sociales un audio en el que explicaba las acciones y estrategias que pensaban llevar a cabo los distintos CDR e incluso la posibilidad de implementarlas en puertos y Mercabarna (principal mercado de Barcelona): "Si podemos detener el Puerto, sería brutal", decía en un audio difundido por diversos medios.

La Fiscalía la acusaba de los delitos de terrorismo y rebelión por considerarla responsable de coordinar y dirigir actos como cortes de carretera y sabotaje de peajes, aunque hoy el juez la ha puesto en libertad y ha desestimado tales delitos imputándole tan solo el de desórdenes públicos.

Los otros seis detenidos están acusados de atentado contra la autoridad y desordenes públicos por agredir a varios policías durante las protestas en las inmediaciones del Parlamento catalán, el pasado 30 de enero, por la suspensión del pleno en el que debía debatirse la investidura como presidente de la Generalitat de Carles Puigdemont.

Polémica por las acusaciones de la Fiscalía de terrorismo y rebelión

La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera que los "autores y promotores de estos actos vandálicos", en referencia a los cortes de carretera y sabotaje de los peajes, ponen "en peligro no solo la paz pública y el orden constitucional, sino la misma esencia del sistema democrático", lo que sería el requisito para entender que sus actuaciones podrían ser constitutivas del delito de terrorismo.

La calificación realizada por la Fiscalía, aunque no refrendada por el juez, ha levantado una gran polémica en la opinión pública española. El periodista de La Vanguardia Pedro Vallín ha sido muy crítico con esta interpretación y ha escrito un hilo en Twitter que está siendo compartido centenares de veces con su explicación de la situación.

Tras la reforma del código penal de febrero de 2015, pactada por el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, el delito de terrorismo contiene tal ambigüedad que deja el encaje de los hechos a la interpretación del magistrado de turno.

Según el artículo 573 del Código Penal español, se considera delito de terrorismo la "comisión de cualquier delito grave contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, el patrimonio, los recursos naturales o el medio ambiente, la salud pública, de riesgo catastrófico, incendio, contra la Corona, de atentado y tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos [...] y el apoderamiento de aeronaves, buques u otros medios de transporte colectivo de mercancías", siempre que se lleven a cabo con cualquiera de estas cuatro finalidades:

  • Subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo.
  • Alterar gravemente la paz pública.
  • Desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional.
  • Provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella.

De esta manera, el Código Penal español no define actos concretos, sino que da cabida a un sin fin de actuaciones susceptibles desde la reforma de ser calificadas como de actos de terrorismo. Bajo esta definición, una gran amalgama de delitos cuya pena de prisión sea superior a 5 años de cárcel (que son los considerados como delitos graves) y cuya finalidad sea obligar al Estado a hacer o dejar de hacer algo (por ejemplo, reivindicaciones salariales, legislativas, etc.), estarían incluidos bajo ese paraguas.

Nuria López

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