Diez puntos para entender por qué es polémico el memorándum de López Obrador para cancelar la reforma educativa

Ante la falta de un acuerdo entre el Congreso mexicano y el gremio magisterial en torno a las modificaciones a la reforma educativa impulsada por el expresidente Enrique Peña Nieto, el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, encontró una solución: un memorándum dirigido a las secretarías de Hacienda y Educación "para detener" y "dejar sin efecto las medidas que contempla la mal llamada reforma educativa".

Sin embargo, la medida, anunciada esta mañana, ha levantado una serie de críticas, no solo de la oposición, sino también de activistas e, incluso, dentro de Morena, el partido que llevó a López Obrador a la presidencia de México, al calificarla de inconstitucional y de atentar contra la separación de poderes.

1. ¿Qué contiene?

El memorándum firmado por López Obrador y dirigido a las secretarías de Hacienda, Gobernación y Educación, tiene el fin de dejar sin efecto la "mal llamada reforma educativa", como se le denomina a la aprobada en el sexenio anterior de Enrique Peña Nieto.

2. ¿Por qué lo emitió el presidente mexicano?

El argumento del mandatario es la falta de un acuerdo entre el Congreso y el gremio magisterial para modificar legalmente la reforma educativa impulsada por su Administración, a fin de abolir la de Peña Nieto, cuyo principal punto de conflicto está relacionado con la evaluación de docentes, lo cual fue interpretado por el gremio magisterial como un instrumento punitivo para someter al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el sindicato más grande de América Latina, que fue utilizado como una gran maquinaria electoral al servicio de los partidos políticos en años anteriores.

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3. ¿Qué sucede tras su emisión?

El presidente dictó una serie de lineamientos básicos que sirvan como guía a las secretarías de Estado para ejercer la política educativa, de manera temporal, mientras los legisladores y el sector magisterial pactan los términos en que habrá de modificarse la ley vigente. También emitió una recomendación para liberar e indemnizar a los profesores que protestaron por la reforma educativa en vigor.

4. Lo que dice el partido oficial

Tras la firma del memorándum, Morena –el partido de López Obrador- ha tenido posturas encontradas.

El líder parlamentario del partido en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, señaló que refleja la voluntad del Gobierno por acabar con un "mal capítulo para los maestros y la educación del país".

En el mismo sentido se manifestó el coordinador del grupo parlamentario en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, al señalar que responde al compromiso de acabar con el "régimen de terror" que instauró la reforma educativa impulsada en 2012 por Peña Nieto.

Sin embargo, Rubén Rocha Moya, presidente de la Comisión de Educación en el Senado y también legislador de Morena, rechazó la medida anunciada y aseguró que se requiere una nueva reforma constitucional. A su juicio, es necesario continuar el diálogo con el magisterio y modificar la reforma desde las cámaras, pero el ejecutivo no puede tomar esa decisión.

5. ¿Es impugnable?

El ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de México (SCJN), José Ramón Cossío, afirmó que el documento es "fácilmente impugnable jurídicamente", pues "carece de fundamentación y motivación", no cita "una sola norma jurídica" y "es autoreferente en cuanto a su autoridad".

En el mismo sentido se manifestó el coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN-derecha), Juan Carlos Romero Hicks, al señalar que jurídicamente es insostenible. "Para empezar, no funda ni motiva, por lo tanto, carece de vigencia jurídica. Es nulo en el pleno derecho", dijo en conferencia de prensa en la Cámara de Diputados.

6. Preparan acciones legales

Hay cuatro acciones legales que podrían tomarse, a decir de la oposición: amparos, denunciaspenales, acciones de contrariedad, y acciones para juicio político y juicio de procedencia de desafuero contra algunos funcionarios, como el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, pues el presidente solo puede ser juzgado por delitos graves del orden común.

"Es un documento tan mal hecho, tan ocurrente, tan aleatorio, cualquier funcionario mínimamente conocedor del derecho no lo acataría, porque no está fundado y motivado. No alcanza el nivel de decreto, es entre un insulto y la nulidad", refirió Romero Hicks. Además, aseguró que el documento atenta contra la división y la separación de poderes y "los funcionarios que acaten esta instrucción, que es ilegal, pueden ser sujetos de responsabilidades".

En el mismo sentido se manifestó, en el Senado, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI-centroderecha) –que llevó al poder a Peña Nieto- al señalar que los secretarios de despacho y funcionarios que intenten desconocer el ordenamiento legal, faltarían a su juramento a la Constitución y las leyes.

7. ¿Viola la Constitución?

La medida adoptada por el Ejecutivo Federal ha sido vista como una amenaza para derogar una ley vigente de manera unilateral.

El PRI señaló que es una abierta violación a la Constitución, pues el presidente no tiene facultades para abrogar reformas constitucionales ni legales. Mientras que el Partido de la Revolución Democrática (PRD-centroizquierda) esgrimió el mismo argumento.

Pero no solo los partidos políticos se pronunciaron sobre la medida, también empresarios, analistas y activistas cuestionaron su legalidad.

Gustavo de Hoyos Walther, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), señaló que la medida es una violación sistemática a la ley y al Estado de Derecho.

La politóloga Denise Dresser resaltó que la Constitución no puede violarse con un memorándum y que la reforma educativa se está negociando en el Congreso mexicano.

Por su parte, Miguel Carbonell, docente en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, manifestó que el documento signado por López Obrador no cita ninguna norma jurídica que sostenga su instrucción y, por el contrario, deja sin efecto el texto constitucional.

8. Lo que dicen los maestros

Líderes de la dirigencia magisterial, que se agrupa en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), afirmaron que el documento no abroga totalmente la reforma educativa de 2013 y no destraba las negociaciones, pues solo atiende una parte de sus exigencias.

Juan Melchor, integrante de la CNTE, pidió al Gobierno federal concretar la reinstalación de más de 586 maestros cesados por no presentar la evaluación docente en el sexenio pasado, e insistió en que se elimine la prueba a los educadores.

Por su parte, Wilbert Santiago, vocero de la Sección 22 de la CNTE, expuso que solamente es una instrucción escrita para que Esteban Moctezuma, titular de la Secretaría de Educación; Olga Sánchez Cordero; titular de Gobernación, y Carlos Urzúa, al frente de Hacienda, resuelvan los problemas de la coordinadora, pero no abroga la reforma educativa.

"Todavía no se resuelve nada porque, como se dio a conocer en la mañana, el documento es para que busquen cómo resolver estos problemas. Todavía no tenemos abrogación total de la reforma", dijo.

9. Cómo está la discusión

El dictamen que contiene la reforma educativa que impulsa la Administración de Andrés Manuel López Obrador está en suspenso, luego que el pasado 2 se informara que no hay fecha para elevar el debate al pleno de la cámara alta porque el acuerdo es no votarla hasta que se agote el diálogo con el magisterio, que ha mantenido diversas protestas contra la iniciativa.

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El dictamen en cuestión fue aprobado el pasado 27 de marzo en comisiones de la Cámara de Diputados, en medio de protestas de profesores disidentes y tras tres horas de debate.

10. ¿Cuál es la propuesta?

El documento, cuyo análisis se ha pospuesto en el pleno de la cámara alta, pondría fin a la Ley General del Servicio Profesional Docente, el eje legal de la cuestionada reforma educativa hecha en 2013 durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto y que condicionaba la permanencia de los maestros en sus plazas a una evaluación.

El dictamen también destaca que la admisión, promoción y reconocimiento de los profesores se regirán por la Ley Reglamentaria del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, lo que permitirá garantizar que las plazas magisteriales serán otorgadas por concurso, una de las demandas centrales de la CNTE.

El texto aprobado también establece que hasta que el Congreso de la Unión expida la ley en materia del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, queda suspendida cualquier evaluación.

Paola Morales

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