La Cámara de Diputados de Chile votará este jueves si aprueba una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, por su presunta responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la represión a las protestas sociales, que desde el 18 de octubre se repiten en todo el territorio contra el Gobierno.
Se trata de una iniciativa planteada por 11 parlamentarios de distintas facciones opositoras —se necesitan 10—, que consideran responsable al mandatario por los abusos cometidos por la Policía (Carabineros) y las Fuerzas Armadas, en el marco de la represión a las manifestaciones de grupos opositores, motorizadas principalmente por gremios y agrupaciones estudiantiles pero también por numerosos ciudadanos independientes.
La acusación se basa en los informes que han elaborado organismos de derechos humanos, tanto del ámbito local como internacional, que dan cuenta de la cantidad de denuncias presentadas ante el violento accionar de los agentes del Estado contra los manifestantes.
En Chile, la acusación constitucional es un instrumento jurídico-político que se encuentra establecido en los artículos 52 y 53 de la Constitución de la República. Apunta a altas autoridades del Estado, incluido el presidente, y aplica ante el "abuso o desviación de poder, infracciones constitucionales y delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones". De ser aprobada, tanto en la cámara de Diputados como posteriormente en el Senado, implica la destitución del acusado, sobre quien además recae una inhabilitación para ejercer cargos públicos por cinco años.
Asimismo, el implicado deberá afrontar, si hubiere cometido delito, a la Justicia competente, ya sea civil o penal.
La comisión revisora de la acusación estuvo integrada por cinco diputados elegidos al azar: Gastón Saavedra (Partido Socialista), Boris Barrera (Partido Comunista), Sofía Cid (Renovación Nacional), Gastón von Mühlenbrock (Unión Demócrata Independiente) y Daniel Verdessi (Partido Demócrata Cristiano), quien fue elegido como presidente por unanimidad. El miércoles, este cuerpo aprobó por tres votos a dos avanzar con la acusación, un primer paso del proceso que, aunque no es vinculante, otorga mayor legitimidad al libelo.
Según explicó el diputado Verdessi a RT, tras la reunión del miércoles el pleno de la cámara revisará este jueves la cuestión previa, luego el fondo de la acusación, y en caso de pasar ambas instancias lo tratará el Senado. En la cuestión previa, la defensa del presidente va a anteponer un recurso de inadmisibilidad, que, si se acepta, echará por la borda todo el proceso.
El pasado 4 de diciembre, Piñera presentó por escrito su defensa frente a la acusación, en un texto que señala que se le imputan delitos cometidos por terceros. Anteriormente, en declaraciones públicas, el mandatario había dicho que la querella en su contra no tenía "ningún fundamento".
En el Senado, para que se apruebe el proceso de destitución se requieren dos tercios de los votos, un objetivo que la oposición no alcanza aún siendo mayoría, porque la derecha ocupa más de un tercio de la cámara. Por lo tanto, cree Verdessi, no tiene "ninguna posibilidad" de avanzar.
De todas maneras, sostiene el diputado, será "una señal" al presidente sobre los estándares que "nunca más deben ser traspasados" en Chile en relación al respeto de los derechos humanos.
Según explicó el legislador a este medio, en el transcurso de la comisión revisora fueron recibidas muchas personas vinculadas al tema desde distintos puntos de vista. Pasaron el ministro de Defensa, Alberto Espina, el director general de Carabineros, Mario Rozas, así como abogados constitucionalistas, víctimas de la represión, referentes de derechos humanos, entre otros.
Para el diputado, la piedra angular de todo este proceso es el hecho de que hayan llegado organismos internacionales de derechos humanos al país, con informes muy negativos respecto al accionar del Estado, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional. Por otro lado, está "la preocupación de la comunidad chilena por estas violaciones inusitadas de derechos humanos de civiles, al margen de la falta de capacidad del Gobierno para mantener el orden público".
Uno de los ítems centrales de esta acusación refiere a la violación 'sistemática' de los derechos humanos, lo que a juicio de Verdessi no se prueba sino que más bien es "generalizada".
"Sistemática implica la participación de otros organismos del Estado, y en este caso no es así, pero sí es generalizada y muy numerosa", advirtió.
En segundo lugar, está el "comprometer gravemente el honor de la nación", y afectar "el prestigio democrático" y de protección a los derechos humanos de Chile.
"Tenemos la responsabilidad de marcar un nuevo estándar a nivel nacional e internacional de lo que debe ser la responsabilidad del presidente de la república. Hay una barrera infranqueable, aún con la situación de emergencia que se vivió en el país, con ataques simultáneos a estaciones del metro, saqueos, etcétera, que indica que no hay razón para que no se reserven rigurosamente los derechos humanos. Ahí el Gobierno se pone a prueba y, a mi juicio, reprobó el examen", señaló el legislador a este medio.
Hay un antecedente reciente que atañe a este mismo Gobierno y que lo pone en alerta. El miércoles, el Senado aprobó el juicio político contra el exministro del Interior y primo de Piñera, Andrés Chadwick, por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social, en el marco del estado de emergencia.
Para el presidente de la comisión revisora, este aviso puede hacer retrotraer o tomar nuevas medidas al jefe de Estado. "Todos los presidentes deben estar al tanto de que, no habiendo justificación alguna, nunca un estado de emergencia puede hacer transgredir los derechos humanos, ni que ocurran mutilaciones oculares ni muertos", dijo el médico cirujano y político chileno.
Y agregó: "La Policía está mal entrenada, están haciendo uso inadecuado de los protocolos, ya que por algún motivo se acercaba a manifestaciones pacíficas, y no a donde era requerida: en saqueos, robos, incendios y otra clase de delitos que no forman parte de la protesta civil".
En relación a esos actos, el mandatario promovió dos proyectos legislativos para castigar con más énfasis a quienes los cometan: la ley antiencapuchados y la ley antisaqueos. Si bien la primera fue aprobada en general en el Senado, y volverá a Diputados para ser tratada en particular, la segunda tuvo un primer traspié esta semana, ya que la comisión de Seguridad del Senado suprimió el texto original por considerar que establece penas excesivas, y que por sus ambigüedades podría funcionar como un método para criminalizar la protesta. La cámara en pleno deberá ahora analizarlo "punto por punto", detalló Verdessi.
Hasta el momento, desde el inicio del conflicto social, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile contabiliza un total de 241 personas con lesiones oculares de diversa consideración. A su vez, fueron presentadas 604 acciones judiciales contra las fuerzas policiales y militares, entre ellas seis por homicidio, nueve por homicidio frustrado, 88 por violencia sexual, 458 por torturas y tratos crueles, 19 por lesiones, cinco recursos de queja y 19 amparos.
Lo que debe establecer el Poder Legislativo chileno es si le cabe responsabilidad al presidente Piñera por estas acciones abusivas.
Para Verdessi, no hay dudas de que el jefe de Estado pudo haber hecho algo para frenar la escalada de violencia institucional: "Inmediatamente debió haber detenido el uso de las escopetas antidisturbios, que se supone que eran para defenderse en caso de un ataque con riesgo vital".
A su vez, cree que el mandatario, por alguna razón, no tomó dimensión de la gravedad de la situación a lo largo de estos casi tres meses. "Piñera pareció haber estado demasiado alejado de lo que estaba ocurriendo, sin empatía, quizás por manejar información insuficiente o inadecuada, o simplemente porque lo ignoraba", concluyó.
Emmanuel Gentile