El clamor por una nueva Constitución se apoderó de Perú. Se exige en marchas. Se debate en la televisión, en la radio, en todos los medios de comunicación y en las redes sociales. Ya hay, incluso, memes. Y foros en universidades. Ya aparecieron, también, los detractores.
La inesperada exigencia que puede modificar la vida institucional del país sudamericano es resultado de la crisis que estalló el 9 de noviembre, cuando el Congreso destituyó al presidente Martín Vizcarra, lo que originó las movilizaciones populares más importantes de las últimas décadas.
En principio, gran parte de la sociedad peruana salió a defender la democracia, a repudiar lo que consideró como un golpe parlamentario, pero en las marchas, que fueron reprimidas con violencia inusitada, asomó el hartazgo generalizado hacia una clase política que arrastra una permanente sombra de corrupción.
Las protestas, además, fueron protagonizadas por adolescentes y jóvenes que ya fueron bautizados como "la generación del Bicentenario", ya que el próximo año Perú conmemorará los dos siglos de su Independencia.
Los rostros aniñados que se juntaron para pelear públicamente por sus derechos recordaron a las y los jovencitos chilenos que, hace solo un año, salieron a reclamar en Santiago por el alza del precio del boleto del metro y generaron un estallido que hizo temblar al Gobierno de Sebastián Piñera, lo que derivó en un histórico plebiscito que se realizó el pasado 25 de octubre, en el que el 78 % de la población avaló que se redacte una nueva Constitución para dejar atrás la que rige actualmente, y que fue aprobada en 1980, es decir, bajo la dictadura de Augusto Pinochet.
El ejemplo chileno es el que más resuena en estos días en Perú, porque en este país la Constitución data de 1993 y también es herencia de un gobierno autoritario, el que encabezó Alberto Fujimori, el presidente que dirigió al país durante una década (1990-2000), cuyo nombre es sinónimo de violaciones a los derechos humanos y corrupción, y que actualmente está en prisión después de haber sido condenado en múltiples juicios por asesinatos, secuestros y apropiación de fondos públicos, entre otros delitos.
Por eso, el reclamo ahora es que en las próximas elecciones presidenciales del 11 de abril se incorpore una segunda urna para que los peruanos puedan votar si quieren o no una nueva Constitución.
Cronología
La crisis peruana se remonta a marzo de 2018, cuando el entonces vicepresidente Martín Vizcarra tuvo que asumir la Presidencia, al sustituir a Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció acosado por la investigación de sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht y que develó una de las mayores tramas de corrupción en América Latina.
Los opositores parlamentarios presionaron de manera permanente a Vizcarra. Por eso, en medio de una disputa por el proceso de selección de jueces postulados al Tribunal Constitucional, y gracias a que contaba con altos niveles de respaldo popular, el año pasado el presidente disolvió el Congreso y convocó a elecciones parlamentarias, que se realizaron en enero.
El plan para retomar la normalidad democrática establecía que los 130 congresistas electos solo ocuparían su cargo durante año y medio, ya que el 11 de abril del 2021 se llevarán a cabo los comicios generales en los que los peruanos elegirán presidente, vicepresidente y un poder legislativo que, ahora sí, ejercerá por un periodo de cinco años.
Manuel Merino, un político conservador de 59 años, fue electo como presidente del Congreso provisorio en marzo de este año. Desde entonces, hizo todo lo posible para expulsar del gobierno a Vizcarra bajo supuestos actos de corrupción. Y lo logró finalmente el 9 de noviembre.
Al día siguiente, él mismo asumió como presidente del país, en medio de múltiples denuncias por las anomalías que habían rodeado el proceso que sumergió a Perú en una grave crisis, y que quedó marcada por las represiones policiales que dejaron un saldo de dos muertos: Inti Sotelo, de 24 años, y Jack Pintado, de 22, miembros de la aguerrida generación del Bicentenario.
El Gobierno de Merino resistió apenas cinco días, porque el sábado por la noche, en medio de la conmoción por los asesinatos de los jóvenes, 13 de los 18 ministros que había nombrado, renunciaron. El domingo al mediodía, ya no tuvo más margen para quedarse en el cargo y también dimitió.
Sin Vizcarra en condiciones de regresar al puesto, y después de horas de incertidumbre en las que Perú no tuvo mandatario, el Congreso finalmente avaló la designación de Francisco Sagasti.
Así, Perú enfrentaba la insólita condición de haber tenido tres presidentes en una semana. Y quienes pensaron que con la asunción de Sagasti el conflicto terminaba, se equivocaron. Las protestas callejeras y masivas continúan. El agotamiento del sistema político es evidente. Y el reclamo de una nueva Constitución es de tal intensidad, que hasta el nuevo presidente ha tenido que pronunciarse.
Que otro se haga cargo
El domingo pasado, en una entrevista con el diario La República, el presidente advirtió que la posible redacción de una nueva Constitución es tan importante, que su Gobierno no tiene tiempo de debatirla porque solo durará cinco meses, es decir, hasta que se realicen las elecciones.
"O sea que, de hecho, hay cambios que introducir en la Constitución. Lo que tiene que decidir la ciudadanía en conjunto es si esto es un cambio total de la Constitución o (algunas) modificaciones. Y en el tiempo que tenemos y con los otros problemas que enfrentamos, creemos que hay que dejar esa decisión formalmente a la ciudadanía en un tiempo prudencial y que sea el nuevo Gobierno el que se haga cargo", advirtió.
También reconoció que la Constitución "no puede seguir tal como está", a pesar de que ha sido modificada en diversos artículos en los últimos años. "La Constitución es algo que la ciudadanía construye bajo la conducción de los políticos y es algo que tiene que evolucionar continuamente", dijo.
Sagasti se resistió, sin embargo, a que el 11 de abril se coloque una urna específica sobre la necesidad de redactar o no una nueva Constitución. "Mire, ya tenemos 24 candidatos presidenciales y la ciudadanía va a tener que escoger entre ellos. Y vamos a tener además lista para el Congreso y también el voto preferencial. Realmente estas elecciones van a ser bastante desafiantes para el elector. Complicar con un tema adicional sería bastante difícil".
Pero en las marchas no están de acuerdo con esta posición. En las movilizaciones del pasado fin de semana se confirmó que el reclamo de reformar o cambiar por completo la Carta Magna peruana ya quedó plasmado de manera permanente en mantas, carteles y paredes y no será tan fácil de desdibujar.
Colectivos sociales, sindicales, feministas, indígenas y universitarios ya comenzaron a organizarse para debatir, construir plataformas, hacer campaña por la nueva Asamblea Constituyente a través de marchas y debates públicos. Ya la llaman, incluso, la Constitución del Bicentenario.
Cecilia González
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