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Tribunal Supremo de Venezuela solicita a Italia la extradición del expresidente de PDVSA Rafael Ramírez

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El exfuncionario deberá responder ante la justicia venezolana por peculado doloso, evasión de procedimiento licitatorio y asociación para delinquir.

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) declaró este viernes como "procedente" la solicitud de extradición del exministro de Petróleo y expresidente de la estatal Petróleos de Venezuela, (PDVSA), Rafael Ramírez, quien se encuentra en Italia y es requerido por los tribunales en Caracas por presuntos delitos de peculado doloso, evasión de procedimiento licitatorio y asociación para delinquir.

Según el comunicado, el Supremo asume el compromiso ante Italia de que Ramírez será juzgado bajo "las debidas garantías" y "únicamente por su presunta participación" en la comisión de estos delitos. El TSJ agrega que el caso cumple con "los principios generales" que rigen la materia de extradición en Venezuela.

Ramírez, quien fue ministro de Petróleo y presidente de PDVSA entre 2002 y 2014, para luego desempeñarse como embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), fue acusado por liderar una trama de corrupción, junto a su primo Diego Salazar, y el empresario Jorge Enrique Luongo.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, dada a conocer en enero del 2018, Salazar y Ramírez habrían obtenido más de 1.347 millones de euros a través del blanqueo de capitales, entre 2011 y 2012.

Ramírez también está vinculado al caso del "buque fantasma", propiedad de la empresa inexistente Petro Saudi Saturn, contratado en 2010 para la explotación de gas costa afuera como parte del proyecto Gran Mariscal de Ayacucho.

Durante siete años —lo normal es que los contratos de ese tipo duren tres—, el Estado venezolano pagó 1.175.300 dólares por una nave que estuvo inoperativa el 60 % de ese tiempo.

Asimismo, el expresidente de PDVSA también está relacionado con el caso de la Oficina de Inteligencia de Mercadeo y Política Petrolera, con sede en Viena, donde presuntamente se manipularon los escaladores AGA y el Factor K, componentes necesarios para la fijación del precio del crudo.

Los "errores de cálculo" en los escaladores AGA pudieron generar pérdidas de hasta 6 dólares por barril (para la determinación de regalías), mientras que la desviación del factor K pudiera superar los 5.000 millones de dólares, entre 2009 y septiembre de 2017.

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