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Violación de los derechos humanos, censura a los medios y rechazo al FMI: los temas pendientes en Ecuador

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La Defensoría del Pueblo abrirá una comisión de investigación para determinar las responsabilidades tras las protestas que se extendieron por más de una semana.

Terminadas las protestas en contra de las medidas económicas anunciadas por el presidente Lenín Moreno, una serie de voces han alertado sobre los excesos en la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado, de la censura a los medios independientes y de las reacciones frente a las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) en ese país.

Sobre el tema de la violación de los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo de Ecuador anunció que conformará una 'Comisión de Investigación Defensorial', con la finalidad de realizar un "informe que transparente y verifique" la información de la actuación de las fuerzas policiales y militares durante las protestas que se extendieron por 11 días en el país andino.

Previamente, la Defensoría presentó siete informes técnicos donde se registraron ocho  fallecidos, 1192 detenidos y 1340 heridos durante las manifestaciones en contra del denominado 'paquetazo' anunciado por Moreno.

El defensor del Pueblo, Freddy Carrión Intriago, manifestó que se elaborará un informe, que entregarán a organismos ecuatorianos e internacionales de derechos humanos, "en busca de la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas".

De igual manera, ha afirmado que, en caso de evidenciarse algún tipo de delito, será informado a las autoridades judiciales nacionales y entes internacionales.

Levantamiento de toda la sociedad

Luisa Lozano, miembro del consejo directivo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), manifestó que no puede permitirse la vulneración de los derechos ni que se cometan delitos de lesa humanidad.

"No podemos callar ante tanta represión e injusticia", expresó la representante de la organización que lideró las protestas en entrevista a RT. "No solo hubo un levantamiento indígena, hubo un levantamiento de toda la sociedad", afirmó.

La CONAIE ha adelantado que "frente a la violencia estatal" durante las manifestaciones, recurrirá a organismos de derechos humanos dentro y fuera de Ecuador para que se establezca "la verdad, justicia, reparación y no repetición".

Entre los fallecidos está el dirigente indígena de la provincia de Cotopaxi, Inocencio Tucumbi. El movimiento de pueblos originarios hizo un velatorio en la Casa de la Cultura de Quito, donde se resguardaron los días de las manifestaciones.

"Vamos a enfrentar al FMI"

Leonidas Iza, presidente del movimiento Cotopaxi, recordó que el Ejecutivo "está comprometido con 4200 millones de dólares" otorgados en préstamo por el Fondo Monetario Internacional (FMI), "a cambio de ajuste de la economía estructural".

"Si el Gobierno sigue pretendiendo ser ordenado por las políticas del FMI, va a encontrar estos problemas", aseveró Iza, al referirse a la posibilidad de volver a las calles en reclamo de sus derechos.

"El FMI debe entender que hay un pueblo que está de pie y vamos a enfrentar esa política que ha hecho daño a la economía del Ecuador", enfatizó.

Tras el acuerdo entre el Gobierno y los movimientos indígenas, que puso fin a las manifestaciones y que consiguió la derogatoria del Decreto Ejecutivo 883 donde se había establecido la eliminación del subsidio a las gasolinas extra, ecopaís y al diésel, la economista jefe del FMI, Gita Gopinath, ratificó el respaldo de ese organismo a Moreno.

Mientras tanto, el tema de una nueva política de precios para el diesel y la gasolina extra aún queda como materia pendiente.

Denuncia de los medios

Durante el estado de excepción, los medios independientes denunciaron que sufrieron censura, intervención de sus teléfonos e incluso bloqueos digitales que les impidieron realizar normalmente el libre ejercicio del periodismo.

Santiago Aguilar Morán, director de Radio La Calle, afirmó a este medio que le pusieron "rostro a esta movilización" mientras que los grandes medios "le ponen rostro de maquillaje", con referencia al silencio mediático de las grandes empresas de comunicación ecuatorianas.

Adelantó que se encuentra en alerta "ante cualquier ataque, vulneración, allanamiento de casas, de los medios de comunicación y ante la interceptación de información".

Por su parte, la Convergencia de Comunicadores y Medios Independientes, Alternativos, Populares, Comunitarios y Digitales del Ecuador manifestó que fueron ellos los que rompieron el cerco mediático e informaron lo que los grandes medios no hicieron.

En un comunicado compartido en las redes, esta plataforma de medios independientes denunció que el Gobierno pretende "deslegitimar de manera sistemática" su trabajo, que la información que transmitieron es "frontal, verificada y verificable", que "fueron afectados por la censura tecnológica y digital" y que sus derechos fueron vulnerados.

En medio de estas denuncias sobre violación de derechos humanos y censura, el Ejecutivo trabaja en un proyecto de reforma laboral "para la reactivación productiva del empleo" que se ha presentado a la Asamblea.

Moreno además se encuentra analizando su medida anunciada, como parte del 'paquetazo', sobre la renovación de los contratos ocasionales con 20 % menos de remuneración y el recorte de vacaciones para los trabajadores del sector público (de 30 días a 15).

Según datos oficiales, de junio de 2018 a junio de 2019, un total de 122.000 ecuatorianos se sumaron al subempleo y cerca de 23.000 funcionarios públicos fueron despedidos.

RT