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"No a la militarización de Argentina": Rechazo a los cambios de Macri en las Fuerzas Armadas

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Organismos de derechos humanos han convocado una protesta este jueves para denunciar que los militares puedan intervenir en la seguridad interior, algo que no sucede desde la última dictadura cívico-militar.
"No a la militarización de Argentina": Rechazo a los cambios de Macri en las Fuerzas Armadas

Este lunes el presidente argentino, Mauricio Macri, anunció un proyecto de reforma de las Fuerzas Armadas del país sudamericano. Entre las nuevas disposiciones se incluye que vuelvan a tomar tareas de seguridad interior, algo que no sucede desde la última dictadura cívico-militar que gobernó el país entre 1976 y 1983.

Según las propias palabras del jefe de Estado, actuarán "principalmente brindando apoyo logístico en las zonas de frontera, así como también interviniendo ante la protección de eventos y objetivos de carácter estratégico". Además, analizó que las FF.AA. mantienen un "despliegue territorial para amenazas antiguas", motivo por el cual es necesario adaptarlas para amenazas actuales como el narcotráfico y el terrorismo.

Frente a esto, organismos de derechos humanos convocaron a una protesta este jueves frente al Ministerio de Defensa. En un comunicado firmado por Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, entre otros, expresaron su "repudio a la decisión de Macri de sacar las Fuerzas Armadas a la calle".

"El propósito del Poder Ejecutivo es, a no dudar, incrementar los niveles de represión interna", advirtieron los organismos y denunciaron como "falso" el argumento esgrimido por las autoridades que apunta a "proteger objetivos estratégicos". El texto denuncia la intención de "construir un enemigo interno" y así "acallar las protestas sociales y contener las crecientes movilizaciones".

Finalmente, destacaron que involucrar a los militares en la seguridad interior "viola la legislación vigente, lesiona gravemente el consenso social construido tras el retorno a la democracia y el debido respeto a los derechos humanos, por lo que tanto hemos bregado a lo largo de todos estos años".

El presidente respondió ante estas críticas el jueves señalando que "no se puede seguir planteando todo en función de un episodio trágico y lamentable que pasó hace 50 años", en relación a la última dictadura argentina. Además consideró, en entrevista con APA Radio San Pedro, que se está dando un debate "en base a prejuicios".

Fuerzas Armadas y represión en Argentina

"El decreto es una noticia que va en sintonía con el retroceso en materia de derechos humanos que está viviendo el país", declaró a este medio Carlos Pisoni, de la agrupación Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S). Desde su punto de vista, "tiene una gravedad inusitada por el hecho de que las FF.AA. tenían prohibido [hasta ahora] participar de la seguridad interior".

Pisoni recordó que esta normativa que impedía a los militares intervenir internamente estaba vigente "desde el advenimiento de la democracia en 1983 y el fin de la dictadura genocida". Esto era considerado "un logro que afianzaba la democracia".

Sin embargo, señaló que desde que Macri llegó a la Presidencia en 2015 aumentó la represión interna de parte de las fuerzas de seguridad. Así se dio la muerte de Rafael Nahuel en noviembre de 2017 tras recibir un tiro por la espalda durante un desalojo llevado a cabo por la Prefectura Naval. O también la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado en el marco de una represión de la Gendarmería y los hechos violentos en la Ciudad de Buenos Aires en diciembre del último año durante la votación de la Reforma Previsional en el Congreso.

Para el referente de H.I.J.O.S, "están buscando con este decreto tratar de resolver la conflictividad social a través de la represión". "Hay una escalada represiva que quizás tiene su punto cúlmine con esta medida de hacer que las FF.AA. estén en las calles, yendo a contramano del respeto a los derechos humanos y la decisión del pueblo argentino de afianzar esta democracia", analizó.

Un riesgo para la democracia

Mediante el decreto 683/2018, Macri modificó tres leyes: la de Defensa Nacional de 1988, la de Seguridad Interior de 1991 y la de Inteligencia Nacional de 2001. Además también hizo cambios a la resolución 727/06 y se derogó el decreto 1691, ambos establecidos durante el Gobierno de Néstor Kirchner entre 2003 y 2007.

Tal como expresó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) meses atrás en un informe, este conjunto de normativas conformaban "el acuerdo interpartidario más importante conseguido en democracia".

"En el contexto argentino, y sin un debate público sobre las misiones de las Fuerzas Armadas y el presupuesto adecuado para cumplirlas, esto solo conducirá a una mayor asignación de tareas de seguridad interna y a un evidente proceso de 'policialización' de los militares, algo que comprometería aún más lo que queda de la defensa nacional", expresó el organismo.

Asimismo, remarcó que "todos los ejemplos de los países latinoamericanos" que han optado por aplicar este tipo de doctrina de seguridad "han fracasado en cumplir con su objetivo y han sumado numerosas denuncias por abusos a los derechos humanos".

Allí destacan los casos de México y su intento de combatir al narcotráfico, así como también Colombia en el marco de la lucha contra la insurgencia. En ambos países los índices de violencia se ubican entre los más altos del continente y estas políticas no han logrado acabar con estos "enemigos internos".

En ese sentido, el CELS planteó que "otorgar a los militares tareas propias del campo de la seguridad como las actividades antiterroristas que ya están asignadas a cuatro fuerzas federales desvirtuaría el rol profesional de éstas". A su vez sería una decisión "poco racional desde la perspectiva del gasto público y la organización general de la administración estatal".

Finalmente, advirtió que "no está claro qué tipo de acciones y organizaciones serán las consideradas como terroristas", lo cual habilita un margen de arbitrariedad que pone en alerta a las organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos.

Santiago Mayor

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