España: los condenados por abuso sexual grupal en San Fermín continuarán en libertad provisional

Este miércoles la Audiencia Provincial de Navarra ha desestimado los recursos interpuestos por la Fiscalía y las acusaciones contra la decisión tomada por el mismo órgano de dejar en libertad provisional a los cinco hombres, conocidos como La Manada, condenados a nueve años de prisión por abusar sexualmente de una joven de 18 años en las fiestas de San Fermín de 2016.

'No es abuso, es violación': Protestas en toda España contra la libertad provisional de 'La Manada'

Esta decisión cuenta con el voto particular de un magistrado, el presidente de la Sala, el mismo que emitió otro voto particular oponiéndose a la puesta en libertad bajo fianza de 6.000 euros de los cinco condenados. Tras esta decisión, permanecerán en libertad a la espera de que se resuelvan los recursos ante el Tribunal Supremo y la sentencia sea firme.

Antonio Manuel Guerrero, el guardia civil del grupo, verá clarificada su situación en un auto independiente, después de que acudiera a una comisaría de Sevilla para renovarse el pasaporte, a pesar de que es una de las medidas cautelares impuestas por el tribunal para acceder a la libertad provisional.

Protesta social

El desarrollo del caso conocido como 'La Manada' ha estado rodeado de protestas desde el comienzo. Los whatsapp de los cinco hombres previos a los hechos en los que hablaban de violar y de utilizar burundanga, que fueron inadmitidos por el Tribunal, y los seguimientos a los que fue sometida la víctima por parte de una de las defensas, encendieron la llama social. El movimiento #YoSíTeCreo recorrió las calles de las ciudades españolas en un claro apoyo a la víctima.

La posterior sentencia que condenaba a los acusados a 9 años de cárcel por abusos sexuales y no por agresión sexual levantó aún más polémica. La sentencia hacía una descripción de los hechos probados que mayoritariamente se entendió como intimidación, pero la sentencia concluía que ésta no existió por lo que la calificación del delito fue menor. Una de las mayores críticas fue que se ponía el foco en el comportamiento de la víctima, puesto que si no se resistía, a riesgo de sufrir mayor violencia, la calificación de los agresores penalmente era más liviana. Recibió incluso la crítica de 1.800 psicólogos y psiquiatras, así como de la propia ONU.

Uno de los últimos capítulos fue la puesta en libertad provisional del grupo a la espera de que la sentencia sea firme, cuando estaban a punto de cumplir dos años en prisión provisional. Ese es el límite temporal en la legislación española para mantener esa condición, aunque también existe la posibilidad de ampliarlo hasta la mitad de la condena en primera instancia, en este caso hasta los cuatro años y medio, que era lo que esperaban los colectivos feministas y un amplio espectro de la masa social española.