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La Embajada de México en Ecuador da "protección" a siete dirigentes del correísmo

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Tras las detenciones de Paola Pabón, prefecta de la provincia de Pichincha, y Alexandra Arce, exalcaldesa de la ciudad de Durán, figuras de la Revolución Ciudadana pidieron resguardo.
La Embajada de México en Ecuador da "protección" a siete dirigentes del correísmo

El Gobierno de México informó este lunes a través de su Secretaría de Relaciones Exteriores que su Embajada en Quito (Ecuador) está brindado "protección y resguardo" a otros seis dirigentes ligados al expresidente ecuatoriano Rafael Correa, que se suman a la asambleísta Gabriela Rivadeneira, quien accedió al establecimiento diplomático el 12 de octubre. 

Según el comunicado publicado por la Administración de Andrés Manuel López Obrador, los nuevos ingresantes son los asambleístas nacionales Carlos Viteri y Soledad Buendía, junto al asambleísta alterno nacional Luis Fernando Molino, así como sus cónyuges.

"Nuestro país reitera su compromiso con el respeto, protección y promoción de los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su afinidad política", sostuvieron las autoridades mexicanas. En esa línea, la nación norteamericana reafirmó "su postura de no intervención y su deseo por una salida democrática, pacífica y dialogada a la situación por la que cruza el Ecuador".

Por su parte, Rivadeneira, expresidenta de la Asamblea Nacional y una importante dirigente del correísmo, explicó el domingo los motivos por los cuales pidió la protección mexicana: "No hemos cometido ningún delito. En lo personal, he padecido un seguimiento extrajudicial en los últimos días".

Más en detalle, precisó que habría sido vigilada por "agentes de Inteligencia, carros de la Policía, militares y civiles", frente a su domicilio, despacho personal y espacios de militancia. Aquellas situaciones de "acoso y amedrentamiento" habrían sido informadas a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, "sin obtener respuesta".  

Así las cosas, se desconoce por cuánto tiempo permanecerán en la sede mexicana los siete militantes de la Revolución Ciudadana. 

Figuras correístas detenidas

Este lunes por la madrugada fue privada de su libertad la prefecta de la provincia de Pichincha, Paola Pabón, tras el allanamiento de su vivienda en la capital del país. Parte del operativo policial quedó registrado en imágenes, que fueron difundidas desde las redes sociales de Pabón, donde la política denuncia abuso de autoridad. "Me llevan detenida sin pruebas. Ser oposición en una democracia no puede ser delito", escribió en Twitter. 

Además, la Fiscalía General precisó que también fueron detenidos sus colaboradores Christian González Narváez, sospechoso de "financiamiento de grupos violentos", y Pablo Del Hierro, presunto "encargado de logística y abastecimiento" en los disturbios de los últimos días.

Asimismo, el 13 de octubre fue apresada Alexandra Arce, exalcaldesa de la ciudad de Durán, señalada como posible responsable de saqueos en aquel distrito. "Esto no es más que un montaje y una clara persecución", se defendió públicamente aquella figura del correísmo.  

A esas detenciones, se suman las producidas al inicio de las movilizaciones: el prefecto de la provincia de Sucumbíos, Amado Chávez, y el asambleísta Yofre Poma, fueron apresados acusados de paralizar el servicio público por intentar tomar una estación de bombeo de petróleo en la Amazonia. 

Con este marco, Correa habló de "presos políticos", y repasó algunas de las detenciones en redes sociales. Por su parte, el dirigente vive en Bélgica desde 2017 y tiene dos pedidos de prisión en Ecuador. 

Al menos 1192 detenciones, según la Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo de Ecuador informó que hasta el 13 de octubre se produjeron 1192 detenciones en el marco de las protestas sociales contra el Gobierno de Lenín Moreno. Además, agregaron que hubo ocho personas fallecidas —cuyas muertes aún deben ser esclarecidas— y 1340 heridos. 

Las masivas movilizaciones se produjeron luego de que el Ejecutivo anunciara el 1 de octubre la quita del subsidio al combustible, generando un aumento importante en su precio final, entre otras polémicas medidas económicas. Las protestas se iniciaron con sectores transportistas, pero luego fueron lideradas por agrupaciones indígenas. Así, estudiantes y descontentos en general también se plegaron a las marchas.

Como rápida respuesta, Moreno decretó el estado de excepción, que incluyó un importante despliegue de las fuerzas de seguridad. Las jornadas siguientes transcurrieron con más movilizaciones, algunos disturbios y una fuerte represión policial. 

Finalmente, tras un acuerdo entre el presidente y el movimiento indígena, el Gobierno anunció este 14 de octubre la anulación del llamado 'paquetazo'. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Conferencia Episcopal de ese país latinoamericano sirvieron como mediadores para resolver el conflicto.  

RT