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Gana la banca española: El Supremo dicta que los clientes deben pagar el impuesto hipotecario

Publicado: 6 nov 2018 18:53 GMT | Última actualización: 7 nov 2018 12:41 GMT

La decisión llega tras una reunión de casi dos días y mucha polémica.

Vista aérea del Tribunal Supremo de España, en Madrid. / Andrea Comas / Reuters
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El Tribunal Supremo de España confirma su paso atrás y establece que son los clientes, y no las entidades bancarias, quienes deben asumir el pago del impuesto de las hipotecas.

La decisión llega tras una larga reunión del Pleno de la Sala de lo Contencioso, convocada dos semanas antes para zanjar definitivamente un asunto cuya gestión judicial estaba resultando muy polémica. 

El pasado 18 de octubre el Tribunal Supremo publicó una sentencia en la que establecía que eran las entidades bancarias, y no lo clientes, quienes debían pagar el impuesto en cuestión, pero tan sólo un día después, tras la notoria caída en bolsa experimentada por las entidades bancarias al conocerse la decisión judicial, dejó en suspenso el efecto de su propio dictamen y anunció que lo volverá a estudiar.

Repercusiones sociales

Si el cambio de rumbo del tribunal ya resultaba insólito, los motivos que adujo para explicarlo generaron además una considerable indignación: la nota difundida el respecto explicaba que  examinarían de nuevo la sentencia debido a "su enorme repercusión económica y social". 

Empezaba a abrirse un profundo y significativo debate que llegaba a cuestionar incluso la independencia del Poder Judicial y a especular sobre el verdadero alcance del poder de la banca en la sociedad española.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) organizó un 'escrache' frente a la sede del Tribunal Supremo, protestando por lo que consideraron un acto de "sumisión de esta institución ante la banca".

El asunto llegó a provocar tanta consternación que el presidente del Alto Tribunal se vio obligado a pedir perdón por la "deficiente gestión" del caso. 

Ignacio González Vega, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, considera que hubo una mala gestión que ha causado un "daño irreparable" a la imagen del Tribunal Supremo. "La Constitución habla de proteger a los consumidores, y eso es lo que deben hacer los poderes públicos", añade el vocero.

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