Un estudio de una agencia en EE.UU. admite que las sanciones contra Venezuela agravaron la crisis en ese país

Las sanciones impuestas por EE.UU. a Venezuela "están generando repercusiones importantes en la economía venezolana, trayendo como consecuencia una pérdida importante de bienestar en la población", señala un informe de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), publicado este jueves.

El texto hace énfasis en las sanciones impuestas por la administración de Donald Trump en agosto de 2017, que prohíben las negociaciones sobre nuevas emisiones de deuda y de bonos por parte del Gobierno y de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), así como los de la deuda pública externa; además de las establecidas en enero de 2019, luego que Washington reconociera a Juan Guaidó como el "presidente encargado" del país sudamericano, sancionando directamente a la petrolera venezolana.

En el informe destacan que las sanciones financieras de 2017 "impactaron de manera negativa" a la producción petrolera venezolana, debido a que el acceso a crédito por parte de PDVSA "se hizo más complicado". Esta situación se recrudeció con las medidas del año pasado, que afectaron directamente la "comercialización".

"Tanto la disminución del Producto Interno Bruto (PIB) del sector petrolero como en el aporte fiscal, ocurrieron en parte como resultado de las sanciones financieras y petroleras", indica el texto.

"Derogar las sanciones"

Desde la administración estadounidense han argumentado que las sanciones buscan generar presión para la salida del mandatario,Nicolás Maduro, del poder, supuestamente sin afectar la calidad de vida de la población. Pero los datos demuestran lo contrario.

Quienes defienden estas medidas —añade el informe de WOLA— esgrimen que "no tienen incidencias en la compra de alimentos, medicinas y bienes esenciales", así como tampoco impactan en "las empresas privadas ni en los venezolanos".

Pero, como dice el informe, luego de tres años, "los resultados exhibidos son bastante mediocres". "No se ha logrado el cambio político, pero la crisis económica y social en el país ha empeorado", añade.

El documento explica que aunque esas sanciones no pongan restricciones directas a las importaciones de alimentos y medicinas, "hacen falta ingresos en divisas para adquirirlos" y estas han disminuido, producto de la baja en la producción petrolera.

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Aunado a ello, en el informe señalan que la banca internacional, sobre todo la estadounidense, a raíz de la imposición de estas sanciones, "ha exacerbado la aplicación de medidas a muchos de sus clientes venezolanos, sin importar si eran empresas privadas de trayectoria en el país".

Un ejemplo de este impacto, al que hace referencia el informe, es el de dos compañías que recibieron solicitudes de la Cruz Roja y de UNICEF para la compra de productos sanitarios por el covid-19, "pero los bancos de estas organizaciones les informaron que no podían hacer los pagos a empresas venezolanas por las sanciones".

También hacen alusión a la escasez de combustible, producto de estas mismas medidas, que traen "efectos negativos en la población", y que se agravan con la pandemia.

El informe concluye que "derogar las sanciones o establecer mecanismos para flexibilizarlas debe ser visto no solo como un necesario cambio de una estrategia que ha fallado en lograr el objetivo propuesto, sino también pensando en la compleja situación que viven los venezolanos".