Masacres y asesinatos en el Cauca colombiano: el porqué de la escalada de violencia

Dos recientes masacres en el departamento del Cauca, al suroeste de Colombia, han provocado la respuesta del Gobierno de Iván Duque, que pretende, mediante la fuerza, solucionar problemas de décadas relacionados con la repartición de tierras y los cuantiosos cultivos del narcotráfico presentes en el territorio. Sus habitantes, una vez más, viven con miedo al terror causado por varios grupos armados que operan en el lugar con total impunidad. 

El pasado domingo, Jesús Mestizo, miembro de la asociación indígena Avelino UI, fue asesinado por dos hombres cuando se encontraba con su esposa e hijo en el sector Vichiqui, en el corregimiento de Tacueyó, una zona rural del municipio de Toribío. El mismo día, sujetos armados mataron a Alexander Vitonás Casamachin, de 18 años de edad, en el municipio de Páez. Poco eco hizo el llamado de la sociedad colombiana a parar el genocidio indígena, tras la masacre de la Neehwe'sx (gobernadora) Cristina Bautista y de cuatro miembros de la Guardia Indígena, ocurrida el 29 de octubre en el resguardo de Tacueyó. 

La violencia de grupos armados se impuso una y otra vez contra las comunidades indígenas del Cauca, como también lo hizo unos días antes (31 de octubre), cuando desconocidos asesinaron a cuatro ingenieros y topógrafos que trabajaban con drones en la vereda Santa Helena, en Corinto, una zona en donde se han identificado cultivos ilícitos.

Los grupos al margen de la Ley no son los únicos que arremeten contra la población. El 28 de octubre fue asesinado el comunero Flower Yain Trompeta por presuntos integrantes del Batallón de Alta Montaña 8 del Ejército Colombiano, según denunció la Red Nacional de Garantías y Derechos Humanos de la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica. Este hecho, sumado a las masacres recientes en el Cauca, a ejecuciones extrajudiciales en operativos del Ejército y el bombardeo contra presuntos integrantes de los Grupos Armados Organizados Residuales (GAO) en una zona de San Vicente del Caguán (Caquetá), en el que salió a la luz la muerte de al menos ocho menores de edad, provocaron la renuncia del ministro de Defensa, Guillermo Botero. 

Previo a la renuncia de Botero, con la mira de la crítica nacional por las masacres y asesinatos en el Cauca, el Gobierno de Iván Duque anunció el despliegue de 2.500 militares para fortalecer la seguridad en la zona y luchar contra la expansión de narcotráfico.

El mandatario responsabilizó a "estructuras del narcotráfico, disidentes, residuales" de la violencia, argumentando que estos actores buscan continuar con el negocio del narcotráfico, además de "acallar las expresiones de las comunidades" y "amedrentar a las comunidades indígenas". 

No obstante, integrantes de los pueblos indígenas señalaron que militarizar el Cauca "no resolvería los problemas de seguridad que se viven en el territorio, y más bien obedece a una forma de responder mediáticamente a lo ocurrido en el norte del Departamento". 

"¿Qué pensar cuando todo el aparato del Estado dice que la clave para la protección de los líderes sociales es la guerra concentrada en disidentes o residuales y en el ELN (Ejército de Liberación Nacional)?", cuestionó Camilo González Posso, presidente del Instituto para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en un análisis tras la masacre en Tacueyó.  

¿Qué sucede en el Cauca?

Este departamento ubicado al suroeste de Colombia, en donde fluyen los ríos Cauca y Magdalena, tiene abundantes recursos naturales y una de las mayores poblaciones indígenas y afroamericanas.

El territorio, de millón y medio de habitantes, también es uno de los más complejos en Colombia por la cantidad de intereses que confluyen: luchas históricas por la tierra por parte de campesinos, indígenas y afroamericanos; megaproyectos para explotar el carbón, oro y petróleo; grandes cultivos de marihuana y cocaína; y la presencia de disidencias guerrilleras, grupos narcoparamilitares, sicarios al servicio de empresarios y miembros de las Fuerzas Armadas.

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Para darnos una idea de la magnitud de la violencia ejercida por diferentes grupos en el Cauca, Camilo Posso registró el asesinato de 163 líderes sociales desde 2016 hasta septiembre de 2019.

De acuerdo con el especialista, 45 % de los homicidios de líderes sociales están asociados a conflictos territoriales; 14 % se perpetraron en contextos de cultivos ilícitos o de disputas por territorios y rutas frente a narcotraficantes de cocaína; 25 % en conflictos alrededor de la marihuana y 16 % asociados con la minería del oro.

De estos asesinatos, el 58 % fue cometido por sicarios sin grupo de pertenencia conocido; 22 % por narcoparamilitares; 5 % por agentes de la Fuerza Pública; 18% por excombatientes de las FARC que no se adhirieron al Acuerdo de Paz; y 2% por parte de miembros del ELN.

Demandas históricas

En el Cauca, la población indígena (24,8 %) y afrocolombiana (22,2 %) tiene demandas históricas de tierra que datan desde la Conquista. Para ellos, la organización comunal es vital para exigir al Estado que cumpla con la entrega de tierras, a la par de enfrentar la violencia perpetrada por grupos armados que se pelean el territorio para apoderarse de economías legales e ilegales.

Las masacres que sufren no son nuevas. En diciembre de 1991, 21 indígenas de la etnia Nasa fueron asesinados por exmiembros del grupo paramilitar Bloque Vencedores de Arauca, que en complicidad con ganaderos, se organizaron para desalojarlos de la Finca de El Nilo, en Caloto. 

El director de Indepaz explica que esta disputa por territorios para grandes negocios "choca con la resistencia de comunidades organizadas que quieren construir planes de vida endógenos, desde sus culturas, identidades y autonomías". 

Además, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) explicó en un documento que la política contra las drogas del Plan Colombia, que en 2012 incluyó fumigaciones con componentes químicos en zonas de cultivo de Putumayo, motivó que los cultivos de hoja de coca se trasladaran a Nariño, Norte de Santander y Cauca. 

Las consecuencias en el departamento se acrecentarían tras el incumplimiento del Gobierno de Iván Duque con el Acuerdo de Paz, firmado con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que entre otras cosas, se comprometió a ayudar a los campesinos en la sustitución de cultivos ilícitos, uno de los grandes pendientes en el Cauca. Aunque las autoridades indígenas han pedido a la Guardia Indígena prohibir los laboratorios de cocaína, muchos grupos armados se pelean a sangre y balas este territorio codiciado.

José Beltrán

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